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De enero a septiembre de este año se incrementó 31% el número de mujeres documentadas con una Tarjeta de Residente Temporal (TRT) por primera vez en México, al pasar de 15 mil 396 en el mismo periodo de 2021, a 20 mil 176.

La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) de la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que las TRT y las Tarjetas de Residente Permanente (TRP) emitidas y renovadas al tercer trimestre del año ascendieron a 69 mil 041; de las cuales, 24.2% se entregaron en la Ciudad de México, seguido de Quintana Roo, con 13.3%.

Respecto al país de origen de las mujeres documentadas como residentes permanentes por reconocimiento de refugio en el periodo mencionado, destaca Honduras, con 7 mil 868; Venezuela, con mil 579, y El Salvador, 924.

La UPMRIP presentó la publicación Migración y Movilidad Internacional de Mujeres en México, herramienta gráfica digital que contiene estadísticas migratorias primarias que muestran las tendencias, magnitudes y características de los diversos flujos de mujeres visitantes y migrantes que concurren en el país.

El documento analiza la movilidad internacional desde las dimensiones de origen, tránsito, destino y retorno, y busca visibilizar la participación de las mujeres, ya que la generación de esta información es una demanda de la sociedad, los organismos nacionales e internacionales y de las dependencias de gobierno.

Esta información permite la construcción de indicadores y análisis con perspectiva de género.

— Se te van a acabar las lágrimas, pero lo que no se te puede quitar es la rabia, esa sed de justicia, porque el día en que eso se te acabe, hasta ahí vas a llegar y nuestras hijas se merecen justicia.

Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio, despierta cada día con esas palabras tatuadas en su memoria. No siempre ha sido fuerte para sostenerlas. Hubo un momento en que deseó que todo terminara, que cremaran el cadáver de su hija de 22 años y pudiera de una vez encerrarse a llorar. Y estuvo a punto. Hasta que recordó que en México una madre no puede llorar. Todavía no. «Lo único que tiene mi hija para defenderse es su cuerpo», se repetía. Ya tenía todo listo para despedirse de ella, para olvidar su piel salpicada de moretones, heridas escamadas y aquel doloroso surco de un cable de teléfono en su cuello tan joven. Pero en un momento racional en medio de la tragedia, pensó que sería buena idea no olvidar nunca aquellas cicatrices. Y guarda las imágenes en su celular. Y le sirven para tomar fuerzas y gritarle a las autoridades que su hija no se suicidó. Que a su hija la mataron.

Con el cadáver de sus hijas en las manos todavía caliente, entregan las pruebas necesarias, presionan a las autoridades, señalan al asesino. No se fue con el novio, no era emocionalmente inestable, se moría de ganas de vivir, qué importa si estaba de fiesta, era solo una niña, no se lo merecía. El calvario de estas madres no termina con la sepultura de sus pequeñas. Acaba de comenzar.

3 de mayo de 2017:  «Me va a hacer falta vida para descansar»

Araceli aprieta contra su pecho un relicario que guarda un mechón de pelo de Lesvy y una flor disecada que ella le regaló. Lleva siete meses aferrándose a la memoria de su hija para no tirar la toalla. Sus ojos son un grifo abierto, pero se empeña en seguir hablando, con tanta fuerza, que uno a veces se olvida de que está llorando.

«No podría irme a mi casa desde ese día 3 a encerrarme y dejar de buscar la verdad, porque si hubiera hecho eso, mi hija sería una cifra más de suicidio. Y además, el responsable estaría libre y esa persona en cualquier momento puede lastimar a otra mujer. Tenemos que hacer algo con estas muertes para que cobren un sentido», comenta a este diario.

Ha pedido una licencia en el trabajo para dedicarse completamente a la búsqueda de la verdad. Cada día acude a una audiencia, a una charla sobre feminicidios, organiza una manifestación. Esta pedagoga ha conseguido después de meses de batalla legal que el crimen de Lesvy sea considerado un feminicidio y que se investigue como tal. Ha soportado que la llamaran drogadicta, inestable y hasta que la culparan de su propia muerte.

La Fiscalía concluyó inicialmente que la joven de 22 años se había suicidado en una cabina de teléfono en presencia de su novio, pese a los numerosos cabos sueltos de aquella investigación. Araceli se encargó entonces de reunir todas las pruebas, de corregir el trabajo que había hecho el Ministerio Público. Y el pasado 19 de octubre un tribunal le dio la razón y el novio de su hija se enfrenta a un juicio por el asesinato de la joven.

«Si no hubiéramos hecho todo eso, el mensaje que hubieran dado las autoridades en México es que tú puedes venir a este país, puedes matar a una mujer y no pasa nada. No te van a juzgar con perspectiva de género, porque eso es absurdo», declara con firmeza.

En el país mueren asesinadas brutalmente siete mujeres al día, según las cifras oficiales. El caso de Lesvy, al ocurrir dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la capital, escandalizó a todo un país y movilizó a la comunidad universitaria.

5 de febrero de 2015:  «No sólo asesinaron a mi hija. Nos mataron a todos»

En el escondite donde vive Lorena Gutiérrez, madre de Fátima Varinia Quintana, la humedad hiela los huesos. Hace meses que tuvo que abandonar todo, su casa, su trabajo, su familia, su vida. Después del brutal asesinato de su hija han tenido que desaparecer. La lucha por la justicia de Fátima les ha costado amenazas de muerte. Un día balearon su hogar mientras dormían.

