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Hay vida más allá de la menopausia. Y “buena vida”, conviene la psicóloga feminista Anna Freixas (Barcelona, 77 años). La pensadora, catedrática de Psicología ya jubilada, acaba de actualizar, 17 años después de su publicación (en Paidós), el libro Nuestra Menopausia, una versión no oficial (Capitán Swing, 2024), donde fija su mirada crítica sobre la percepción sociocultural de esta etapa de la vida y desmonta mitos, estigmas y tabúes….

La equidad en salud es un imperativo ético y social que, lamentablemente, no siempre se refleja en la realidad, especialmente cuando se trata de la salud de la mujer. A lo largo de los años, se ha identificado una serie de brechas preocupantes que persisten en el ámbito de la salud de la mujer, teniendo consecuencias profundas no sólo en los niveles de bienestar, sino también en el desarrollo económico de las sociedades. Factores socioeconómicos, culturales, entre otros, contribuyen a esta disparidad. Comprender las causas de estas brechas, sus impactos y trabajar en soluciones integrales es fundamental para construir un futuro más equitativo, saludable y de mayor bienestar.

Un reciente estudio de enero de 2024 del World Economic Forum (“WEF”) en colaboración con McKinsey Health Institute titulado “Closing the Women’s Health Gap: A $1 Trillion Opportunity to Improve Lives and Economies” (Cerrar la brecha sanitaria de las mujeres: una oportunidad de un billón de dólares para mejorar vidas y economías), advierte que las mujeres enfrentan un 25% más del tiempo con “mala salud” que los hombres (técnicamente denominados AVAD en español, es decir, años de vida ajustados por discapacidad, o DALYs en inglés). Concluye que invertir en cerrar las brechas en salud de la mujer, no sólo puede sumar años de vida a ellas, sino que sean más sanos, pudiendo adicionar potencialmente a la economía mundial, 1 billón de dólares anuales de aquí a 2040.

Ese mismo estudio entiende que la salud de la mujer abarca tanto las afecciones específicas de cada sexo (por ejemplo, endometriosis y menopausia) y enfermedades generales que pueden afectar a las mujeres de forma diferente (mayor carga de morbilidad) o desproporcionadamente (mayor prevalencia), como la migraña (2 a 3 veces más) o problemas de salud mental, como depresión (casi el doble). Otros estudios han concluido que existen diferencias significativas también en problemas de la visión, movilidad, dolor y sueño, así como en relación a la angina de pecho y la artritis.

Por otro lado, el referido estudio del WEF atribuye las indicadas brechas en salud entre hombres y mujeres, a que (a) la ciencia, en general, y los estudios clínicos, en particular, se ha centrado más en el organismo masculino, subrepresentando al femenino (existen opiniones divergentes al respecto), lo que dificulta la comprensión de las diferencias biológicas basadas en el sexo, y lleva a que existan menos tratamientos disponibles y/o que sean menos eficaces para las mujeres; (b) la carga de enfermedades de las mujeres es sistemáticamente subestimada, ya que se utilizan datos que la excluyen o infravaloran enfermedades importantes; (c) las mujeres tienen más probabilidades de retrasos en la atención sanitaria, diagnóstico y/o tratamientos; y (d) se ha invertido menos en problemas de la salud de la mujer, en relación con su prevalencia. Dicho estudio propone finalmente medidas para ir cerrando las indicadas brechas y así poder generar más salud y beneficio económico para la sociedad en su conjunto.

Entre ellas, están invertir en programas educativos que aborden los estigmas relacionados con la salud de la mujer y que proporcionen información precisa sobre la salud reproductiva y otras cuestiones específicas de género, lo que tiende a generar conciencia pública y a romper barreras culturales y sociales. También, se propone garantizar un acceso equitativo a servicios de salud, y así la expandir la atención prenatal, servicios de planificación familiar, exámenes de detección y tratamientos especializados para abordar las necesidades específicas de las mujeres. Finalmente, se recalca la importancia de promover la inclusión de mujeres, en la proporción adecuada (representan el 30% de los participantes en estudios de enfermedades cardíacas), en estudios clínicos y de investigación para garantizar que los tratamientos sean efectivos y seguros para ambos géneros, además de centrarse no sólo en patología con alta mortalidad, sino que también en aquellas que generan discapacidad. Esto conducirá, según el referido estudio, a avances médicos más equitativos y personalizados.

