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Aunque cada vez hay más mujeres que ocupan altos cargos en los Gobiernos latinoamericanos y otros ámbitos de poder, la paridad de género aún está lejos de alcanzarse, y por eso hay que “seguir levantando la bandera” de la participación femenina y erradicar definitivamente el lenguaje violento al que muchas se exponen en las redes sociales.

Así lo señaló en una entrevista con Efe la directora regional para América Latina y el Caribe, María Noel Vaeza, quien destacó que ese avance en la inclusión política de las mujeres -pese al retroceso en algunos países- ha generado una gran visibilidad de ministras, vicepresidentas y mandatarias en países como Colombia, Costa Rica, México, Uruguay y Honduras.

UNA AGENDA QUE CAMBIA CON LAS MUJERES

A medida que los Gobiernos se han comprometido con la inclusión femenina en cargos importantes y la firma de leyes en torno a la paridad, las agendas y los proyectos se vuelven más relevantes y cambiantes, subrayó Vaeza.

“Cuando llegan mujeres a esos niveles, la agenda (de los Gobiernos) cambia porque la agenda que tiene que ver con los temas fundamentales de la mujer se vuelven prioritarios y vemos cómo evolucionan los conceptos, por ejemplo, en México se habla de paridad en todo y eso ha sido histórico y revolucionario”, señaló.

Y producto de eso, el anuncio el pasado viernes del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, de su nuevo gabinete ministerial de mayoría femenina, en donde de las 24 carteras 14 les corresponden a mujeres, entre ellas la médico independiente Izkia Siches (Interior y Seguridad Pública) y la diputada Camila Vallejo (vocería).

Para Vaeza, lo anunciado por Boric es una muestra de cómo los presidentes “se sienten mucho mejor y más cómodos con mujeres políticas para tomar decisiones, no las están viendo con una mirada de ahora que traigo una mujer la pongo en un cargo de asuntos sociales o de género, no, están midiendo su eficacia, eficiencia, experiencia y dando el espacio que están ganando”.

A esto se suma la elección de Xiomara Castro en Honduras, que el próximo jueves se convertirá en la primera mujer en asumir la presidencia en la historia de su país.

LA MOVILIDAD POLÍTICA

Vaeza, sin embargo, reconoce que todavía falta mucho debido a la “movilidad política, pues se llega a la paridad en un momento, se saca la foto y después esto cambia”, con casos en donde se comienza con un alto número de mujeres en cargos públicos y luego estos se reducen por decisiones políticas.

Es el caso de El Salvador con el Gobierno de Nayib Bukele, que en los inicios de su mandato contó con 8 ministras, en un balance paritario al 50 % del gabinete, y ahora bajó a 7 o en Perú con el izquierdista Pedro Castillo, donde no existe presencia de mujeres en el Gobierno.

Por eso “tenemos que seguir levantando la bandera de la paridad porque traemos una visión distinta al gabinete (ministerial)”, pues aquellos con solo hombres “no van a estar focalizando sus actividades en temas que le importan a las mujeres, no van a estar integrando a la mujer en la recuperación y de una manera más eficaz y eficiente”.

Además cree que es necesario cambiar la mirada sobre la perspectiva de género de transverzalización, pues esa etapa ya pasó para ahora hablar de “transformación de género no solo en la política, sino en la economía y en todos los sectores de la vida de un país”.

Y por eso “es importante que la mujer ocupe cargos decisorios y no estamos ahí todavía, al vaso le falta llenarse”.

“LA PANDEMIA HACE QUE LA MUJER RETROCEDA”

La pandemia ha afectado el rol de la mujer en todos los ámbitos y ONU Mujeres ha puesto la mirada en esta situación. Vaeza indicó que el “75 % de las que han estado al frente han sido mujeres, desde las enfermeras, médicas, aseadoras, y solo el 21 % de ellas ha estado en los procesos decisorios”.

