Durante 2020, se cometieron 3 mil 723 asesinatos de mujeres en México, de los cuales sólo 940 fueron clasificados por las autoridades competentes como feminicidios, aun cuando los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –en una sentencia relacionada con el homicidio de una mujer– establecieron que se debe procurar que en todos los casos se inicien las investigaciones como feminicidios y sólo posteriormente, de no conjugarse los elementos, reclasificarlos, señaló Amnistía Internacional (AI).

Al presentar el informe Juicio a la justicia: deficiencia en las investigaciones penales de feminicidios en el estado de México, Amnistía Internacional denunció que los errores, omisiones y negligencias cometidos por las autoridades favorecen la impunidad.

La actuación de las autoridades se asemeja a patrones registrados en Ciudad Juárez hace más de 20 años, por lo que el Estado mexicano debe corregir su desempeño para lograr justicia para las víctimas, dijo la directora ejecutiva de AI en México, Edith Olivares.

Alertó sobre las deficiencias que se detectaron en las investigaciones sobre feminicidios en el estado de México, las cuales se reproducen en otras partes del país, por lo que concluyó que hay omisiones importantes del Estado para prevenir, evitar y sancionar este delito, como, entre otros, pérdida de evidencias fundamentales, restricciones en las líneas de investigación y revictimización de los familiares que, con frecuencia, son quienes tienen que impulsar las indagatorias con sus propios medios.

No tipificar de origen los casos como feminicidios evita la aplicación de los protocolos propios de este delito, que implica la atención con perspectiva de género. Olivares recordó la resolución de la SCJN sobre Mariana Lima Buendía, que determinó que toda muerte violenta de mujeres debe investigarse como feminicidio.

Olivares destacó el incumplimiento de obligaciones del Estado mexicano derivadas de resoluciones de organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que se pronunció sobre la violencia contra la mujer en México al resolver el caso del campo algodonero, donde fueron asesinadas tres mujeres en Ciudad Juárez, y remitió recomendaciones. Por ello, demandó al gobierno federal reconocer la magnitud de los feminicidios y desapariciones en el país.

Para AI, en la actualidad la situación no ha variado mucho: “Las autoridades estatales deben prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los feminicidios. Como parte del Estado mexicano, están obligadas a cumplir con los tratados internacionales de los que México es parte, así como las sentencias emitidas contra el Estado mexicano por la CoIDH que establecen un conjunto de normas, estándares y principios para garantizar los derechos de las mujeres”.

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Desde que obtuvo su permiso de manejo a los 16 años, Clarise King-Green había conducido casi todos los vehículos imaginables: automóviles, camionetas, minibuses y autobuses. Pero como la mayoría de las mujeres en el transporte, nunca se había puesto al frente de un camión de carga.

Pero eso cambió el verano pasado cuando la residente de Filadelfia, de 50 años, se inscribió en un programa patrocinado por el estado que ayuda a los aspirantes a conductores a financiar la escuela de camiones comerciales, donde la matrícula cuesta hasta siete mil dólares para un curso de varias semanas. Es una línea de trabajo que había considerado brevemente hace décadas, pero encontrar a alguien que cuidara a sus hijas pequeñas durante las noches que pasaba en la carretera era complicado y la desanimó. Ahora que son mayores, King-Green decidió que era el momento. “La gente que me conoce bien dice que conducir está en mi sangre, así que no fue intimidante. Fue emocionante”, dice sobre su primera vez en la cabina de un camión grande.

Ahora es una de las cientos de mujeres conductoras de una flota con miles de camiones. “Solo estaba tratando de encontrar una carrera en la que sintiera que puedo ganar mucho dinero para ayudar a cuidar a mis hijas. Realmente nunca he pensado demasiado en si se trata de un trabajo de mujeres”.

Enfrentando una lucha de décadas para retener a los conductores, y una pandemia que ha aumentado la demanda de envíos, las flotas dominadas por conductores hombres buscan tener más mujeres al volante. Dado que la industria del transporte prevé una escasez de 100 mil conductores para 2023, los esfuerzos de contratación dirigidos a personal femenino se están volviendo cada vez más comunes.

Solo el 6.7% de los conductores de distancias largas en 2019 eran mujeres, de acuerdo con datos de la Asociación Estadounidense de Camiones, una cifra que apenas se ha modificado en casi dos décadas. Para cambiar eso, organizaciones sin fines de lucro, programas gubernamentales y grupos comerciales en estados como Oregón y Nueva York han financiado la certificación gratuita para mujeres conductoras. El paquete de infraestructura de 550 mil millones de dólares que avanza en el Congreso incluye una disposición para diseñar estrategias sobre cómo reclutar más conductoras. Algunas empresas incluso han anunciado equipos de conducción de marido y mujer para aliviar la tensión de los días fuera de casa.

Parte del desafío, reconoce Ellen Voie, directora ejecutiva de Women in Trucking, es cambiar la imagen que tienen las mujeres sobre un camionero: un hombre rudo de mediana edad detrás de un camión de 18 ruedas. Voie estima que ha platicado con 400 o 500 reclutadores, operadores de escuelas de camiones y conductores durante los últimos 14 años, motivándolos a capacitar y contratar a más mujeres en esta industria.

Los primeros signos indican que ese tipo de esfuerzos están funcionando. El número de mujeres conductoras aumentó casi un 30% de 2018 a 2019, según una encuesta aplicada a profesionales de la logística. Las mujeres ahora forman parte del personal de una cuarta parte de algunas flotas, apunta Craig Fuller, director ejecutivo de la firma de datos de transporte FreightWaves.