El feminicidio de Fátima, de 12 años, fue uno de los crímenes más brutales del Estado de México. Tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, arrastraron a su hija al bosque cuando regresaba de la escuela, cuando estaba sólo a unas cuadras de su casa. «Fue violada bestialmente, la apuñalaron más de noventa veces, le abrieron el pecho más de 30 centímetros, le cercenaron la entrepierna, le rompieron sus tobillos, fracturaron sus manos. Y mi hija fue una guerrera, lucho hasta el final, aún con todo eso no murió hasta que le arrojaron tres piedras de más de 30 kilos cada una, que fue lo que terminó con su vida», cuenta Lorena con los ojos muy abiertos, mientras golpea los nudillos con rabia contra la mesa de madera.

Cuando Lorena se percató de que su hija no había llegado a casa, corrió a buscarla. Y la encontró, semienterrada en la parte de atrás de la casa de estos chicos. Encontró el cuchillo con el que la cortaron, sus ropas ensangrentadas. Y los encontró a ellos. «Todo se lo entregamos a la Policía», recuerda. Pero aún así, uno de ellos, presuntamente ligado al crimen organizado, fue puesto en libertad. Y ahí comenzó la segunda parte de la pesadilla.

«No nada más asesinan a nuestras hijas, asesinaron a una familia completa. A 12 personas, cinco niños y siete adultos. Nos mataron a todos. Nos dejaron sin vida, sin libertad, Queremos recuperar nuestra paz. Queremos ser libres, porque aquí en México nosotros somos los prisioneros», cuenta. Todos están desplazados, no hablan con nadie, cambian la ruta cada día para regresar a su escondite y han gastado todos sus ahorros. Lo único que desea Lorena es sacar a sus hijos del país, ha pedido un asilo en Canadá.

Aunque uno de ellos ya está entre rejas y otro en un centro de menores, el presunto narco sigue suelto. Por las noches estudia el código penal y la ley estatal de víctimas del Estado de México. No duerme desde hace dos años y nueve meses para prepararse: «Voy a luchar por la justicia de mi niña, es mi misión en la vida. Pero también por las mamás de los feminicidios que no pueden hacerlo, por todos los casos que están ocultos, yo quiero ser su voz».

8 de junio de 2017: «Yo no la busco muerta. Yo la busco viva»

A Yaqueline Ortiz un hombre le avisó de que había un cadáver a unas cuadras de su casa. Se le erizó la piel y no quiso ni escucharlo. «Yo no la busco muerta. Yo la busco viva», se dijo. Y siguió corriendo. Valeria Gutiérrez, de 11 años había desaparecido unas horas antes. Su miedo más terrible le impidió comprender que aquel cuerpo sin vida era el de su niña.

Valeria se había ido con su padre, que tenía la custodia de la menor los fines de semana. La subió a una camioneta de transporte público y se perdió en el tráfico. Él pedaleó sin descanso detrás de aquella furgoneta. Sabía que no se lo perdonaría jamás. Y no lo hizo. Unas horas después apareció muerta en aquel vehículo. El chófer la había violado y asesinado sin piedad. «Tenía sólo 11 años», se lamenta Yaqueline.

Desde los primeros minutos, cuando fueron a poner la denuncia por desaparición, las autoridades les dijeron que se calmasen, que quizá «se había ido con su novio». No lo podían creer. «Tenía sólo 11 años», les repitió. Y Yaqueline siguió haciendo lo imposible para encontrar aquella combi. Imprimió volantes, recorrió las calles, movilizó a los vecinos.

«Yo les dije a los policías: Oigan, ustedes son los servidores públicos y es el momento en el que pueden hacer su trabajo. Y deberían haberlo hecho, pero no. Lo hicimos nosotros por ellos», recuerda.

Llamó a un negocio donde sabía que había una cámara de seguridad y encontró el vídeo exacto donde podrían observar la matrícula. Con aquello, las autoridades pudieron trabajar y dar con el asesino. Los vecinos y su madre encontraron el cadáver sin vida de la pequeña. «Cuando vi las bandas amarillas [cordón policial], ahí se acabó todo. Las ilusiones de mi pequeña, sus sueños, todo. Ha sido muy difícil, de alguna forma yo no estoy padeciendo el ir a los juzgados a señalarlo, porque lo encontraron y lo metieron a la cárcel», cuenta. José Octavio Sánchez, de 43 años, apareció ahorcado en su celda tres días después.

«No he podido unirme en la lucha de las otras madres porque es abrir cada día la herida. Me he cambiado de casa. Intento sacar fuerzas por mi hija de cinco años. Porque un día me dijo: «Mamá, Vale ya no está, pero yo estoy aquí». Y tiene razón». Y no la pierde de vista. Sabe que el miedo le acompañará para siempre: «Lo de los feminicidios lo veía tan lejos, muy lejos. Pero, de repente, te das cuenta de que están tan cerca…».

Las mujeres dedican 268 minutos por día a las tareas de cuidado no remuneradas, mientras que los hombres sólo pasan 155 minutos en esas labores; es decir, ellas invierten casi el doble de tiempo en esos menesteres. Éste fue uno de los aspectos de la desigualdad que reveló la pandemia.

Asimismo, más de 600 millones de mujeres no pueden tener un trabajo remunerado por tener que dedicarse a los cuidados, en comparación con sólo 41 millones de hombres, expusieron académicas y feministas en el seminario internacional El Estado y la sociedad frente a los cuidados.

Tamara Martínez, coordinadora para la igualdad de género de la UNAM, refirió que se deben “ampliar los diálogos sobre la estructura de la división sexual del trabajo, el trabajo reproductivo, el no remunerado, así como las desigualdades estructurales que se sostienen a partir de la feminización, de la falta de reconocimiento y de la precarización de las vidas de quienes realizan labores de cuidado, y que principalmente somos las mujeres”.

Patricia Galeana, presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias, detalló que en los países de Latinoamérica “las mujeres con hijos tienen 54 por ciento de posibilidades de conseguir un empleo, mientras que los hombres con hijos tienen el doble de posibilidades”.