Esto sumado a “la violencia contra las mujeres en sus hogares, aumentando las denuncias que depararon en 4.098 feminicidios en la región”.

Además, la falta de paridad de empleo en donde “118 millones de mujeres trabajan en la informalidad en los sectores más afectados por la pandemia: el turismo, la hotelería, la restauración, tenemos un grupo de mujeres que se ha quedado sin ingresos con un 30 % de hogares en donde la mujer es cabeza de hogar”.

Por eso, insiste en la necesidad de que esas mujeres puedan tener un empleo formal y en el ámbito tecnológico sean incluidas, un sector ocupado por el 95 % de los hombres.

En cuanto al atraso político, afirmó que la mujer al no tener tiempo “tampoco se involucra en la política” y casos como el de México, que ha avanzado en la paridad, muestra su compromiso: “Necesitamos parar este retroceso y que estos derechos conquistados no se pierdan”.

ELECCIONES Y LENGUAJE VIOLENTO

Costa Rica, Colombia y Brasil celebran este año elecciones presidenciales y en el caso del mandatario colombiano, Iván Duque, que dio muestras de paridad en su gabinete, ahora dentro de los precandidatos solo hay una mujer aspirante, la excongresista Ingrid Betancourt.

A Vaeza le preocupa “el atraso mental de los partidos políticos que están gobernados por los hombres y continúan haciendo la repartija de poder en función de cómo ellos creen que debe repartirse sin tener en cuenta las necesidades de la población”.

“Es importante movilizar las leyes de paridad, movilizar los Parlamentos y los tribunales electorales para exigirle a los partidos políticos paridad y alternancia. Este año que tenemos elecciones tan importantes tenemos que vigilar eso”, señaló.

Esto se suma al alto nivel de lenguaje violento en las redes sociales hacia las políticas.

“Se han agarrado contra las mujeres con su cuerpo, con su reputación, diciéndoles de todo y eso es cobarde, el criticar a una mujer en una red social sin derecho a replica, y por esto muchas mujeres dicen: ‘no, yo no me meto a esto, mejor me quedo en casa’ ”, afirmó, por lo que el organismo internacional busca con campañas evitar estos maltratos.

Finalmente, hizo énfasis en que la meta de tener para 2077 el 50 % de paridad aún se ve lejos y es necesario el compromiso de los países, pues la cuota para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de cara a 2030 sigue en números pendientes.

Carolina Flechas Anzola

Esta nota fue realizada por HOLA NEWS.
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A tres años del cierre de las guarderías, repetimos lo que entonces decíamos: cerrar las estancias infantiles en lugar de modificar el sistema contribuye a la violencia estructural en contra de las mujeres. Pero no sólo eso, también violenta uno de los derechos básicos de los menores, el derecho al cuidado.

Dos pequeñas de dos o tres años dibujando con crayones en medio de los jitomates, las naranjas y los limones en el pequeño espacio que quedaba en la barra de frutas y verduras de un pequeño puesto en el mercado. Esta es una escena común en el día a día de miles de niñas y niños.

Beto tiene ya cuatro años, es el sobrino de mi mejor amigo y uno de los menores que asistieron a las estancias infantiles del programa extinto de la Secretaría de Bienestar, antes Sedesol. Hoy lo cuida su abuela Juanita, de casi 80 años, durante el tiempo en que no está en la escuela. Sus papás trabajan en su pequeño negocio familiar de reparación de autos.

La situación de otros padres no es la misma, algunos tuvieron que buscar una guardería privada, otros tuvieron que reorganizar sus jornadas laborales para destinar tiempo al cuidado de los y las hijas, algunos otros han tenido que llevarlos a sus trabajos con ellos.

Hace casi tres años, la administración de Andrés Manuel López Obrador decidió eliminar este programa, argumentando corrupción en su interior. Se dijo que los recursos no desaparecerían, “sólo habría algunos cambios”. Con esto se referían a parar las transferencias de recursos a estas unidades y transferir dinero directamente a las madres o padres. El apoyo es de 800 pesos mensuales y se entrega de manera bimestral.