El discurso de Voie a menudo se centra en una realidad confirmada por décadas de datos: las mujeres camioneras son, en conjunto, más cautelosas en la carretera que los hombres. Tienen menos accidentes. Y si los tienen, suelen ser menos graves.

“He visto investigaciones que dicen que las mujeres conductoras están más seguras. He visto investigaciones que indican que los conductores experimentados son más seguros. Si juntamos ambas cosas, tenemos la combinación ganadora”, observa Meera Joshi, integrante de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA), cuya nominación para liderar la agencia espera la confirmación del Senado.Aun así, aunque las mujeres conducen mejor, la carretera no siempre es mejor para ellas.

Conducir requiere soportar largas horas, condi-ciones de soledad y el riesgo de accidentes graves. Desiree Wood, miembro del panel asesor de la FMCSA y fundadora de Real Women in Trucking, nombrada para distinguirse del grupo de Voie, comprende el problema en términos de etapas de la vida. Para las mujeres con experiencia, muchas de las cuales son mayores, conducir puede ser una profesión perfecta: ofrece un ingreso anual promedio de alrededor de 47 mil dólares y la libertad de trabajar en rutas preferidas.

Para las mujeres con niños en casa, el estilo de vida es más duro. Ha escuchado anécdotas sobre mujeres que educan en casa a sus hijos, atadas a una ruta entre semana, pero que no pueden pagar el cuidado de los niños. Si bien los conductores de primer año a menudo ganan salarios base de alrededor de 40 mil dólares, incluso los trabajos de conducción bien pagados pueden ser difíciles de vender.

”Perderse cumpleaños, aniversarios, días festivos, estar solo en Navidad o en el Día de las Madres son cosas para las que mucha gente no está preparada”, asegura Ingrid Brown, propietaria y operadora de la empresa de camiones Rollin’B LLC, con sede en Carolina del NorteEl acoso y la agresión sexual también son motivos de preocupación. Si bien hay pocos datos sobre la mala conducta en el sector, es lo suficientemente frecuente como para que algunas escuelas de camiones adviertan a las mujeres al respecto antes de emprender la ruta. Sharae Moore, quien es fundadora de S.H.E. Trucking, inició su grupo de Facebook de 20 mil miembros y su programa de licencias para ayudar a las mujeres que ingresan a la industria a evitar empresas que se han hecho conocidas por tolerar la conducta sexual inapropiada. Gary Hollands, propietario de Interstate Trucking Academy, que dirige un programa de capacitación gratuito para mujeres en Portland, Oregón, dice que agregó lecciones a su curso sobre defensa propia y sobre cómo lidiar con la conducta sexual inapropiada.

”Cómo conducir un camión es solo una parte de nuestro programa”, dice. “La parte principal del programa es cómo navegar por la cultura a la que están a punto de entrar cuando se suben a un camión”.Jenny Reeves, de 47 años, quien se graduó de la primera clase de la iniciativa, dice que aprecia la voluntad de los instructores de ser francos sobre lo que es ser una conductora. Recientemente comenzó a transportar basura en Portland, y dice que obtuvo tantos reconocimientos después de terminar la escuela de camiones en junio que se sintió como “la princesa de la basura”.

Para ser contratado, “prácticamente solo tienes que tener pulso”, afirma Real Women in Trucking’s Wood. “Lo que me gustaría ver es un camino hacia el éxito”.

Este texto es parte de la revista Bloomberg Businessweek México ‘La fe en cripto’. Consulta aquí la edición fast de este número.

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La pandemia ha aumentado la violencia y la discriminación contra las mujeres sumando a viejas formas de exclusión.

La pandemia de la covid-19 ha aumentado la violencia y la discriminación contra las mujeres por razones de género y su desarrollo profesional. Es un hecho conocido que está establecido en innumerables informes internacionales. Esto se suma, sin embargo, a viejas formas de discriminación y exclusión. Algunas de las cuales extremas, como las que prevalecen —¡de nuevo!— en Afganistán. Pero lo más extendido es, a veces, sutil y no se transparenta siempre en reglas descaradas de exclusión como las que imponen los talibanes. Se presenta con prácticas en las que la mujer, por ejemplo, tiende a tenerla difícil para acceder a posiciones en las altas cortes. Lo que se llama “el techo de cristal”, en un contexto en el que no rige una prohibición formal.

Una serie de principios y normas internacionales conocidos establecen tanto la igualdad entre hombres y mujeres como la prohibición de discriminación y violencia contra las mujeres, por razón de género. Sin embargo, en cuanto a disposiciones específicas sobre jueces y fiscales no hay las que incluyan principios generales explícitos sobre la necesidad de garantizar la igualdad de género dentro de la judicatura, la fiscalía o en los diferentes niveles de la carrera profesional. Y en ello hay un problema que es transversal a los sistemas judiciales en distintos países en los que, en teoría al menos, no hay discriminación contra la mujer.

Tienden a prevalecer, no obstante, ciertas prácticas que acaban resultando, en situaciones discriminatorias. Destacan en esto tres situaciones diferentes que se combinan y retroalimentan.

En primer lugar, el hecho real —y positivo— de que en las últimas décadas la mujer tiende a ocupar, en general, una presencia creciente en la función judicial, incluyendo a las fiscalías.