Martínez añadió que los debates sobre los cuidados han puesto sobre la mesa la necesidad de un cambio en los sistemas de valores y añadió que “desde hace décadas diferentes vertientes de los feminismos han pugnado por que las tareas y de cuidado, en especial las que se realizan de manera no remunerada en los hogares o en los vínculos de intimidad sean entendidas como un trabajo, con todas las consecuencias que esto implica: reconocimiento legal, acceso a derechos laborales e inclusive remuneraciones”.

Aparte, en el lanzamiento de la convocatoria Hombres por la igualdad, Mario Lugo Bonillas, coordinador de campañas de ONU Mujeres, resaltó la importancia del involucramiento de hombres, niños y jóvenes en el trabajo por la igualdad “y en que haya masculinidades positivas no violentas y corresponsables”.

Tras casi una década de activación de alertas de género en el país, que ya alcanzan al 69% de las entidades, las tasas de homicidios y desaparición de mujeres lejos de decrecer siguen aumentando, de acuerdo con un análisis de Data Cívica.

De diversos grupos de municipios y estados considerados para esta evaluación, en la mayoría la tasa de homicidios de mujeres ha seguido subiendo a pesar de la activación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). En particular, en el conjunto de municipios donde se activó en 2015, para 2020 se registró una tasa de homicidios de mujeres de 6.6 por cada 100 mil, 1.8 puntos más alta que cuando se decretó la alerta.

En aquellos municipios donde se activó en 2016, para 2020 la tasa también fue mayor, mientras que solo disminuyó ligeramente en aquellos donde se decretó en 2018. En cuanto a los correspondientes a 2017 y 2019, la tasa de homicidios se mantiene muy parecida.

Otros dos indicadores considerados para el análisis interactivo Ciudadanizar y evaluar las Alertas de Violencia de Género desde las organizaciones de la sociedad civil son la tasa de feminicidios y la de mujeres desaparecidas y no localizadas. “¿Cambian las tendencias en estos dos indicadores antes y después de que se activó la AVGM?”, cuestiona Data Cívica. “Nuestra respuesta es no”.

“La tendencia de la tasa de feminicidios no parece cambiar de manera importante ni sostenida en el tiempo a partir de que se activa la AVGM. Además, vemos que el promedio de la tasa de feminicidios en todos los municipios del país se mantuvo casi sin cambios desde 2005, y algo similar ocurre separando los municipios según año en que se activó la alerta”, sostiene la organización.

Respecto de la tasa de mujeres desaparecidas, tampoco cambia de sentido de manera sostenida tras la activación de las alertas. De hecho, al contrario de los feminicidios, la tasa de mujeres desaparecidas va en aumento tanto en los municipios con alerta activada como en el resto. En particular, aquellos municipios donde se activó la AVGM entre 2015 y 2019 tienen niveles más altos o iguales al promedio nacional de mujeres desaparecidas.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), 27 mil 035 mujeres permanecen en ese estatus hasta el cierre de esta publicación, casi el 25% del total nacional de personas desaparecidas. La mayor parte se distribuye en los rangos de edad de 10 a 14 años (2 mil 955), 15 a 19 (6 mil 836), 20 a 24 (3 mil 270) y 25 a 29 (2 mil 891).

Data Cívica precisa que el número de mujeres desaparecidas y no localizadas creció de manera preocupante en 2019 para el grupo de municipios donde se activó la alerta en 2015 —los primeros—, entre los que se encuentran localidades del Estado de México y Morelos. Por ello, la organización exhorta a poner el foco en la problemática de desaparición de mujeres en dichos municipios.

“En los tres indicadores considerados de violencia feminicida no cambian por lo general las tendencias que se venían mostrando antes de la activación de la AVG. No se ven cambios drásticos ni sostenidos en el tiempo que reporten la disminución de los indicadores de violencia”, concluye la organización.

“Tipo de municipios” sí cambia

Lo que sí se observa a lo largo del tiempo es un cambio en el “tipo de municipio” donde se declaran alertas. Mientras que en 2015 y 2016 esto sucedió en localidades con más altos niveles de violencia feminicida y menos capacidades locales —presupuesto, infraestructura y personas trabajadoras dedicadas a la seguridad pública—, a partir de 2017 la AVGM empezó a activarse en municipios menos violentos y más capaces que el promedio nacional.

Para Data Cívica, es posible que los municipios con alerta se parezcan cada vez más a los que no cuentan con ella no como resultado de las acciones derivadas de la AVGM, sino debido a que los motivos para declararla podrían estar cada vez menos vinculados a la falta de capacidades locales y los altos niveles de violencia, y cada vez más a razones políticas.

“Consideramos el caso de la Ciudad de México, donde la jefa de gobierno (Claudia Sheinbaum), al tomar el poder en el 2018, decidió activar la alerta sin pasar por los cuatro pasos estipulados por la ley para su declaración. Se ha sugerido que esta acción respondía a la presión de las activistas y organizaciones de la sociedad civil feministas, más que al diagnóstico realizado por el grupo de trabajo”, describe el informe.

Mediante este análisis, Data Cívica recupera que las AVGM han logrado visibilizar la problemática de violencia hacia las mujeres y se han invertido recursos para que las autoridades puedan atenderla; sin embargo, sigue sin existir una política pública que permita prevenir la existencia de este tipo de violencias y ese es el principal desafío para que las mujeres realmente puedan vivir una vida libre de violencia.

La larga historia de las alertas de género

La AVGM es un mecanismo de protección previsto por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De acuerdo con el artículo 22 de esa ley, se trata de en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia en territorios determinados (municipios o estados) para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.