Se citó una población objetivo de 329,781 niñas y niños de entre 0 y 3 años, que en dicho momento representaban el 4.7% del total de la población de dicho grupo. Para ser beneficiario de este programa se tenía que probar que las madres o padres no tuvieran otro tipo de seguridad social (IMSS o ISSSTE). Estas cifras, y otros resultados de la investigación que se hizo, fueron presentados por Ariadna Montiel durante la conferencia de prensa del 18 de febrero del 2019.

El recuento de los daños

Ahora, tres años después, repetimos lo que entonces decíamos: cerrar las estancias infantiles en lugar de modificar el sistema contribuye a la violencia estructural en contra de las mujeres. Pero no sólo eso, también violenta uno de los derechos básicos de los menores, el derecho al cuidado.

Este impacto es desproporcionadamente mayor para la población femenina, considerando que vivimos en un país en donde las mujeres destinan tres veces más tiempo a las tareas del hogar y los cuidados en comparación con los hombres. Según las cifras de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado en los Hogares 2020, las mujeres destinan un cuarto del año sólo a cuidar a otras personas y encargarse de la casa; para los hombres la cifra es de 8 por ciento.

En México, además, la tasa de participación de la población femenina es de 44.6%, mientras que para la población masculina es de 76.2%, de acuerdo con la última actualización de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo).

Estas cifras reflejan una realidad, que además se vio intensificada con la pandemia y los confinamientos: las mujeres destinan mucho más tiempo a cuidar a otras personas sin recibir un pago por ello y esto las expulsa de manera indirecta y directa del mercado laboral remunerado.

Aún con las transferencias económicas directas a los beneficiarios, el problema se ha incrementado. Por un lado, los recursos son insuficientes para que los menores accedan a un sistema de cuidados óptimo; por el otro, las mujeres mayoritariamente han pagado las consecuencias de la extinción paulatina de estas guarderías.

«Creo que el hecho que hayan desaparecido el programa de estancias infantiles ha afectado enormemente a las mujeres que dejaban a sus hijos en estas estancias, que son mujeres que generalmente trabajaban en el sector formal o informal, y de esta forma disponían de tiempo para hacerlo. Muchas mujeres han tenido que dejar de trabajar, ante la imposibilidad de dejar a sus hijos en las estancias infantiles, o inscribirlos en estancias privadas afectando su economía», comentó a El Economista la doctora e investigadora en ciencias económicas en la UNAM, Eufemina Basilio Morales.

Las madres y padres han sido los principales afectados. Pero hay otra cara de la moneda: el personal que se ocupaba en las estancias infantiles. Basilio Morales enfatizó en el impacto que tuvo y sigue teniendo la extinción del programa para este sector.

«Quizá esto haya abonado al programa de austeridad del presidente López Obrador, pero lo cierto es que también generó la pérdida de empleo de las personas que trabajaban en dichas guarderías, y que terminaron sumándose a la lista de desempleados. Y a esto hay que sumarle que, aparte de este ha habido recorte y desaparición de muchos programas que apoyaban a mujeres, afectado enormemente la seguridad y el desarrollo de las mismas».

El cierre de las guarderías se contrapone con uno de los principios fundamentales de la política pública nacional: la igualdad entre mujeres y hombres como eje transversal. Al mismo tiempo violenta los derechos de los menores.

Los y las beneficiarias reciben 1,600 pesos cada dos meses, pero en muchas ocasiones esto no se transforma en cuidados óptimos y especializados para los niños y las niñas. Pasar más de ocho horas consecutivas dibujando, comiendo y durmiendo en un local de frutas y verduras es violentar también los derechos de los menores.

¿Hacia dónde tenemos que caminar?