Europa se encuentra a la cabeza, con una media del 54%, seguido del conjunto del continente americano con 51%. Estos datos contrastan, no obstante, con los de Oceanía, África y Asia donde las mujeres representan un 31%, 30% y un 29% del total, respectivamente. En América Latina, mientras Argentina cuenta con el un 30% de juezas y un 26% de procuradoras y fiscales mujeres, Perú con un 42% de juezas y en Colombia el 43%. En Uruguay, el 81% de las fiscales son mujeres.

En segundo lugar, matiza lo anterior el dato de que los prejuicios y estereotipos de género siguen afectando a mujeres —especialmente las más jóvenes—, ya que se les suele asignar jurisdicciones consideradas “sociales”. Esta es una tendencia generalizada que tiene pocas excepciones. Esto resulta en la infra presencia de mujeres en ciertas funciones de los sistemas de justicia en beneficio de la asignación a tribunales de familia, laborales u otros “sociales” considerando que son más adecuados para ellas.

En tercer lugar, que las condiciones de trabajo y, especialmente, de ascenso dentro de las carreras judiciales y fiscales, que a primera vista pudieran parecer razonables, tienen un impacto diferenciado en aquellas mujeres con una menor capacidad económica o que tienen que compaginar su actividad laboral con el cuidado de la familia y el hogar. Por ejemplo, la exigencia de una educación superior más allá de la licenciatura o cursos especiales de capacitación y en adición al horario de trabajo regular, para poder ascender a las más altas posiciones, requiere de recursos económicos y de tiempo adicionales lo que tiende a ser de más difícil disposición por las mujeres.

Así, para mujeres con cargas familiares es especialmente complicado disponer del tiempo necesario para cumplir con ciertos requisitos académicos, especialmente para promociones y ascensos. En algunos lugares, como Perú, se requiere un título de posgrado para ascender en la carrera judicial o fiscal, lo que, dicho sea de paso, no es necesariamente sinónimo de calidad profesional. En la práctica, este puede ser un factor de exclusión de las mujeres las que, en muchos casos, no han contado con el tiempo extra después de la jornada laboral ni con los recursos para llevar estos cursos, costosos en varios países.

Se topa la mujer, así, con el llamado “techo de cristal”, que no es otra cosa que aquella barrera invisible, pero infranqueable, que impide a las minorías y a las mujeres ascender a los peldaños superiores del sistema judicial, independientemente de sus cualificaciones o logros. La falta o debilidad de políticas públicas explícitas y sostenidas en este terreno, de voluntad política o de instituciones de peso dentro del Estado encargadas de impulsarlas, incide decididamente en ello.

Las magistradas en Cortes Supremas de dieciocho países de América Latina representaban, a finales de 2019, un promedio del 27,5%. Había ocho países por debajo del 30% (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Perú), cuatro países entre el 30% y 40% (Chile, El Salvador, Honduras y México), dos países entre un 40% y 50% (Guatemala y Uruguay) y uno por encima del 50% (Ecuador). En el caso de Guatemala de un total de 57 presidentes (1839-2017), solo dos mujeres (3.5%) han presidido este alto órgano judicial. En Perú, recién el 2021 fue elegida la primera presidenta del Poder Judicial en 196 años dentro de un contexto alentador en el que tanto en la Fiscalía de la Nación como en la presidencia del Tribunal Constitucional se cuenta también a mujeres muy calificadas desempeñando esas funciones.

Los Estados deben aplicar, sin pretexto ni distinción, los estándares internacionales relativos al acceso y ascenso de las mujeres en la carrera judicial y fiscal para asegurar la igualdad sustantiva con una perspectiva de género y de derechos humanos. En tal dirección deben garantizar que las medidas para luchar contra la discriminación de género y lograr la igualdad en el acceso de las mujeres al sistema judicial y fiscal incluyan políticas y normas de medidas afirmativas para superar las barreras identificadas. Hay, pues, luces y sombras, pero, dentro de ello muchos asuntos críticos a ser resueltos.

Lo que parecería faltar son apuestas decididas desde el poder político. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha estimado que para garantizar el acceso en condiciones de igualdad, los criterios y procesos de nombramiento, promoción, suspensión y despido deben ser objetivos y razonables Y que, en algunos casos, puede ser necesario adoptar medidas afirmativas para garantizar la igualdad de acceso de todas las personas a la función pública. En ello hay mucho por concretar y desarrollar.

Para estos efectos, por ejemplo, el establecimiento de cuotas en la administración de justicia es una herramienta eficaz y necesaria a la hora de invertir tendencias históricas como el predominio del hombre en estos sectores. La adopción de cuotas, que ha supuesto un avance para la incorporación de las mujeres en todos los sectores del Estado, en general, y en las carreras judicial y de fiscales, en particular, debería ser considerada una política a aplicar.

Toda la información e imágenes son de EL PAÍS /Diego García- Sayan.
Link original: https://elpais.com/opinion/2021-09-17/

Votar es un derecho que hoy en día no se cuestiona, pero durante siglos las mujeres no pudieron hacerlo. El primer país en autorizar el voto a las mayores de 21 años fue Nueva Zelanda, el 19 de septiembre de 1893, hoy hace 128 años.

Este primer sufragio femenino sin restricciones se logró gracias al movimiento liderado por Kate Sheppard, pero no fue absoluto hasta 1919 cuando las mujeres neozelandesas pudieron presentarse también a las elecciones. La primera parlamentaria en llegar a la cámara del país fue Elizabeth McCombs en 1933.