La declaración de una alerta contempla cuatro etapas: la admisión de la solicitud de AVGM, presentada por organizaciones civiles u organismos de derechos humanos; la conformación de un grupo de trabajo para atender la solicitud, conformado por personas funcionarias y académicas; la investigación del grupo de trabajo mediante una visita, informe de conclusiones y propuestas, con seis meses para cumplirlas, y la dictaminación para declararla o no con base en el cumplimiento.

De acuerdo con Data Cívica, en 2015, año de declaración de las primeras AVGM, se registraron en México 811 homicidios dolosos de mujeres en actas de defunción que cumplían las características —desde la tipología definida por la organización— para ser caracterizados como feminicidios. Además, hubo 2 mil 326 homicidios de mujeres (3.7 por cada 100 mil) y mil 018 mujeres desaparecidas (1.6 por cada 100 mil).

Para agosto de 2022, 23 de 32 estados (69.7%) tenían al menos un municipio con AVGM. Siete entidades (21.2%) tienen alertas declaradas a nivel estatal y el número de municipios con AVGM llegó este año a 851 (34.4% del total). Entre 2016 y 2017, se dio el mayor incremento de municipios donde se declaró la alerta, cuando pasaron de 75 a 310. La primera solicitud se dio en 2014 en el Estado de México y las últimas declaraciones corresponden a 2021 en municipios de Baja California, Sonora, Tlaxcala y Chihuahua.

Data Cívica también documenta que, de acuerdo con defensoras de derechos humanos, las razones que las motivaron a solicitar la AVGM también estuvieron relacionadas con el crecimiento de casos de violencia familiar y violencia sexual, la segunda tanto en el hogar como en la vía pública. El feminicidio, sin embargo, no deja de guardar una relación estrecha con la violencia familiar, que tiene diversas formas de expresión, como amenazas, lesiones, agresiones sexuales o privación de la libertad.

Desde la perspectiva de las activistas, en los casos documentados por la organización, la respuesta respecto de si la AVGM está funcionando o no es diversa y responde al contexto de cada estado y municipio. En algunos, se reconoce que ha servido para visibilizar problemas relacionados con la violencia de género contra las mujeres, entre ellos la falta de políticas públicas. Pero, en muchos otros, la alerta no ha sido una solución ni ha logrado frenar la emergencia. Actualmente, aseguran los colectivos, su impacto es casi nulo pues tanto la metodología como los criterios para su aplicación siguen sin ser del todo claros.

Michoacán, una muestra

Durante la presentación del informe, Circe López, de la asociación Humanas sin violencia, de Michoacán, recapituló el surgimiento de la solicitud de AVGM en la entidad. Desde 2008, su organización había comenzado a hacer el mapeo y diagnóstico de los delitos y las violencias contra las mujeres. Incluso, con una georreferenciación del incremento de la violencia a partir de la guerra contra el narco.

En 2014, presentaron el informe que detonó la declaración de la alerta en la entidad, en gran medida a partir del asesinato de la estudiante de enfermería Cassandra Bravo. En enero de 2015 se echó a andar el mecanismo y la declaratoria se dio, finalmente, hasta 2016. Desde entonces, han insistido en que la procuración de seguridad y justicia es insuficiente, con acciones que no consideran otros factores en la entidad, como la presencia del crimen organizado, la creación de autodefensas y el clima de violencia generalizada.

López subrayó que en Michoacán las alertas demostraron que todo lo construido anteriormente en materia de política pública era una simulación y no existían acciones preventivas. Relató que hace unos días recibieron un dictamen que es, en primer lugar, incompleto, pues las organizaciones saben mucho más sobre la alerta que aquello que se estipula en los documentos oficiales. “El dictamen solo vuelve a transitar sobre lo que no funciona”, reclamó.

Por otro lado, desde su perspectiva, la alerta ha deshumanizado a las mujeres: “Eres ciudadana en tanto víctima, y no lo contrario, y eso es brutal”. Además, no se ha desarrollado una política pública dirigida a la desigualdad que está en la base de las violencias, y que permita, por ejemplo, erradicar la feminización de la pobreza.

Otro aspecto no contemplado es la necesidad de impulsar políticas públicas para la atención a la violencia familiar, pues no se establece una relación entre los diferentes tipos de violencia que denuncian las organizaciones, que en el caso del diagnóstico de Michoacán fueron principalmente desapariciones, embarazo adolescente y feminicidios.

“Lo que no hemos podido contener, y lo que a mí me preocupa mucho, son los homicidios de las mujeres; no hay una política, porque justamente al vaciar la seguridad pública es que tenemos esa manifestación de homicidios y de muertes y de agresiones hacia las mujeres en ese espacio público, que no está contenido porque está vaciado de la presencia institucional y no le quieren entrar a eso”, dijo.

“Lo que vemos es una generación de acciones que no van a ningún lado, que no resuelven el problema, que es un chorro de dinero, y además que, cada tres años, a nivel municipal, se enfrenta un desafío brutal porque terminamos iniciando nuevamente. Creo que habría que mirar desde otros puntos de vista cómo estas herramientas nos sirven para poder señalar aquellos puntos en los que necesitamos discutir, echarnos un clavado, ir más profundo”.

En México, la pandemia llevó a la paridad la proporción de mujeres inscritas en cursos en línea, incrementando del 45% en 2017 al 50% en el 2021. Además, según datos de la plataforma Coursera, el 72% de las mujeres y el 79% de los hombres reportaron que continuarán aprendiendo en línea después de la pandemia de Covid-19, esto de acuerdo con el reporte presentado por la Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial que se enfoca en apoyar al sector privado en los mercados emergente en más de 100 países.