«Creo que hay que visibilizar el trabajo y esfuerzo enorme que realizan las mujeres, muchas de ellas realizan doble o triple jornada de trabajo, sobre todo debido a la pandemia, ya que tienen que seguir llevando a cabo las labores de casa, las del campo laboral, y ahora en casa sumándole el atender a los niños que toman clases a distancia, y de familiares enfermos ante esta pandemia», comentó Basilio Morales.

En México las mujeres trabajan cerca de 77.6 horas a la semana: 37.9 destinadas al trabajo remunerado y 39.7 al trabajo del hogar. Es decir, tienen una jornada incluso más larga para las tareas domésticas y de cuidados y no reciben un pago por ello.

Para sus pares hombres el tiempo de trabajo total es de 62.9 horas a la semana: 47.7 horas al trabajo pagado y 15.2 horas al trabajo del hogar.

Revalorizar y redistribuir estas tareas es fundamental para alcanzar la igualdad de género en materia económica. «Lo anterior debe llevarnos a sensibilizarnos como familia, para que todos apoyen a las mujeres en las labores domésticas, o de cuidado, ya que lo cierto es que, es parte de la obligación de todos los que viven en la misma casa, y no sólo de la madre, o la esposa», dijo la especialista.

Para la participación equitativa de la mujer en el mercado productivo se deben trabajar en puntos importantes como equidad salarial, e igualdad de condiciones laborales entre hombres mujeres, así como acabar con la discriminación hacia mujeres en el ámbito laboral, y la violencia de género, que, aunque se pensara ya no existen, siguen afectando a miles de mujeres en todos los estratos laborales, agregó.

Esta nota fue realizada por EL ECONOMISTA.
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La ONU Mujeres alertó que la violencia de género creció a pasos agigantados y en el país, dos de cada tres mujeres han vivido algún tipo de agresión desde los 15 años.

En México, un total de 29 millones 239 mil 794 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia, principalmente, la familiar; pese a los esfuerzos de las autoridades gubernamentales para combatir este problema.

Esto refleja que del número general de mujeres de 15 años y más, que asciende a 48 millones 732 mil 991, un 60 por ciento ha sufrido actos de violencia ejercidos por diferentes agresores: pareja, esposo o novio, algún familiar, compañero de escuela o del trabajo, alguna autoridad escolar o laboral o bien por amigos, vecinos o personas conocidas o extrañas.

EL ENEMIGO EN CASA

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación de las Relaciones en los Hogares del 2016, la violencia que prevalece es la de pareja en las mujeres, con un 43.9 por ciento, toda vez que puede ser emocional, física, sexual, y económica o patrimonial.

Este escenario se intensificó durante los últimos dos años de pandemia por COVID-19, pues la víctima tuvo que mantenerse en confinamiento con su o sus agresores dentro del hogar.

Tan solo en 2021 a nivel nacional se abrieron 17 mil 392 carpetas de investigación por violencia familias, lo que significa que al día se presentaron 48 denuncias por este delito.

Los estados, que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuentan con mayor número de carpetas de investigación abiertas son: Ciudad de México, con 2 mil 301; Estado de México, con mil 691; Nuevo León, con mil 258; Jalisco, con 890; Chihuahua, con 856; Baja California, con 815; Guanajuato, con 764; Veracruz, con 757; Coahuila, con 695 y Sonora, con 655.

Estrategias para combatir la violencia

La Ciudad de México continúa ocupando el primer lugar a nivel nacional y muestra de ello es que, en los últimos dos años, en la Fiscalía General de Justicia capitalina se incrementaron en un 75.6 por ciento el inicio de carpetas de investigación por el delito de violencia familiar.

En general se abrieron 15 mil 304 carpetas de investigación, de las cuales 5 mil 553 fueron del 2020 y 9 mil 751 del 2021.

A poco más de 11 mil 988 mujeres se les brindó asesoría y acompañamiento jurídico en alguna de las 79 agencias del Ministerio Público, a través del programa denominado “Abogadas de las Mujeres”, de la Secretaría de las Mujeres.