El camino hacia el voto femenino fue tortuoso en muchos países del mundo y supuso una encarnizada lucha hacia la igualdad. En esta conquista destacan los nombres de muchas sufragistas británicas como Emmeline Pankhurst, Emily Davison, Millicent Fawcett, Mary Richardson, Maud Watts y Annie Kenney. Sufragistas estadounidenses como Elizabeth Cady Stanton, Alice Stokes, Lucy Burns y Sojourner Truth. La mítica Olympe de Gouges: la uruguaya Paulina Luisi o la española Clara Campoamor, entre muchas otras.

Emmeline Pankhurst , detenida por la policía en el Palacio de Buckingham cuando intentaba presentar una petición de ley ante el rey Jorge V en 1914 (Dominio público)

Las sufragistas británicas y su conquista

En la lucha por el voto femenino, el papel de las sufragistas británicas fue histórico. No fue un camino fácil. Fueron ninguneadas por ser revolucionarias, por defender sus derechos e intentar crear un mundo más justo e igualitario. Sufrieron ataques, recibieron insultos por la calle y fueron apedreadas por manifestarse. La prensa tampoco se lo puso fácil y, en un principio, la palabra ‘suffragettes’ fue utilizada de manera despectiva. Sus actos fueron boicoteados y muchas mujeres sufrieron violencia y detenciones arbitrarias por sus protestas e ideas.

“Nosotras, mujeres sufragistas, tenemos la misión más grande que el mundo haya conocido: liberar a la mitad de la raza humana y, a través de esa libertad, salvar al resto”, declaró Emmeline Pankhurst, una de las principales activistas británicas.

Marion Wallace Dunlop fue en 1909 la primera sufragista que se declaró en huelga de hambre tras ser detenida por grabar la Declaración de Derechos Británica en un muro del Parlamento. Soportó 91 horas de ayuno hasta que fue liberada por su delicado estado de salud.

Muchas sufragistas siguieron su ejemplo y en prisión fueron alimentadas a la fuerza, algo que hoy en día se considera una forma de tortura. La sonda con la que intentaban introducirles alimentos dañaba su nariz, garganta, tráquea y pulmones poniendo en riesgo su salud.

Ante la conmoción popular por estas torturas, en 1913 se aprobó la ‘Cat and Mouse Act’ o “Ley del gato y el ratón”. Según esta norma, las presas sufragistas tenían que ser puestas en libertad cuando su estado de salud empeoraba o si se encontraban muy débiles. Una vez recuperadas físicamente eran detenidas e ingresadas en prisión de nuevo. Con este cruel “juego” las sufragistas se convirtieron en el ratón que era liberado durante un tiempo por el gato (las autoridades) para luego volver a ser atrapado.

“Me forzaron a abrir la boca insertando sus dedos, cortándome las encías y el interior de mis mejillas. Cuando estaba loca de dolor me metieron dos grandes mordazas”, relató la sufragista Mary Richardson tras su paso por prisión.

Reunión de la Unión Política y Social de Mujeres, cuya presidenta fue Emmeline Pankhurst (Dominio público)

Emmeline Pankhurst, presidenta de la Women’s Social and Political Union (Unión Política y Social de Mujeres), fue arrestada y puesta en libertad en varias ocasiones. “[La prisión de Holloway] se convirtió en un lugar de horror y tormento con escenas repugnantes de violencia a cualquier hora, ya que los médicos iban de celda en celda desempeñando su terrible oficio», declaró.

Otra de las sufragistas británicas más conocidas, Emily Davison, fue arrestada nueve veces y alimentada a la fuerza en más de 40 ocasiones. Fue atropellada en el hipódromo de Epsom durante una protesta cuando intentó colgar una cinta sufragista al caballo del rey Jorge V. Murió días después a causa de las heridas sufridas.

El fin de estas torturas, detenciones arbitrarias y violencias llegó con la Primera Guerra Mundial cuando este rey amnistió a las sufragistas por una cuestión, se piensa, meramente práctica: las mujeres debían sustituir laboralmente a los hombres que iban a la guerra.

El objetivo final de las sufragistas británicas, el voto de la mujer, llegó un poco antes del fin de la Primera Guerra Mundial, en 1918, aunque en una versión reducida. Solo aquellas mayores de 30 años y que cumpliesen con ciertos requisitos mínimos de propiedad en Reino Unido pudieron votar por primera vez. Diez años más tarde este derecho se extendió a las mayores de 21 años.

El largo camino del sufragio femenino

Ya en 1791, en la ‘Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana’ Olympe de Gouges reclamó para las mujeres los mismos derechos políticos que tenía el hombre, entre ellos, el voto. La activista francesa fue condenada a muerte en la guillotina por sus ideas.

Se dice que fue en 1848 cuando nació el movimiento sufragista de manera formal con el ‘Manifiesto de Seneca Falls’, la primera convención por los derechos de la mujer en Estados Unidos. Todo un movimiento y una lucha que se fue expandiendo por el mundo.