La investigación sobre México es parte del reporte titulado “Las Mujeres y el Aprendizaje en Línea en los Mercados Emergentes”, desarrollado en asociación con la plataforma global del aprendizaje en línea, Coursera, y la Comisión Europea. El reporte analiza datos de Coursera para cuantificar la participación de las mujeres en la educación en línea, identificar barreras para una mayor participación, y ofrecer recomendaciones para los sectores público y privado para mejorar las oportunidades permanentes y los resultados para las mujeres.

En el marco de este trabajo, El Economista platicó con Jaylan ElShazly, gerente del programa de Tecnologías Disruptivas y Empoderamiento de la Mujer en la IFC, ella comparte que la investigación muestra resultados que confirman que el aprendizaje en línea ofrece diferentes beneficios a las mujeres.

En cuanto a los beneficios específicos para las mujeres, la investigación encontró que el 40% de quienes han realizado cursos en la plataforma digital han encontrado nuevos trabajos, han abierto nuevos negocios o han mejorado en su desempeño laboral. Además, el 16% dice que después de haber completado los cursos están más preparadas y tienen más habilidades para solicitar un trabajo”.

Las pérdidas de trabajo para las mujeres latinoamericanas fueron 2.5 veces mayores que para los hombres, y la recuperación ha sido lenta, por lo que el estudio demuestra que la educación en línea es una herramienta para encontrar nuevos trabajos.

También se incluyó una perspectiva de emprendimiento. En este caso las mujeres emprendedoras indican que, debido a la educación en línea, “tienen nuevas competencias, habilidades, la confianza en sí mismas y las habilidades de comunicación”.

La especialista asegura que cuando vemos la brecha de género en educación, los países en general han tenido un gran avance, incluso en muchos países hay más mujeres en este momento accediendo a la educación que los hombres, “el problema es que ese cierre de la brecha en educación no necesariamente se traduce en acceso a más oportunidades laborales”.

El aprendizaje en línea ofrece una oportunidad para buscar que más mujeres logren estudiar por la flexibilidad, el 50% de las personas indican que, si no fuera por esta herramienta, no podrían continuar sus estudios o tendrían que posponerlos.

Más mujeres en áreas STEM

“Hoy vemos como la participación de las mujeres en las diferentes disciplinas cambian”. Todavía tenemos más mujeres concentradas en disciplinas de humanidades y artes y menos en áreas STEM (sigla en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Ese fenómeno se presenta en la educación en línea, sin embargo, en los últimos años se han ido incorporando las mujeres en STEM.

En este sentido, algo relevante que la investigación plantea es que cuando hay una mujer instructora dentro del curso, las probabilidades de que más mujeres sean atraídas aumentan (de 37% a 50%), eso significa que en las áreas donde las mujeres están menos representadas, “tenemos oportunidad si integramos mujeres al frente de los cursos para lograr paridad de género”.

Calidad de vida

ElShazly asegura que en países en desarrollo se tiene diversos retos, pero también oportunidades, sobre todo porque la evidencia demuestra que completar cursos luego de la educación básica y hasta una profesión, mejora no solo los ingresos de las personas, sino que también hay beneficios para la salud y mejoran la participación cívica.

Pero para ello tenemos retos como el acceso a Internet, “en países como México únicamente el 70% de los hogares tienen acceso a este servicio, por lo que existe una brecha para ver cómo conectar al otro 30%, incluso la imagen está todavía más clara cuando vemos zonas rurales y los ingresos de las personas”.

Nelly Toche

No todos los espacios urbanos garantizan la seguridad y la igualdad de las mujeres. Pese a los avances en la lucha por la igualdad e inclusión, la Organización de las Naciones Unidas apunta que todavía queda mucho por cambiar.

Empezando por algo tan simple y habitual como el acceso a los baños. En todo el mundo, las mujeres no pueden acceder a baños seguros e inclusivos ya que, en ocasiones, las mujeres están exentas de instalaciones para cambiar pañales.

Pero no solo eso, los parques públicos pueden poner a las mujeres en riesgo de violencia de género y exclusión. Pese a que ya existan mujeres representadas en estatuas, aún queda mucho para verlas en el nombre de las calles.

La ONU asegura que los monumentos y los nombres de las calles refuerzan los logros de los hombres, y se ha demostrado que esto reduce el interés de las niñas por la política, la ciencia, la tecnología y los medios.

Según el informe de Naciones Unidas, Cities Alive: diseñando ciudades que funcionan para las mujeres, las ciudades actúan como centros fundamentales de innovación, productividad y oportunidades, al tiempo que sirven como el núcleo de unión entre las personas y culturas.

Sin embargo, cuando se planifica sin tener en cuenta la equidad social y la diversidad, la urbanización puede ampliar las brechas entre los diferentes grupos de la sociedad.

Entre los más vulnerables se encuentran las mujeres de todas las edades e identidades de género en contextos urbanos ricos y socioeconómicamente desfavorecidos en todo el mundo.

Sin un enfoque de género en la planificación urbana, las ciudades a menudo agravan las desigualdades de género que restringen las oportunidades sociales y económicas, la salud y el bienestar, la sensación de seguridad y el acceso a la justicia y la equidad de las mujeres.

Además, el informe del Foro Económico Mundial, Ciudades preparadas para el futuro, detalla cómo construir entornos inclusivos para todos y es que, diseñar ciudades que funcionen para las mujeres crea beneficios sociales, económicos y ambientales más amplios.

Todo ello forma parte integral de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que busca confeccionar espacios más seguros, saludables e inclusivos, no solo para las mujeres, sino también para hogares y comunidades enteras.

