El cáncer afecta de forma diferente a hombres y mujeres. Pero estas diferencias no siempre se reflejan en su investigación y tratamiento. Un informe publicado en la revista científica The Lancet urge a aplicar un enfoque de género interseccional en lo que respecta a esta enfermedad. La comisión encargada del informe, compuesta por un equipo internacional, propone un conjunto de 10 acciones, con la recomendación general de que el sexo y el género se incluyan en todas las políticas y directrices relacionadas con el cáncer.

“Esta comisión se creó para investigar la intersección entre las desigualdades sociales, el estatus de las mujeres en la sociedad y el cáncer”, explica por correo electrónico Karla Unger, investigadora en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Cancerología de México y una de las autoras del estudio. “Quienes ocupan los puestos de poder deciden qué se prioriza, financia y estudia”, denuncia al referirse a un sector altamente masculinizado. Aunque reconoce los avances recientes, denuncia que las mujeres con cáncer siguen experimentando “diversas formas de discriminación” que deben ser erradicadas.

El estudio se ha realizado en países con realidades muy diferentes, pero Unger cree que esto no le resta valor, sino que refuerza su tesis. La experta repite en muchas de sus aseveraciones que son situaciones que se dan “también en países de altos ingresos” para remarcar el carácter global del problema. El informe subraya que, “independientemente de la región geográfica o los recursos económicos”, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de carecer de los conocimientos y el poder para tomar decisiones informadas sobre atención médica.

El acceso a información sanitaria precisa y a los servicios de salud de calidad estarían en el centro del análisis. El informe señala que 1,5 millones de muertes de mujeres podrían evitarse mediante estrategias de prevención primaria o detección precoz, y otras 800.000 si todas las mujeres tuvieran acceso a una atención óptima para el cáncer. No especifica datos respecto a los hombres.

También analiza el rol de la mujer en la sanidad y los cuidados relacionados con el cáncer, llegando a la conclusión de que son ellas, mayoritariamente, quienes se convierten en cuidadoras no remuneradas cuando un familiar sufre cáncer. Y, por el contrario, están significativamente infrarrepresentadas como líderes en las organizaciones de investigación y políticas.

Estudios incompletos

Al hablar de cáncer y mujeres, generalmente se centra el debate en aquellos que les afectan de forma específica, como el cáncer de mama y el de útero. “El de mama es el más común y el cérvicouterino es el único cáncer completamente evitable”, señala la experta. Es normal que tengan tanto foco mediático. Pero en esta comisión se han incluido otros tipos de cáncer que afectan a ambos sexos, con la intención de identificar diferencias sociales entre estos. “Hay estudios que reportan que las mujeres son diagnosticadas en etapas más avanzadas que los hombres en cáncer colorrectal, cáncer de vejiga y cáncer del tracto urinario” explica. “También se han señalado tiempos más largos entre la presentación al médico y el diagnóstico final para mujeres en comparación con hombres para diversos tipos de cáncer: pulmón, colorrectal, de vejiga, páncreas y urotelial [de vejiga]”.

El informe hace hincapié en la necesidad de diferenciar entre género y sexo, algo que no siempre se hace. El sexo se refiere a los atributos biológicos como los cromosomas, la expresión genética o la anatomía reproductiva. El género, en cambio, es una construcción social que engloba los roles y conductas que se consideran socialmente apropiadas para mujeres o para hombres. “Estos términos no son intercambiables”, matiza Unger. “Pero en el trabajo de investigación que realizamos, la mayor parte de los datos disponibles utilizaban sexo y género de forma intercambiable, por lo general de forma binaria: masculino o femenino. Una de las principales recomendaciones que hacemos en la Comisión es asegurar la recolección de datos desagregados por sexo, género, y otros factores sociodemográficos de forma rutinaria en las estadísticas de salud”.

La doctora Elena Élez es oncóloga del Hospital Universitari Vall d’Hebron y jefa del Grupo de Cáncer de Colorrectal del Vall d’Hebron Instituto de Oncología. No ha participado en este estudio, pero su equipo ha realizado informes en la misma línea y se muestra muy de acuerdo con sus conclusiones. Destaca la amplitud del informe y el hecho de que tenga en cuenta todas las etapas, desde la investigación hasta el trato con el paciente. Élez pone dos ejemplos concretos sobre cómo diferenciar entre hombres y mujeres cuando hablamos de cáncer puede ayudar. “Por ejemplo, cuando hacemos estudios y en los modelos usamos ratoncitos”, señala en conversación telefónica. “Muchas veces los autores no se fijan en algo tan sencillo como especificar si son ratoncitos o ratoncitas. Y esto tiene un impacto muy importante. Hay diferencias en cómo afecta cada droga según el sexo”.

“Por otro lado, en los medicamentos, normalmente se dan los datos de efectos secundarios englobados. Igual lo deberíamos diferenciar entre hombres, mujeres y ver el impacto que esto tiene”, añade. Hay literatura científica que avala esta idea. Un estudio estadounidense publicado en la revista Journal Of Clinical Oncology revela que, después de recibir un tratamiento oncológico, las mujeres tienen un 34% más de riesgo de desarrollar efectos adversos sintomáticos graves que los hombres. Sobre todo, si el tratamiento es de inmunoterapia: antes de que se aprobaran fármacos como el cisplatino o el pembrolizumab, ellas tenían un 49% más de riesgo de secuelas que ellos.