Una mujer saudí vota en las elecciones municipales celebradas en Riad, Arabia Saudí, el sábado 12 de diciembre de 2015.© AP Photo/Aya Batrawy

El primer país en conceder el derecho de voto a las mujeres fue Nueva Zelanda, un día como hoy de hace 128 años. Australia lo hizo en 1902, aunque ni a mujeres ni a hombres aborígenes les estaba permitido votar. Sus pasos fueron seguidos por Finlandia (1906), primer país del mundo que permitió a las mujeres ser elegidas al Parlamento, Noruega (1913), Dinamarca (1915), la Unión Soviética (1917) y el Reino Unido (1918). En el caso de Estados Unidos se consiguió en el año 1920 para las mujeres de raza blanca. Las mujeres de raza negra no pudieron votar hasta 1967. En África, Zimbabwe y Kenia reconocieron el sufragio femenino en 1919 y, en América Latina, Uruguay fue el primer país en hacerlo en 1927.

En España tuvieron que esperar hasta 1931. Un cambio en la legislación conseguido gracias a la lucha de sufragistas como la diputada Clara Campoamor. Paradójicamente ellas podían ser diputadas pero no ejercer el sufragio. Es decir, podían legislar pero no votar.

Campoamor tuvo en contra hasta a su propio partido, el Partido Radical, pero logró su objetivo con un discurso que ha pasado a la Historia y donde defendió el sufragio universal y la igualdad de derechos electorales entre hombres y mujeres: «(…) Tenéis el derecho que os ha dado la ley, la ley que hicisteis vosotros, pero no tenéis el derecho natural fundamental, que se basa en el respeto de todo ser humano, y lo que hacéis es detentar un poder; dejad que la mujer se manifieste y veréis como ese poder no podéis seguir detentándolo (…)».

Arabia Saudí ha sido el último país (2015) en aprobar este derecho fundamental de las mujeres. El rey Abdalá permitió, además, que se pudieran presentar como candidatas a las elecciones municipales y que pudieran ser designadas miembros del Consejo de la Shura, el órgano que se ocupa de asesorar a la monarquía. Sin embargo, este anuncio no constituyó un gran avance debido a la tutela de los hombres sobre las mujeres en Arabia Saudí, que limita gravemente los derechos de estas en la vida pública y privada. A día de hoy las mujeres siguen sufriendo una discriminación generalizada y siguen siendo tratadas como ciudadanas de segunda en asuntos como el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos e hijas y la herencia.

Una mujer levanta el puño durante la Marcha por la Libertad del Derecho al Voto en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 21 de junio de 2021. © REUTERS/Dustin Chambers

La Declaración Universal de los Derechos Humanos

«Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos». La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por Naciones Unidas en 1948, reconocía así, por fin, el sufragio femenino como derecho humano universal.

El derecho a voto es un derecho fundamental que durante décadas estuvo limitado a la mitad de la población. Votar permite elegir y decidir por uno mismo. Como decía Olympe de Gouges: “La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos”. Y así debe ser.

Toda la información e imágenes son de AMNISTÍA INTERNACIONAL.
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EL PAÍS habla con algunas de las supervivientes de la represión y la tortura sexual que sufrieron en 2006 por parte de las fuerzas de seguridad en el Estado de México. Demandaron al Gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hoy siguen peleando para que se cumpla la sentencia.

Claudia Hernández, de 39 años, se congela cada vez que ve a un policía. Aún recuerda la forma en la que la obligaron a ver cómo violaban a un hombre. “Yo era la que seguía”, cuenta. Edith Rosales, de 67, no basa sus memorias en imágenes, sino en colores: el blanco de las paredes del penal de Santiaguito (Estado de México) y el rojo de la sangre con la que tiñó el muro. A ambas las une el mismo recuerdo: los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 en el municipio mexiquense de San Salvador Atenco. Esos días, cuando vecinos y activistas protestaban en contra de la construcción de un aeropuerto internacional en Texcoco, el Gobierno del Estado de México ordenó un un operativo represivo que terminó con más de 200 personas detenidas y trasladadas a distintos penales. Decenas fueron golpeadas y torturadas sexualmente tanto en el trayecto como en prisión. Dos menores murieron. 15 años después, con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado y con prácticamente todos los implicados libres, Hernández y Rosales, junto con otras nueve supervivientes, siguen peleando para lograr justicia.

El camino ha sido largo y —sobre todo— doloroso. Dos años después de los disturbios, 11 de las más de 20 mujeres que fueron agredidas sexualmente hicieron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el caso se investigara internacionalmente. En 2018, la Corte Interamericana emitió una sentencia en la que hace responsable al Estado mexicano por las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en esas fechas, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México.

En el fallo, los jueces emitieron una serie de medidas de reparación que tienen como énfasis una investigación mucho más seria y completa. El documento no deja lugar a dudas: la culpa no solo debe recaer en los policías locales, estatales y federales que intervinieron, sino que solicita al Gobierno mexicano que ponga la lupa sobre toda la cadena de mando del operativo. Y establece un plazo de dos años para acatar la sentencia.

Ya han pasado tres años desde entonces. Para víctimas como Italia Méndez, de 44, es como si la victoria hubiera quedado en nada: “Creo que fui ingenua. Pensé que algo tan relevante como un fallo interamericano iba a ser suficiente”. El expediente completo acumula polvo en los archivos de la Fiscalía del Estado de México, que se niega a entregarlo a la Fiscalía General de la República (FGR), pese a tener la obligación legal de hacerlo. La abogada de las supervivientes, Alejandra Elguero, no teme en ponerle nombre: “Es un claro desacato. La realidad es que los fiscales del Estado de México históricamente han obstaculizado la investigación”.