Otro ángulo importante identificado por otros estudios, y que también es causante de las brechas en salud de las mujeres, es la participación desigual de ellas en el mercado laboral y las diferencias salariales, en comparación con los hombres. Menores ingresos, en tanto determinante sociales de la salud, tienen un impacto directo en su capacidad para acceder a servicios de salud. Las mujeres con bajos ingresos, a menudo postergan la búsqueda de atención médica debido a barreras financieras, lo que puede resultar en diagnósticos tardíos y tratamientos menos efectivos.

Cerrar las brechas en salud de la mujer, no solo es, por tanto, un imperativo ético, sino también una inversión en el bienestar y en desarrollo económico para la sociedad en su conjunto. Todavía nos falta mucho por entender e investigar sobre sus causas, consecuencias y posibles soluciones, pero al menos ya existen importantes voces que han puesto esta discusión sobre la mesa. Ahora es responsabilidad de los gobiernos, la academia y de la sociedad civil, seguir profundizando esta discusión y tomar las acciones adecuadas, a fin de intentar prevenir los problemas de salud de la mujer y, sino es posible, diagnosticarlos y tratarlos oportunamente.

La presente columna ha sido elaborada en colaboración con el Dr. Guillermo Maligne, médico psiquiatra, farmacólogo y experto en investigación clínica.

*El autor es experto en políticas públicas en salud, Director de la Asociación Chilena de Derecho de la Salud, ha sido académico en diversas universidades chilenas sobre temas relacionados con sistemas de salud.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, a celebrarse el 11 de febrero, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a pesar de que los campos STEM señala que en el mundo hay 33.3% de investigadoras y solo 35% de los estudiantes de carreras relacionadas con esas áreas, son mujeres.

Y para conmemorar esta fecha, el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, llevó a cabo  —por quinto año consecutivo— una serie de actividades previas que incluyeron charlas con científicas, quienes compartieron su quehacer en la investigación, además de talleres, conferencias y visitas a laboratorios, actividad dirigida, principalmente, a niñas y jóvenes de bachillerato.

Además, se llevó a cabo la premiación del concurso Cuéntanos sobre tu científica favorita 2023, donde los menores, mediante un video, historieta, infografía o cualquier otro medio,
expusieron acerca de las mujeres de ciencia que son sus referentes.

Mientras tanto la directora del ICN, María del Pilar Carreón Castro, mencionó que la ciencia carece de género y no hay razón alguna para dejar fuera a las mujeres. En ese campo, en tecnología, ingeniería y matemáticas no hay actividades que sean propias de hombres o de ellas, sino problemas que pueden ser resueltos por los seres humanos, afirmó.

Por ello, cada vez que se impide a una niña o joven dedicarse a estos ámbitos, se pierden manos y cerebros que podrían trabajar de manera coordinada con los varones, se desaprovechan talentos y aportaciones al desarrollo y al avance del conocimiento, puntualizó Carreón Castro.

Según la Organización de las Naciones Unidas, las mujeres suelen recibir becas de investigación más modestas que sus colegas masculinos y representan únicamente 12 por ciento de los miembros de las academias científicas nacionales. En ámbitos de vanguardia como la inteligencia artificial, sólo uno de cada cinco profesionales (22%) es mujer.

Sin embargo, las mujeres han resultado brillantes en este campo, ya que, hasta ahora, 24 han sido galardonadas con un premio Nobel en una disciplina científica: física, química o fisiología y medicina.

Carreón Castro explicó que para incrementar su presencia en STEM hay que comenzar por el concepto que tienen las niñas y las adolescentes de sí mismas.

La persona a la que debemos convencer primero es a la que está frente al espejo. Tienes que verte y decirte que eres capaz, que tú puedes”, puntualizó.

Aunque reiteró que eso no es suficiente, “ya que es necesario trabajar en un trinomio que incluye a los profesores y padres de familia, ya que con frecuencia son quienes piensan que sus hijas no pueden dedicarse a esa actividad”.

La directora enfatizó que la brecha todavía es bastante amplia, y aún persisten ciertos estereotipos y prejuicios que se deben eliminar.

La violencia de género en México es una de las problemáticas más persistentes: 7 de cada 10 mujeres han enfrentado algún tipo de agresión por razón de género, desde manipulación, insultos, violencia económica, golpes, abuso sexual, hasta intentos de feminicidio.