SUS DERECHOS

“Esto para que sepan cuáles son sus derechos en los ministerios públicos y que se garantice el que, como se dice coloquialmente, no las bateen”, explicó en entrevista para Mente Mujer, la directora Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia de la dependencia mencionada, Claudia Benítez Guzmán.

Expuso que, además de apoyar en cuestiones legales, también cuentan con 27 Unidades de Atención y Prevención a la Violencia conocidas como “Lunas”, y que durante la pandemia atendieron a 18 mil 162 mujeres que requerían una valoración del nivel de riesgo por violencia de género y de otro tipo.

Y en total otorgaron 140 mil 234 servicios que van desde la atención psicológica hasta la integración a un programa social, que les permita salir del círculo de violencia y dejar de depender económicamente -en muchos casos- de su agresor.

Por su parte, Viridiana Peña Colín, psicóloga por la UNAM y quien labora como terapeuta del Instituto de la Juventud en la capital, explicó que la manera más eficiente de apoyar a una víctima de violencia familiar es “creerle la situación por la que está pasando, pues tuvo la confianza de contarlo”.

Recalcó que el confinamiento desbordó los casos de violencia intrafamiliar, y dijo que algunas de las razones son: “estas con una persona que no tiene mucha tolerancia a la frustración, es agresiva, y otros factores como el desempleo y preocupaciones sanitarias”.

ELEMENTOS

• La violencia en la familia es la agresión física, psicológica o sexual cometida por el esposo o conviviente, abuelos, padres, hijos, hermanos, parientes civiles u otros familiares. También, comprende a los tutores o encargados de la custodia: ONU.
• En México, durante el 2021, un total de 99 mil 264 mujeres fueron víctimas de un delito.
• El principal delito fue: lesiones dolosas con 57.62%; y lesiones culposas con el 16.21%.
• Hubo 19 mil 484 víctimas de violación; el Edo Mex y CdMx encabezan las listas.
• En 2021, a nivel nacional se presentaron 887 presuntos delitos de feminicidio: Secretariado Ejecutivo.
• El Estado de México fue quién más casos de feminicidio presento con 130, seguido de Veracruz con 65 y Jalisco con 64.
• En total durante el año pasado hubo 2 mil 540 mujeres presuntamente víctimas de homicidio doloso.
• Guanajuato, Baja California y Chihuahua encabeza con poco más de mil casos.
• La mayoría de las mujeres que fueron asesinadas por el delito anterior, en su mayoría, son mayores de 18 años.
• A nivel nacional en total 181 mujeres fueron secuestradas en México durante el 2021.
• Siete estados no tuvieron secuestros de mujeres: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Tlaxcala, y Yucatán.
• Se presentaron tan solo 12 casos de tráfico de mujeres menores de edad, principalmente, en Guerrero, Chihuahua, Guanajuato, Baja California, CDMX, San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas.
• Hay más de mil 492 casos que podrían derivar en feminicidio.

NÚMEROS

• 2 mil 301 carpetas de investigación se abrieron en la CDMX (2021).
• 48 querellas en promedio al día se iniciaron en el territorio nacional

Esta nota fue realizada por EL HERALDO DE MÉXICO.
Aquí puedes leer la original: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/

A pesar de que las empresas lideradas por mujeres han creciendo en México en los últimos años, aún tienen una baja presencia, pues suman 19% del total de emprendedores del país, siendo el sector de consumo con 62.3% donde más se desenvuelven, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Ante esta situación y la importancia de tener más empresas consolidadas y lideradas por mujeres, Mercado Libre y el Centro de Comercio Internacional (ITC) se unieron para apoyar a 3 millones de empresas de origen femenino tanto en México como en Latinoamérica, para que puedan capacitarse en ecommerce, entre otros temas empresariales. Asimismo, tendrán acceso a la plataforma de marketplace.