Sin duda, gracias a estos puntos se generarán avances en los múltiples desafíos a los que se enfrentan las mujeres en los entornos urbanos. Estos son los cuatro aspectos que resalta el informe de Naciones Unidas para adoptar cambios en las ciudades:

Puntos a mejorar

Baños

Según la ONU, una de cada cuatro personas no tiene acceso a agua potable segura. Mundialmente, las mujeres y las niñas tienen la responsabilidad de recolectar agua en 8 de cada 10 hogares, por lo que se ven afectadas de manera desproporcionada.

Y una de cada tres mujeres no cuentan con baños seguros e inclusivos, lo que promueve la violencia de género y la exclusión, en particular para las mujeres mayores y discapacitadas que tienden a evitar visitar áreas sin saneamiento público accesible.

La ONU insta a una planificación urbana que trabaje para la salud y el bienestar de las mujeres, que debe centrarse en mejorar las instalaciones de agua y saneamiento, mejorar los estándares de atención médica y nutrición y crear entornos más seguros, accesibles y verdes.

Calles

Según el informe de la ONU, Prevalencia y reporte del acoso sexual en público en espacios del Reino Unido, las mujeres a menudo no se sienten seguras en sus propias ciudades.

En el Reino Unido, según datos de la ONU, el 71% de las mujeres han sufrido algún tipo de acoso sexual, mientras que más de la mitad de las mujeres y niñas han sufrido violencia en el transporte público en Etiopía.

El estudio promueve la creación de calles, espacios públicos y transporte público más seguros mediante el uso de un diseño inteligente junto con la incorporación de la prevención de la violencia en las leyes, mientras se educa a quienes exhiben comportamientos misóginos para reducir la violencia de género.

Logros

Las estatuas, los monumentos y los nombres de las calles pueden otorgar un sentido de identidad urbana, destacando el trabajo y los logros de grupos e individuos. Pese a la importancia que estas tienen, apenas se aprecian figuras femeninas.

Solo el 4% de las estatuas en Londres representan a mujeres. Alrededor de la mitad de las que representan animales, y Londres en realidad está por delante de la curva, ya que solo el 2-3% de las estatuas representan a mujeres en la mayoría de las ciudades.

No obstante, existen ejemplos de inclusión y avances como en Aspern, en Viena, donde todas las calles y lugares públicos llevan nombres de mujeres, mejorando el sentido de pertenencia e identidad al reconocer y concienciar sobre los logros femeninos.

Voz de mujer

La mayoría de las ciudades fueron diseñadas y construidas por hombres, por lo que la mayoría de las leyes y políticas formuladas a menudo pasan por alto las necesidades de las mujeres.

Las mujeres siguen estando muy poco representadas en los puestos clave de toma de decisiones, incluso en los países desarrollados.

Actualmente, el 35% de los miembros del parlamento en la Cámara de los Comunes del Reino Unido son mujeres y esta cifra es la más alta de todos los tiempos según el informe Mujeres en la política y la vida pública.

El informe recomienda que los responsables de la formulación de políticas en funciones de planificación urbana busquen las perspectivas de las mujeres para diseñar espacios que generen mejoras para todos.

El primer lunes de noviembre, una joven abordó un taxi en la alcaldía Iztapalapa. Iba a su casa y le indicó al taxista la ruta, pero el chofer tomó un camino distinto. Cuando se dio cuenta de la desviación la muchacha pidió ayuda. En su desesperación, bajó la ventanilla y sacó la mitad de su cuerpo del auto mientras gritaba. El taxista aceleró y la mujer terminó por arrojarse del taxi. En ese instante Lidia Gabriela murió.

En esa primera semana de noviembre en la Ciudad de México más que nunca se le puso un rostro a las cifras oficiales -que reportan un promedio de 10 mujeres asesinadas y 6 desaparecidas diariamente en el país. Los rostros fueron los de Lidia, Ariadna y Mónica Citlalli.

El caso de Lidia Gabriela ocurrió a menos de 24 horas de la localización del cadáver de la joven Ariadna Fernanda en la carretera La Pera-Cuautla, en Tepoztlán, en el estado de Morelos, y dos días antes de la desaparición de Mónica Citlalli, cuyo cuerpo fue localizado después con signos de violencia, envuelto en cobijas y bolsas de basura, abandonado a un costado de la autopista México-Cuernavaca, en los límites de la Ciudad de México.

Para Avril Arjona, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana especializada en estudios de género, este caso ejemplifica la crisis de inseguridad que vive México y el terror que acosa a las mujeres en las calles.

“No deja lugar a dudas que el espacio público ha dejado de ser un espacio seguro para las mujeres”, nos dijo.

En lo que va de este año, junio fue el mes más letal para las mujeres, pues se registraron 89 feminicidios, la cifra más alta en lo que va de 2022. Aunque el delito alcanzó su punto más bajo en julio, con 58 casos, en agosto comenzó un repunte al registrarse 70 feminicidios y 79 más en septiembre, revelan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Justo hasta ese mes abarcó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. El sondeo realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística reveló que 64.4% de la población de 18 años y más consideró que, en términos de delincuencia, vivir en su ciudad es inseguro, pero en el caso de las mujeres el porcentaje aumentaba a 70.5%.

Esa cifra es 1.4 puntos encima del 69.1% registrado en septiembre de 2021, que fue el mes en el que el registro de percepción de inseguridad entre las mujeres bajó a niveles históricos, pues no se reportaba una cifra similar desde septiembre de 2015.

De acuerdo con la Encuesta, los sitios donde se percibe mayor inseguridad entre la población mayor de 18 años de edad son los cajeros automáticos instalados en la vía pública (73.6%), seguidos del transporte público (67.4%), los bancos (58.5) y las calles que habitualmente usan (57.4%). Muy abajo en la lista se encuentran el hogar, con 20.4%, y la escuela, con 17.2%.