Como parte de las estrategias de política pública para frenar la violencia de género se crearon en 2010 los Centros de Justicia para las Mujeres, a cargo de la Conavim (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres). Al corte del 2022 se registraron 65 unidades repartidas en todo el país.

La violencia física y la violencia psicológica son las más reportadas por las mujeres que acuden a estas unidades a pedir ayuda: 6 de cada 10 (57.7%) mujeres atendidas llegaron por dichas agresiones, de acuerdo con cifras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

Un 4.6% de las mujeres que acuden a estos centros reportaron violencia sexual, 4.4% violencia económica y 2.4% violencia patrimonial. Resalta que el 31% restante son mujeres que no especificaron el tipo de violencia que enfrentan.

En línea con otras estadísticas oficiales sobre violencia de género, se observa que en la mayoría de los casos el agresor es alguien cercano a las mujeres, particularmente las parejas.

Del total de casos que atienden estos refugios, al menos, en el 28% la pareja (cónyuge, concubino, novio o ex pareja) es quien perpetra la violencia. Otros de los agresores que mencionan las mujeres son los padres, abuelos, vecinos, parientes segundos, colegas o jefes del trabajo e incluso servidores públicos.

En los reportes de agresores también destaca que, por motivos individuales, las mujeres que van a estas unidades a pedir ayuda prefieren omitir el parentesco o relación que tienen con sus agresores. Estos reportes no especificados concentran el 44.3% del total.

¿Qué son los Centros de Justicia para las Mujeres?

Los Centros de Justicia para las Mujeres son una especie de refugio para las mujeres y sus hijos e hijas que han sobrevivido a algún tipo de violencia de género. Brindan atención psicológica y médica, guía jurídica, alimentos, productos de higiene, ludotec, albergue temporal y otros servicios.

También ofrecen talleres de empoderamiento social y económico para ayudar a las mujeres a salir de círculos y dinámicas violentas.

No existen requisitos para recibir la ayuda de estos centros, no tienen costo y están abiertos los 365 días del año, las 24 horas.

¿A quiénes atienden?

Entre 2012 y 2022, estos centros atendieron a 967,920 mujeres y casi 96% de ese total fueron mujeres que acudieron directamente a las unidades a buscar ayuda. El restante fueron mujeres canalizadas por otras instituciones o encontradas en situaciones de violencia por otras autoridades.

De acuerdo con la información recolectada y procesada por el Inegi se observó que la mayoría de las mujeres que son atendidas en estas unidades son adolescentes y adultas jóvenes. El 57.2% del total tienen entre 15 y 44 años.

Muchas mujeres no especifican toda la información social, económica y demográfica en sus reportes, no están obligadas a hacerlo. Pero entre las mujeres que brindan esta información se observa que la mayoría están casadas o en unión libre, y cuentan con estudios hasta secundaria y bachillerato.

Aunque se ha visto un crecimiento importante de la capacidad de estas unidades, es importante mencionar que muchas mujeres no tienen la posibilidad de pedir ayuda (por cuestiones de violencia, dinero o ubicación). Es fundamental extender los servicios de prevención y atención, principalmente en zonas marginadas y entre poblaciones vulnerables.

Al menos 21 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Colombia en enero de este año, informó este miércoles la Procuraduría General (Ministerio Público), que calificó el comienzo de año en el país para las mujeres como «violento» y pidió acciones ante esta lacra.

Dos de las víctimas eran menores de edad y 11 de ellas fueron asesinadas por su pareja o expareja sentimental. Los datos de la Procuraduría indican que la mayoría de los crímenes fueron cometidos con arma blanca o punzante.

En lo que va de 2024 el Ministerio Público ha emitido 84 alertas derivadas de valoraciones por Medicina Legal por violencia intrafamiliar o de pareja, mientras que en todo 2023 emitió 848 alertas.

En este contexto, el ente de control le pidió al Ministerio de Igualdad y Equidad «referir cuáles han sido las gestiones de la cartera ministerial para garantizar los derechos de las niñas y mujeres a una vida libre de violencias y en riesgo de feminicidio, compromiso que demanda acciones inmediatas frente al alarmante inicio de año en materia de violencia contra la mujer en el país».

Por eso, urgió a la ministra de Igualdad y Equidad, la también vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, a «informar a la Procuraduría las acciones y el avance de los cumplimientos adquiridos para la prevención y el abordaje de la atención oportuna a las víctimas de feminicidios y la eliminación de todas las formas de violencias contra las niñas, adolescentes y mujeres».