“Hay una gran oportunidad para que el liderazgo femenino evolucione más rápido y estamos convencidas que iniciativas como esta, SheTrades, son el camino”, menciona Alehira Orozco, Gerente Senior de Relaciones Gubernamentales de Mercado Libre México.

A través de la iniciativa SheTrades, emprendedoras de México, Argentina, Chile, Colombia y Brasil, podrán superar las barreras de digitalización, pues aunque el comercio electrónico creció 25.6% durante 2021, las mujeres se encuentran en desventaja por la falta de acceso, y conocimientos del mercado digital.

Desde ahora, SheTrades ofrece una oportunidad ideal para que las pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres en Latinoamérica superen las barreras y aprovechen el poder del comercio electrónico.

Asimismo, la iniciativa promoverá significativamente la misión del Centro de Comercio Internacional de generar un desarrollo económico inclusivo y sostenible, de igual manera aporta en los avances con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas.

“El comercio electrónico se ha convertido en un sector próspero que desempeñará un papel crucial en los esfuerzos de recuperación económica mundial y respaldará mayores oportunidades para las empresas dirigidas por mujeres. El ITC se complace en asociarse con Mercado Libre para promover la inclusión de empresas dirigidas por mujeres en la revolución digital”, manifestó Vanessa Erogbogbo, Jefa de Cadenas de Valor Sostenibles e Inclusivas en el Centro de Comercio Internacional.

Las interesadas en participar en la iniciativa, podrán acceder al portal de SheTrades.

Esta nota fue realizada por EL EMPRESARIO.
Aquí puedes leer la original: http://elempresario.mx/emprendedores/mercado-libre-impulsara-3-millones-pymes-lideradas-mujeres

Al cierre del 2021, los niveles prepandémicos del empleo en el país se recuperaron, aunque más del 80% de los nuevos ocupados se concentró en el mercado informal, situación que se debió al género masculino.

Es decir, los nuevos informales son hombres, por lo que las mujeres que entraron a laborar fue mediante condiciones de formalidad, pero con salarios precarios.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al finalizar el 2021 se registraron 52.65 millones de ocupados, lo que significó un aumento de 851,672 personas respecto al cierre del 2019.

De los 851,672 nuevos ocupados, 83.1% correspondió al sector informal y 16.9% al formal, según la encuesta que realiza el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Si bien de la cifra total 697,939 ocupados fueron hombres y 153,733, mujeres, las condiciones de informalidad distaron entre ambos géneros.

En el caso de las mujeres, el resultado de las 153,733 nuevas ocupadas entre el 2019 y el 2021 fue producto de las 244,472 personas informales, que se compensó con la contratación de 398,205 en un esquema formal; es decir, las ocupadas que ingresaron a trabajar pertenecen a este mercado.

Sin embargo, la formalidad laboral que se observó para la mujer se opaca por el nivel de ingresos que percibe.

Al cierre del año pasado, de las 22.45 millones de mujeres ocupadas en México, 65.0% gana como máximo hasta 2 salarios mínimos, mientras 6.3% no recibe ingresos (trabajadoras dependientes no remuneradas y trabajadoras por cuenta propia dedicadas a actividades agrícolas de subsistencia).

De hecho, únicamente 1.7% de las ocupadas percibe más de 5 salarios mínimos, frente a 2.7% por parte de los hombres.

Más hombres en la informalidad

Los 697,939 hombres ocupados provino de una reducción de 254,331 trabajadores formales más un incremento de 952,270 de hombres en la informalidad; esto manifiesta que las nuevas contrataciones pasaron de la formalidad a la informalidad.

Esta situación también se reflejó en la condición de acceso a las instituciones de salud, tanto públicas como privadas.

Desde esta perspectiva, los 697,939 nuevos ocupados derivaron del despido de 87,303 personas con acceso a instituciones de salud, el alta de 753,061 con acceso y el incremento de 32,181 que no se especifica.

Para las mujeres se dio a la inversa: 460,807 nuevas ocupadas con acceso al sector salud, la pérdida de 309,885 sin acceso y la variación positiva de 2,811 sin especificación.