A pesar de los pedidos reiterados para conocer su posición al respecto, ningún funcionario de la Fiscalía del Estado de México ha querido hacer declaraciones, pero fuentes del organismo judicial insisten en que se trata de un asunto de competencias: su justificación es que en el caso Atenco hay delitos ya juzgados y con sentencia en el fuero común (es decir, dentro de la justicia estatal) y que por este motivo no es posible que un órgano federal como la FGR pueda absorber el proceso. Cansadas de las trabas burocráticas, las víctimas interpusieron un amparo y un tribunal con sede en Toluca falló a su favor: ahora, la Fiscalía de Edomex tiene hasta el 27 de septiembre para explicar por qué no ha permitido que la FGR absorba la carpeta.

EL PAÍS ha hablado con cuatro de las 11 demandantes. Cada historia es diferente pero todas tienen algo en común: Atenco ha marcado un antes y un después en sus vidas. Ninguna de ellas es la misma persona que hace tres lustros. Pero todas han tomado la determinación de no callarse y seguir adelante, aunque eso signifique chocar contra un sistema diseñado para que casos como los suyos queden impunes.

Claudia Hernández, 39 años: “Tardé 10 años en retomar mi vida”

En mayo de 2006, cuando tenía 24, Claudia Hernández estudiaba Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y fue a Atenco para documentar los abusos de la policía. Nunca creyó que iba a ser detenida, mucho menos que los agentes la fueran a agredir sexualmente. Salió de prisión meses después, en enero de 2007, pero estuvo sujeta a un proceso penal durante cinco años. La acusaron de delitos como ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, secuestro equiparado y delincuencia organizada.

En ese tiempo abandonó sus estudios. La depresión la había invadido. Estaba agotada de tener que probarle a lo jueces y a la sociedad que no mentía: “Había una carga extra por ser mujer, era muy revictimizante”. Su vida estuvo en pausa durante una década, cuenta ahora, sentada en uno de los sofás de la sede del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la organización que le ha dado acompañamiento legal a las víctimas, cerca del centro de Ciudad de México. “Me costó muchísimo trabajo todo porque estaba aferrada a querer ser lo que fui, y eso era imposible”.

En 2016, su vida se comenzó a acomodar nuevamente. Después de marchar con otras víctimas durante el décimo aniversario de Atenco, quedó con una amiga para tomar un café. Las dos habían sido detenidas pero nunca habían hablado de lo que pasó. Claudia solo recuerda que, en medio del terror, se concentró en buscar los zapatos de su compañera para saber que estaba viva. Esa charla, larga y tendida, la ayudó a cerrar ese capítulo: “Ya no somos esas grandes activistas que querían cambiar el mundo, pero estamos construyendo algo desde otra trinchera”.

Edith Rosales, 67 años: “Yo ya tenía una vida hecha, pero el tiempo lo cura todo”

Cuando habla de lo que pasó, Edith Rosales nunca dice “Atenco” o “el caso Atenco”, sino “la mayor injusticia del mundo”. Es más largo, pero para ella es la frase más exacta para definirlo. Está vestida con una blusa típica con bordado de flores en el pecho. Sus lentes descansan en el cuello de la prenda y la fuerza de sus palabras desborda la habitación.

Rosales fue detenida después de que llegara al municipio como parte de una brigada médica de auxilio. Era trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Hoy está jubilada. Tuvo la fortuna de recuperar su empleo tras salir de la cárcel, dos años después.

Tenía 52 años cuando la arrestaron, golpearon y agredieron sexualmente durante el trayecto al penal de Santiaguito. Se levanta el flequillo para mostrar una cicatriz que se ve fácilmente a más de dos metros: “Las otras no las enseño porque tengo cabello”. Con un tono cada vez más bronco, la extrabajadora del IMSS se sincera: “Para mí, en lo personal, el proceso ha sido difícil porque ya tenía una vida hecha. Tenía una familia… pero el tiempo lo cura todo”.

La solidaridad que encontró en distintos colectivos y movimientos sociales fue su combustible para seguir. No es muy optimista, pero espera que pronto se sepa quiénes dieron la orden de lo que pasó la noche de su detención. Sabe que nunca podrá cerrar el círculo por completo, pero cree que sentirá algo parecido al optimismo cuando vea a sus agresores en prisión y se asegure de que nadie más pase por lo mismo: “Tenemos que sentar un precedente, esto debe parar”.

Bárbara Italia Méndez, 42 años: “Atenco me demostró mi verdadera fuerza interna”

La mañana del 4 de mayo de 2006, los policías sacaron a Italia Méndez de una casa en donde se refugió de los gases lacrimógenos. Ella era alumna de Estudios Latinoamericanos en la UNAM y en ese momento trabajaba con una ONG que atiende a niños en estado de vulnerabilidad. Había ido precisamente para documentar la muerte de Javier Cortés Santiago, de 14 años, que falleció cuando recibió un disparo, presuntamente de la policía.

No conocía a ninguna de las más de 20 mujeres detenidas, pero la sororidad nació en la cárcel. Su vocación como activista la acercó a sus compañeras de celda y constantemente preguntó por todas las que estaban heridas. Según recuerda, los doctores nunca las atendieron y, de acuerdo con la sentencia de la CIDH, los médicos legistas se burlaron de ellas. “Yo sabía que el sistema patriarcal existía pero en mi propia realidad, como universitaria en Ciudad de México, no era capaz de percibirlo”, dice. Los últimos 15 años la han fortalecido hasta llegar a niveles que la han sorprendido: “Para bien y para mal, [Atenco] ha sido la experiencia de mi vida. Me demostró mi verdadera fuerza interna”.