En situaciones de emergencia para víctimas de violencia machista o para reportar un caso, está disponible en Colombia la línea 155, que funciona las 24 horas bajo reserva y de forma gratuita, donde personal especializado pueda dar información sobre cómo actuar en estos casos, orientación psicosocial y jurídica y dirigir posibles denuncias a la Policía Nacional. EFE

“Una niña sin circuncidar tendrá un deseo excesivo y corre el riesgo de perder su virginidad muy pronto. Las niñas que no están circuncidadas son consideradas ‘sucias’, no son limpias según la religión. No tendrán marido, sufrirán burlas, serán una deshonra para su familia”. Así relata Koura Diallo, agricultora de la comuna de Sansankidé (al oeste de Malí), la presión social que existe para someter a las niñas a la mutilación genital femenina (MGF).

Lo que se esconde tras esta práctica patriarcal son consecuencias nefastas para su salud: dolor, hemorragias, infecciones, fístulas, partos complicados y traumas psicológicos.

Actualmente no existe ninguna ley en Malí que criminalice específicamente la mutilación genital femenina. La falta de legislación y la presión social hacen que sea muy difícil terminar con esta práctica en este país de 22,5 millones de habitantes, donde casi ocho millones de niñas y mujeres han sido sometidas a este procedimiento. Pero, aun con el riesgo del estigma social, hay mujeres que desafían la tradición.

La MGF es solo una de las violencias machistas que sufren las mujeres en Malí, y que tienen graves consecuencias para sus vidas, su educación y su autonomía. Dolo Oum Jomele dirige Iamaneh Malí, una asociación que promueve el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y también la autonomía económica de las mujeres, desafiando las tradiciones y normas sociales. “Hacemos un trabajo de sensibilización a todos los niveles para acabar con las llamadas ‘prácticas tradicionales nefastas’, que son aquellas costumbres que violan los derechos humanos, especialmente de las mujeres y las niñas. Hablamos de la mutilación genital femenina, pero también del matrimonio infantil, el matrimonio forzado o la violencia doméstica”, cuenta la directora. Iamaneh, con el apoyo de Farmamundi, capacita al personal sanitario de la región de Kayes y mejora las instalaciones de los centros de salud para prevenir y atender las complicaciones de salud derivadas de la mutilación.

Hinda Keita es matrona del Centro de Salud Comunitario de Diema, donde ve cada día los riesgos de parir con MGF, tanto para la madre como para el bebé. Por eso, Keita está muy implicada con la sensibilización a la comunidad. “La gente cree que la mutilación es una obligación prescrita en el Corán, pero no existe ninguna mención. Tratamos de convencer a las mujeres y sus maridos para que no sometan a sus hijas a esta práctica, y evitar muchas muertes innecesarias”, cuenta la matrona.

El uso de métodos anticonceptivos es otro de los puntos clave de la sensibilización, ya que la falta de planificación familiar también afecta a los derechos de las mujeres: altas tasas de fecundidad, alto riesgo de mortalidad materna y una baja esperanza de vida. Mariame Soucko, del grupo de mujeres de Sansankidé, explica las dificultades que tienen para acceder a la planificación, y que tienen que ver —una vez más— con los roles de género y el machismo. “Muchas mujeres del pueblo tienen a sus maridos en el extranjero. Si su marido no está presente, a la mujer le dará vergüenza pedir información sobre planificación familiar. Y si intentan hablarlo con él, inmediatamente pensará que quieren engañarlo”, explica.

El resultado de estas acciones empiezan a reflejar un cambio en las mujeres, sobre todo en la libertad a la hora de denunciar las violaciones de derechos de las mujeres, algo que antes era tabú. Existen comités comunitarios contra las “prácticas tradicionales nefastas” y se realizan campañas y talleres en las que participan mujeres y hombres de todas las edades, incluyendo a los líderes locales.

Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres en Malí inciden en la necesidad de contar con una ley que prohíba la MGF, ya que el cambio legal ayudaría al cambio social. Malí ha ratificado varios pactos internacionales que le compromete a tomar medidas para erradicar la mutilación genital femenina, como el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) o el Protocolo de Maputo. Sin embargo, todos los intentos de la sociedad civil por aprobar una ley no han prosperado.