Esta nota fue realizada por EL CEO.
Aquí puedes leer la original: https://elceo.com/economia/

La directora regional de la ONU aseguró que las mujeres en altos cargos de permiten que haya cambios en la agenda de Gobiernos con temas fundamentales para la mujer. 

El gobierno y las universidades Anáhuac Mayab, Marista y Autónoma de Yucatán acordaron emprender acciones para frenar agresiones contra las mujeres, luego de que se revelara que estudiantes compartían en Telegram videos íntimos de sus compañeras.

El gobierno de Yucatán dio a conocer este sábado un acuerdo al que llegó con las universidades Anáhuac Mayab, Marista y Autónoma de Yucatán (Uady) para emprender una serie de acciones para frenar agresiones contra las mujeres, como las que perpetró la red de ciberacosadores que involucra a estudiantes de esas instituciones educativas.

Al mismo tiempo, aseguró que ya hay avances en las pesquisas en torno a ese caso que provocó la indignación social, y advirtió que se procederá conforme a la ley, pues habrá “cero tolerancia” a cualquier tipo de violencia que se ejerza contra la mujer.

El escándalo estalló esta semana debido a una denuncia pública de los colectivos de Sororidad Anáhuac y Uady sin violencia, que a través de sus redes sociales expusieron una red de mil 280 ciberacosadores que a través de un grupo privado creado en la aplicación de mensajería Telegram compartieron más de 3 mil fotos y más de 400 videos íntimos de sus compañeras, novias, amigas, etc.

Por ese caso, la Fiscalía General del Estado inició de oficio una carpeta de investigación.

Al respecto, la Secretaría de Gobierno informó que su titular, María Fritz Sierra, se reunió con los rectores de las universidades Anáhuac Mayab, Miguel Pérez Gómez; Marista, Miguel Ángel Baquedano Pérez; y Autónoma de Yucatán, José de Jesús Williams, para abordar el conflicto.

“Tenemos que hacer frente común, donde juntos, sociedad y gobierno, trabajemos en la reeducación para fomentar la cultura del respeto y de la no violencia”, dijo la funcionaria.

En esa reunión, la secretaria de Mujeres (Semujeres), María Cristina Castillo Espinosa, y representantes de las instancias de seguridad y procuración de justicia pactaron con los titulares de las universidades implicadas frenar ese tipo de agresiones a las mujeres e iniciar acciones legales en contra de la violencia digital y la violencia de género.

Entre los acuerdos figura un programa con actividades diversas a cargo de la Semujeres, la FGE y la Policía Cibernética dirigido a las comunidades de las universidades, en las que se compartirá información preventiva de la violencia para reeducar en la cultura del respeto a la privacidad.

Adicional a estas actividades en favor del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y con el objetivo de tener una mayor cobertura e impacto, se capacitará a directivos, maestras, maestros y personal administrativo en las universidades para que luego puedan a su vez informar y capacitar a la población estudiantil.

En este contexto, Castillo Espinosa puso a disposición de las universidades el programa “Distintivo Violeta” de Semujeres, esquema que tiene como objetivo realizar acciones dentro de las organizaciones que las avalen como espacios seguros para las mujeres a través de capacitación y procesos formativos que impulsen el bienestar de las mujeres, la prevención y atención a la violencia de género.

“La mejor manera de prevenir la violencia, es trabajando coordinadamente en favor de los derechos de las mujeres. Cuenten en todo momento con el profesionalismo y la disposición del equipo interdisciplinario de la Semujeres para fortalecer sus protocolos internos, en la promoción de la cultura de la denuncia y en acciones de capacitación con perspectiva de género”, dijo.

Explicó que bajo este distintivo también se ofrece asesoría técnica para la elaboración de rutas de actuación ante situaciones de violencia, la creación de planes y programas educativos para la prevención de la violencia, así como la implementación de campañas internas de sensibilización.