Entre la inoperancia del sistema jurídico mexicano, la sensación de impunidad al saber que los agentes están en libertad y la actitud de la Fiscalía del Estado de México, que aún no ha entregado el expediente del caso, Méndez decidió cambiar su rumbo. Ahora está por terminar la carrera abierta como abogada. Quiere enfocarse en la asistencia de víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Norma Jiménez, 38 años: “Ser víctima no es una identidad, sino un momento”

La revictimización no solo está en los tribunales. También está presente en la sociedad. Norma Jiménez lo sabe. Con una blusa negra, cubrebocas quirúrgico y lentes de pasta rosa, toma un té y habla con voz suave. “Sentí mi identidad arrebatada”, dice. Tenía solo 23 años cuando fue detenida. Estudiaba Artes Plásticas en el Instituto Nacional de Bellas Artes.

Fue acusada, como casi todas, de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, secuestro equiparado y delincuencia organizada. Pasó un año entre rejas. Terminó su carrera después de salir de prisión. En la Escuela pasó momentos incómodos. No encontró solidaridad, sino la mirada cargada de prejuicios de muchos: “Me lo pasé muy mal. Es como una onda expansiva que afecta muchos aspectos de tu vida. Pasa por tu pareja, tus amigas, tu familia…”. Jiménez notó de inmediato que dar un paso al frente y denunciar iba a ser mucho más costoso de lo que creyó por tratarse de una tortura sexual.

De hecho, eso la distanció un tiempo de su padre. A él no le gustaba nada que contara públicamente lo que le hicieron los policías: “Hablar de sexualidad es un tabú para las mujeres. Y hablar de violencia sexual conlleva un peso muy grande”.

Norma recuerda los momentos clave del proceso legal en forma de eventos de su vida a los que no pudo asistir. Para ella una de las cosas más difíciles en este trayecto ha sido algo mucho más personal: “Te replanteas muchas cosas de tu plan de vida. Qué quieres estudiar, en qué quieres trabajar… Incluso anulas la idea de tener hijos”. Una de sus batallas internas más fuertes fue la de redefinirse como persona. Sabía que ser víctima o superviviente no significaba algo malo en esencia, pero tampoco le agradaba que esa fuera su etiqueta el resto de la vida. Reflexionar sobre lo que le pasó, pero en especial, sobre lo que significa la batalla jurídica que emprendió con las otras nueve mujeres, hizo que diera con la respuesta: “Ser víctima no es una identidad sino un momento específico que pasé. A partir de ahí, yo decido todo lo demás”.

— ¿Y cuál es tu identidad?

— Soy artista. Soy un poquito de todas esas mujeres que me han acompañado en este camino.

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Para romper el techo de cristal se debe impulsar la visibilización, capacitación y brindar mentorías a las mujeres dentro del sector energético

El sector energético aún enfrenta un reto muy grande relacionado con la desigualdad de género, por lo que es necesario comunicar a las personas la importancia de la inclusión e impulsar la visibilización de las mujeres dentro del sector, consideraron expertas dentro de la industria fotovoltaica.

¡Iniciamos! Únete al webinar "El rol de las mujeres en la energía fotovoltaica", regístrate aquí: https://t.co/SveYACmeu8 pic.twitter.com/DpdKSYbNUk

— RE+ MEXICO (@SolarPowerMx) September 9, 2021

Durante el foro “El rol de las mujeres en la energía fotovoltaica” Karla Cedano, presidenta de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), apuntó que es necesario que las mujeres comience a trabajar en redes para poder desarrollarse mejor dentro de la industria.

Asimismo, indicó que para poder romper el techo de cristal, es importante visibilizar, capacitar y brindar mentorías a las mujeres con el fin de atraer a más interesadas en el sector energético. “La diversidad nos hace más fuertes, mucho más brillantes y más capaces”, añadió.

Por su parte, Nadege Richard, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Empresas de Eficiencia Energética (Ameneer), consideró que si bien México tiene la misma tendencia que se ve en el resto del mundo en cuanto a la participación de mujeres en los sectores energético y de eficiencia, aún hay un largo camino por recorrer, especialmente al hablar de la brecha salarial.

Acoso sexual, el elefante blanco de la industria fotovoltaica

En tanto, Sandra Caballero, coordinadora general y fundadora de la Red Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética (Redmeree), recordó que de acuerdo con el mapeo de empresas fotovoltaicas inclusivas, solo 18% de las personas instaladoras son mujeres; y solo 29% de las empresas tienen políticas inclusivas.

Además, también resaltó que el gran elefante blanco que hay dentro de la industria fotovoltaica es el acoso sexual en campo. “Hay mujeres que han afrontado estos problemas y que desincentivan a otras a desarrollarse en la industria fotovoltaica”, denunció.

“El sector es un nicho vibrante con muchas oportunidades. Ya empezamos ese cambio de paradigma para que las mujeres se posicionen en el sector y se puedan empoderar a través de la capacitación”, apuntó. 

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Cifras de ONU destacan que por cada dólar que gana un hombre, una mujer percibe 77 centavos de dólar en el mundo.