Para Avril Arjona, especialista en estudios de Mujer, Identidad y Poder, la violencia contra las mujeres que se ejerce en los espacios públicos es diferente a la que ocurre en espacios privados, sin embargo llamó la atención sobre que ambas son peligrosas.

“Yo pienso que ambos representan peligros por distintos motivos y en distintos momentos. El espacio privado es toda esta idea de lo doméstico, de los problemas que se resuelven al interior y lo que priva es el silencio y la negación, sin embargo ambos son potencialmente peligrosos”, nos dijo.

“Las calles y las ciudades se han vuelto más violentas para todo mundo, sin embargo la violencia se recrudece en contra de las mujeres en edad reproductiva”.

Entre enero y octubre de este año, 102,201 mujeres han sido víctimas de violencia. El mayor porcentaje, equivalente a un 55.45%, fue por lesiones dolosas, seguidas de lesiones culposas, con 17.68%. En ese indicador, el feminicidio representa un 0.77%

Tras reportar un pico histórico en abril de 2022 con 27,107 casos, los delitos de violencia familiar registraron un descenso en septiembre y en octubre, sin embargo estas cifras están por encima de las reportadas en los mismos periodos de 2021.

Con 230,030 casos entre enero y octubre de 2022, este tipo de delitos aumentó un 6.8% en comparación con los 215,282 registrados entre enero y octubre de 2021.

En este sentido, de las 12,733,873 llamadas recibidas en el 911 entre enero y octubre de este año, 2.25% estuvo relacionada con violencia contra la mujer; 4.02% con violencia familiar; 1.74% con violencia de pareja; 0.07% con acoso u hostigamiento sexual; 0.05% con abuso sexual y 0.02% con violación.

Los reportes de llamadas al 911 indican que hasta octubre de este año se han registrado 287,089 incidentes relacionados con violencia contra la mujer, por lo que 2022 ya se perfila para ser el año más violento en contra de ellas.

“La violencia que se vive en el espacio público es un correlato de lo que se vive adentro, a puertas cerradas, y puede ser la puerta cerrada de lo que se vive en casa o en la oficina de un empleador”, nos dijo Avril Arjona.

El remedio, consideró, es trabajar paralelamente en la erradicación de la violencia contra la mujer en todos los ámbitos.

¿Será posible que las mujeres tengan espacios seguros?

Defender su tierra del despojo y de los desplazamientos por proyectos de la agroindustria o la minería ha hecho que las mujeres de algunas poblaciones indígenas de Latinoamérica formen comunidad: actúan no solo acompañadas de recursos legales, sino también para preservar la memoria histórica y las tradiciones de sus pueblos.

Sitlali Chino Carrillo es de la comunidad wixárika en San Sebastián y Tuxpan, dos municipios de Jalisco. Ella defiende su territorio de la invasión de aproximadamente 10 mil 700 hectáreas por parte de ganaderos de Nayarit.

“Es una lucha constante para recuperar nuestras tierras. Como mujeres, también hemos incidido en estos procesos de defensa, justo porque las mujeres somos quienes trabajamos las tierras, quienes sembramos. De igual manera, es el patrimonio que nos dejan nuestras abuelas y nuestros abuelos. Dentro de ella están todos nuestros conocimientos ancestrales, todas estas prácticas como la sustentabilidad ambiental”, dice en entrevista.

A ella también le ha inspirado el poder defender la lengua de su comunidad y la sustentabilidad que ha heredado. Sin embargo, proteger el pasado no ha sido un proceso pacífico: sus pares han sufrido violencias por defender sus derechos territoriales, sus derechos como mujeres y el pasado de sus ancestros.

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, explica que el conflicto agrario lleva ya más de 65 años y, aunque a su generación no le tocó directamente el despojo de la comunidad, fueron sus abuelas y abuelos quienes lo padecieron. Incluso, denuncia que Nayarit entregó algunas propiedades sin importar que el territorio pertenecía a la comunidad wixárika.

“En 1953, hubo un decreto presidencial donde se tituló y se posesionó a la comunidad de San Sebastián parte de su territorio. Es un tema agrario muy añejo y, aunque se han interpuesto más de 48 demandas, de las cuales 22 ya se han ganado, la violencia sistemática ha impedido que se puedan ejecutar”, añade.

Apenas en septiembre de 2021, la ONU señalaba en el informe Growndswell. Actuar frente a la migración interna provocada por impactos climáticos que el cambio climático podría desplazar a 216 millones de personas en 2050. Entre las estimaciones que contempla el estudio se incluyen motivos por migración o desplazamiento ante eventos como la disponibilidad de agua, la productividad de los cultivos o el aumento del nivel del mar.

Volver a los orígenes

Vilma Rocío Almendra Quiguanas se nombra hija del pueblo Nasa y Misak, que en lengua namtrik significa “madre de los bosques”. Vive en la vereda de una comunidad pequeña que se llama Quitapereza, una zona rural parte de la jurisdicción de Santander de Quilichao, que es uno de los municipios del norte del departamento del Cauca, Colombia.

A seis años de tener que salir de su tierra, Vilma regresó a su aldea. En su comunidad, se dedica a la reproducción de la vida cotidiana, es decir, cuidar y proveer al suelo con la siembra para garantizar la alimentación suficiente para todas y todos, en compañía de su madre y su compañero Manuel, con quienes experimenta en la cocina para rescatar las recetas tradicionales.

“Cuando uno está sumergido completamente en el tiempo del capital, pues no le queda tiempo para comprar las arepas o comprar en el supermercado, pero teniendo la posibilidad de haber vuelto a la tierra, que es donde mi mamá tiene una finca, lo hemos logrado”, describe en entrevista.