“Queremos hacer un frente común para seguir fomentando espacios seguros para las mujeres. Cuenten con la Semujeres como una aliada para seguir consolidando las acciones en favor del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, agregó.

Sobre el caso de ciberacoso, aseguró que desde que se tuvo conocimiento, Semujeres ha estado en coordinación con cada una de las universidades involucradas en el tema para brindar puntual atención a aquellas estudiantes cuyos derechos hayan sido vulnerados y para hacer una alianza que permita fortalecer los protocolos internos de cada institución educativa para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia.

A su vez, el vicefiscal de Investigación y Procesos de la FGE, Arturo Ambrosio Herrera, informó que la Fiscalía estatal inició una investigación de oficio, con el número de expediente G8 258/2022; como parte de los protocolos que se establecen ante la presunción de un delito cibernético, en coordinación con la Policía Cibernética de la propia dependencia.

Fritz Sierra garantizó que una vez abierta la indagatoria, se tomarán las acciones necesarias, ya que esa es instrucción terminante del Ejecutivo del estado.

Al respecto, Castillo Espinosa, adelantó que en coordinación con la FGE y la Policía Cibernética elaborará protocolos de prevención de violencia digital y con la Unión Europea se entablarán contactos con organismos especializados para el diseño e implementación de campañas para erradicar esos delitos.

Fritz Sierra añadió en ese aspecto que se trabaja para combatir a fondo esta violencia digital que atenta la integridad personal de las afectadas y sus familias, de ahí que se continuará fortaleciendo estrategias e impulsarán más acciones para prevenir e informar entre la población prácticas de riesgo en las redes sociales.

Los rectores de las universidades Anáhuac Mayab, Marista y Uady se sumaron a las demandas de colectivos y alumnas víctimas de visibilizar este problema y establecer una red de universidades para prevenir y sancionar el acoso y violencia contra mujeres estudiantes.

Coincidieron en trabajar de manera coordinada con las autoridades del estado para agilizar el proceso de investigación y actuar de manera contundente en la conformación de un frente común contra la violencia digital y la violencia de género.

El rector de la Anáhuac Mayab informó de la existencia de la Defensoría Universitaria en la que se busca asegurar espacios seguros y libres de violencia, el cumplimiento de los protocolos y la canalización de cualquier tipo de violación a los derechos universitarios.

Por su parte, el de la Uady resaltó la existencia de un protocolo contra ese tipo de violencia en la universidad, habló de la necesidad de impulsar un proceso de reeducación y resaltó la coordinación existente con la Secretaría de Mujeres para la prevención y atención de la violencia de género.

“Nosotros nos sumamos para que a partir de estos hechos podamos seguir avanzando en un proceso de prevención, las puertas de nuestras universidades están abiertas”, dijo el rector de la Uady, para hacer frente a esos delitos cibernéticos y trabajar para erradicarlos en el estado.

El de la Marista coincidió en la importancia de hacer conciencia de frenar la violencia digital, y al respecto dijo que esa institución está en “disposición de colaborar en todo y cuando se tenga que aplicar una sanción lo haremos”.

En su turno, el vicefiscal Ambrosio Herrera reiteró el compromiso de la FGE de colaborar con las autoridades educativas en materia de procuración de justicia para sancionar y prevenir el acoso y la violencia de género en las redes sociales.

Resaltó la participación en la indagatoria del personal especializado en análisis cibernético, de ahí que la investigación de los hechos reporta avances importantes, por lo que agradeció el interés y participación de las instituciones académicas para atender este problema de seguridad pública.

En representación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estuvo el subsecretario de la Policía Estatal de Investigación, Carlos Eduardo Flores Moo, quien aseguró que a través de la comandancia especializada en delitos cibernéticos y en total coordinación con la FGE, “se realiza un trabajo exhaustivo para identificar a los probables responsables y ponerlos a disposición de las autoridades competentes”.

Esta nota fue realizada por PROCESO.
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