Los días 18 de septiembre las Naciones Unidas conmemoran el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Al respecto, la ONU destaca cuatro datos clave para dimensionar el reto mundial en esta materia, y el cual forma parte de los compromisos incluidos en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

1) Por cada dólar que gana un hombre, una mujer percibe 77 centavos de dólar, por un trabajo igual; es decir, la brecha salarial promedio mundial es de 23%. La brecha, sin embargo, es aún mayor para las mujeres que laboran y que tienen hijos.

2) Al ritmo que se ha avanzado en las últimas décadas, se requerirían 275 años más para cerrar la brecha salarial promedio mundial entre mujeres y hombres.

3) Los empleos a los que tienen acceso las mujeres son no sólo de menor remuneración, sino de menor cualificación laboral, tienen menos acceso a la seguridad social y además se registra una baja participación en las estructuras de toma de decisiones tanto en el sector público como en el privado.

4) Las mujeres realizan, en promedio, al menos dos veces y media más trabajo doméstico no remunerado y de cuidado en los hogares, respecto de lo que realizan los hombres.

INGRESO LABORAL DESIGUAL

Frente a lo anterior, es importante destacar que en México hay una persistente desigualdad, tanto en las posibilidades de acceso al trabajo digno como en el ingreso que se obtiene por el trabajo que se desempeña. Desde esa perspectiva, es importante destacar que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en nuestro país, en el segundo trimestre de 2021, el 16.4% de las mujeres ocupadas tenían ingresos inferiores al valor de la canasta alimentaria, mientras que, entre los hombres, el porcentaje fue de 10.4% de quienes estaban ocupados en el periodo referido.

Asimismo, en términos monetarios, el ingreso laboral real de las mujeres ocupadas fue de 3,803.92 pesos mensuales, frente a un ingreso de 4,755.36 pesos mensuales. Lo anterior significa que, al día, las mujeres ocupadas reciben 126.79 pesos diarios reales, frente a 158.5 pesos por día por cada uno de los hombres con ocupación laboral.

DIMENSIONAR LAS DESIGUALDADES

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 21.66 millones de mujeres ocupadas, y 33.57 millones de hombres en la misma situación. De esas cifras, destacan las notables diferencias en lo que al nivel salarial que obtienen.

En efecto, entre las mujeres, hay un 6.1% que no recibe ingresos por el trabajo que desarrolla; hay también un 32.9% que recibe ingresos de hasta un salario mínimo; un 33.45% cuyos ingresos oscilan entre uno y dos salarios mínimos mensuales; el 10.3% obtiene más de dos, pero menos de tres salarios mínimos; el 4.7% obtiene más de tres, pero menos de cinco salarios mínimos; mientras que únicamente el 1.5% de las mujeres ocupadas percibe más de cinco salarios mínimos. El 11% restante no especifica su nivel de ingresos.

En contraste, entre los hombres el 5.1% no percibe ingresos; el 21.1% obtiene ingresos de hasta un salario mínimo; el 36.7% gana entre uno y dos salarios mínimos; el 15% tiene ingresos entre dos y tres salarios mínimos; el 7.3% gana de tres a cinco salarios mínimos; mientras que el 2.6% alcanza más de cinco salarios mínimos al mes. El 12.1% restante no especifica sus ingresos.

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La brecha de género se amplía: 54% de las mujeres líderes se sienten exhaustas
Las mujeres en puestos de liderazgo tienden también a ser “las únicas” mujeres de sus oficinas, por lo que se sienten presionadas a estar siempre disponibles durante esta pandemia.

El 54% de las mujeres líderes reportaron sentirse exhaustas por tratar de cumplir en su trabajo, su casa y con el cuidado de sus hijos durante esta pandemia. Este factor, junto con la brecha de género en la promoción laboral alejan a las mujeres de los puestos directivos.

El reporte Women in the Workplace, elaborado por McKinsey & Company , dio a conocer las dificultades de las mujeres para acceder y mantener un puesto de liderazgo. Aquí te presentamos los datos más interesantes.

Por cada 100 hombres promovidos o contratados en su primera posición de liderazgo solo 72 mujeres tienen la misma oportunidad. Esto se debe a la brecha de género que existe al inicio de la carrera laboral. Cerrarla implicaría agregar a un millón de mujeres en cargos directivos en los próximos cinco años.

Otro factor que influye en el menor porcentaje de mujeres en puestos de liderazgo es el trabajo desde casa que han llevado a cabo durante esta pandemia.

“Las madres están claramente preocupadas por cómo este sesgo podría afectar sus carreras durante la pandemia por Covid-19. Tienen más del doble de probabilidades que los padres de preocuparse de que su desempeño sea juzgado negativamente por sus responsabilidades de cuidado” .

Women in the Workplace

El 17% de las madres trabajadoras piensan en reducir sus horas de trabajo o cambiarlo por un trabajo menos demandante a causa de sus responsabilidades con sus hijos. Mientras que solo el 9% de los padres lo ha considerado.

Las mujeres en puestos de liderazgo tienden también a ser “las únicas” mujeres de sus oficinas, por lo que se sienten presionadas a estar siempre disponibles durante esta pandemia.

“Las mujeres que son “las únicas” son más propensas, que las que trabajan con otras mujeres, a sentirse presionadas para trabajar más y a experimentar microagreciones, incluida la necesidad de dar pruebas adicionales de su competencia”.

Women in the Workplace.

Toda la información e imágenes son de FORBES.
Link original: https://www.forbes.com.mx/forbes-women-brecha-genero-covid-19-puestos-liderazgo/