Cuenta que, además, con la labranza de la tierra ya no compran azúcar, café, chocolate, huevos, verduras y frutas en general. Para ella, volver a su aldea fue retornar a la tierra tratando de reconocerse con ella y de tener una relación de reciprocidad, cuidándola y logrando alimentos orgánicos que, cuando tienen en abundancia, les permiten hacer intercambios entre compañeras y compañeros cercanos o de otros territorios más lejanos donde los climas son distintos.

Si bien el cambio climático es un tema que aqueja a la humanidad, las mujeres en las comunidades indígenas y afrodescendientes muestran una resiliencia especial. Son parte de las poblaciones más vulnerables y responden con respeto y trabajo de la tierra.

Ante esto, Almendra Quiguanas explica que entre ella y sus compañeras se acompañan y organizan para mantener encuentros y círculos con mujeres, sin excluir a los hombres. Se trata de crear un tiempo de confianza entre ellas y luego con los hombres. “A todas nos atraviesan estas formas de poder y de dominación, más a los hombres, pero también abrimos ese espacio para irnos sanando y también la posibilidad de que ellos se puedan sanar. De nada nos sirve estar nosotras sanas y que ellos sigan enfermos”, señala.

También habla del reconocimiento a sus compañeras que tienen un vínculo más arraigado y amoroso con la tierra, y considera que esto se debe a un intento por retejer, remendar y volver a hilar sus territorios que, en conjunto, son la Madre Tierra.

“Se ve a la tierra como posibilidad de extracción, de ganancia, de negocio. Entonces, estas formas de poder han llegado a nuestros territorios y no solamente las hacen las grandes transnacionales con el Estado a través de los gobiernos y de las élites del país; desafortunadamente, estas formas de poder y dominación también nos habitan”, añade.

La carrera contra el tiempo

A la FIL de Guadalajara también llegó dataMares, un espacio de divulgación científica que facilita el acceso al conocimiento científico y a datos para promover la transparencia y el aprendizaje sobre los ecosistemas y la biodiversidad de México. En la presentación dedicada a cambio climático, especialistas como Eva Rose Kozak, ecóloga y bióloga evolutiva de la Universidad de California en Santa Cruz, Estados Unidos, y Sol Ortiz, doctora en Ecología de la UNAM, coincidieron en que para proteger y conservar los océanos y el suelo debe existir un cambio cultural en las sociedades.

La forma en la que las personas cuiden del suelo tendrá un impacto directo en los mares y lo que afecte a la biodiversidad impactará en el cambio climático. Ejemplo de esto son la agroindustria, la quema no controlada o la presencia de microplásticos en los mares.

“Creo que hay mucha experiencia que se puede tomar de las mujeres, pero también tenemos que reconocer que han tenido más desventaja las mujeres en el campo. Muchas veces no son propietarias de la tierra, aunque son quienes muchas veces toman decisiones importantes”, señala Ortiz.

Si bien las mujeres son tomadoras de decisiones, no necesariamente son una de las poblaciones que obtengan mayores beneficios.

“Tenemos que voltear a ver mucho de lo que se está haciendo positivo, pero también tenemos que reconocer que hay responsabilidades compartidas y diferenciadas que nos corresponden a todos”, añade Ortiz.

Eva Rose Kozak explica además que existe mucha responsabilidad en el cuidado de los recursos. Pone como ejemplo a África, con los fondos que se asignan para becas destinadas a poblaciones vulnerables ante el cambio climático.

“Ese dinero se toma y se decide qué hacer con él y muchas veces están las comunidades más vulnerables; (los recursos) se pueden tomar para adaptaciones, más que nada en este caso, porque esas poblaciones no son las más responsables del cambio climático, pero sí son las que están sintiendo los efectos más fuertes”, alerta Kozak.

Las pensiones de las mujeres pueden ser 41.6% más bajas en comparación las de los hombres, aunque sin considerar la pensión garantizada, esto se debe a menores ingresos salariales y baja densidad de cotización, así lo dio a conocer la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Dicha comisión publicó su informe “Equidad de género en pensiones: el caso de México”, en donde con sus propios datos analizaron las razones de la brecha económica entre mujeres y hombres en el sistema de pensiones contributivas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“El tema de la equidad de género en las pensiones ha sido ampliamente documentado a nivel internacional, por lo que existe un consenso en que la diferencia se genera, principalmente, por el desempeño en el mercado laboral”.

Aunque cada vez más mujeres se incorporan al mercado laboral formal, además de conjugar el tiempo dedicado a su trabajo con el cuidado familiar, tienen condiciones más adversas para desempeñarse profesionalmente, ya que perciben menores salarios y tienen mayor intermitencia o inestabilidad en el mercado laboral.

“La incorporación al mercado laboral de las mujeres se refleja en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), de las 72 millones de cuentas, 25.5 millones pertenecen a mujeres y su saldo promedio de ahorro es de 68 mil pesos. Los ahorros previsionales de las mujeres alcanzan 1.7 billones de pesos, equivalentes a 34% de los recursos totales del sistema”.

La Consar destacó que con el cambio que estableció tener al menos 750 semanas cotizadas para poder retirarse, se benefició a 97% de las mujeres que alcanzaron pensión en 2021, así como el otorgamiento de pensiones a los adultos mayores.

Además, en promedio lograron obtener tasas de reemplazo de 80%, cifra superior a la alcanzada por los hombres, que fue de 71%.

“Si bien en México ya empezamos a atender esta situación de desigualdad de género en el marco normativo, algo que no se había hecho en 25 años; se deben continuar desarrollando nuevos programas que beneficien particularmente a las mujeres, ya que no se puede pensar en justicia social sin el reconocimiento laboral que deben tener las mujeres”.