“Hay un claro sesgo masculino en la manera de mirar el mundo”, apunta Ana Porroche Escudero, antropóloga e investigadora en la División de Investigación para la Salud de la Universidad de Lancaster. “Por eso celebro que el artículo mencione la importancia de investigar los factores medioambientales y laborales en la incidencia de cáncer”. A la hora de entender cómo el cáncer afecta a hombres y mujeres, hay que tener en cuenta las diferencias biológicas, pero también las ambientales. Las cargas familiares, la forma de responder al dolor, de seguir las prescripciones médicas, la frecuencia con la que se hacen revisiones.

Porroche echa en falta “mayor énfasis en denunciar el rol de los determinantes sociales de la salud en la incidencia”, pero celebra que estudios como este se centren en la intersección entre poder, cáncer y mujeres, un debate que, cree, no se ha terminado de abordar en ambientes biomédicos. “El patriarcado domina la investigación y la formulación de políticas para el cáncer”, asegura. “Los puestos de liderazgo están dominados por hombres y por el pensamiento masculino, esto se aplica a la gestión de los servicios de salud como de los equipos de investigación, comités encargados de subvencionar investigación y editar las revistas científicas”, lamenta.

La doctora Élez es menos crítica. “Por su suerte, al menos en nuestro contexto [el español], tenemos una sanidad que se intenta hacer siempre lo mejor para el paciente, que se trabaja en nivel de evidencia, y se aplica el mejor tratamiento posible al paciente”, señala. “Pero hay que entender de qué manera abordamos esto, se tiene que cambiar incluso la manera en la que hablamos”. Élez engloba además estas conclusiones en la necesidad de individualizar el tratamiento de los pacientes, “la manera de abordar el cáncer es muy distinta según cómo sea el paciente, según sea hombre o mujer, personas jóvenes o mayores”. En resumen, hay que ir hacia un tratamiento individualizado y específico.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que existió un aumento en el número de víctimas mujeres en delitos como secuestro, lesiones dolosas, trata y violencia de género.

La información sobre violencia contra las mujeres con corte al 31 de agosto del presente año detalló que existió un total de 85,667 víctimas por diferentes delitos.

De manera desagregada, se indicó que el secuestro fue el delito que tuvo un mayor incremento porcentual ya que de enero a agosto del 2023 se registró 147 víctimas, mientras que para el mismo lapso del 2022 fueron 108, es decir una diferencia de 36.1 por ciento.

El segundo delito que le siguió fue la violencia de género con un alza de 22%, para este año se registraron 4,377 víctimas y para el año pasado la cifra fue de 3,587.

El tercer delito con mayor crecimiento porcentual fue el de violencia familiar, ya que pasó de 183,758 entre enero y agosto del 2022 a 195,130 para el mismo periodo del presente año, lo que se traduce en un alza de 6.2 por ciento. En este delito el Secretariado Ejecutivo acotó que las cifras muestran delitos cometidos en contra de hombres y mujeres. No se desagrega sólo para mujeres.

Las víctimas de lesiones dolosas también registraron un incremento de 6.2%, pues para este año se registró un total de 47,028, mientras que para el 2022 se documentó un total de 45,125.

Otros delitos que registraron aumentos, pero de manera marginal fue el de trata de personas que para el presente año se registró un total de 447 víctimas, mientras que para el año pasado la cifra se ubicó en 445, es decir un alza de 0.4 por ciento.

La violación, pasó de 15,870 en el 2022 a 15,876 para el presente año, dicho de otro modo, hubo un incremento de 0.04 por ciento.

A la baja

Finalmente, los delitos que registraron descensos fue el feminicidio, entre enero y agosto sumaron un total de 572 víctimas de este delito, mientras que para el mismo lapso del 2022 fueron 637, una baja 10.2 por ciento.

Con lo que se refiere a los homicidios dolosos, las cifras del Secretariado Ejecutivo demostraron que hubo un descenso de 7.1% si se compara las cifras de este año con el anterior, pues para el primero se documentaron 1,740 y para el 2022 fueron 1,873.

Por otro lado, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano indicó que, sin duda, uno de los grandes retos aún es hacer una reforma de gran calado para la procuración y administración de justicia.

Por su parte, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, dijo que en lo que respecta a las tareas de investigación, desde las Mesas de Paz se da seguimiento a las carpetas de investigación en los casos de feminicidio y de otros delitos violentos contra las mujeres.

Las mujeres y los hombres tienen derecho a recibir una remuneración económica igualitaria, por el mismo trabajo que desempeñan; no obstante, la diferencia de salarios, también llamada “brecha salarial” sigue estando presente y lo que es peor, en algunas industrias se ha acrecentado.

Según datos de las Naciones Unidas, a nivel mundial, las mujeres ganan menos que los hombres, con una brecha salarial de género estimada alrededor del 20%, siendo una de las mayores injusticias sociales en el mundo laboral.

Además, refiere que la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas siguen estancados debido a las desigualdades históricas y estructurales en las relaciones de poder entre mujeres y hombres.

En el caso de México, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revela que el ingreso salarial promedio trimestral de los hombres fue de 29 mil 285 pesos; mientras que para las mujeres fue de 19 mil 081 pesos. Estas cifras ponen en evidencia que existe una brecha de más de 10 mil pesos al trimestre.

Cabe mencionar que en el 2020, la misma encuesta reportó que las trabajadoras ganaron en promedio 15 mil 062 pesos, mientras que los empleados del género masculino percibieron 24 mil 952 pesos. La diferencia de sueldos entre ambos grupos de trabajadores fue de 9 mil 890 pesos, cifra similar a la del año anterior.

Ambos escenarios demuestran que la brecha salarial de género se ha estancado a nivel nacional, a pesar de los esfuerzos para avanzar en el camino de la igualdad.

Desigualdad salarial, una forma de discriminación

De acuerdo con el Inegi, en agosto de este año, la tasa de participación femenina en la fuerza laboral fue del 46.6 por ciento.

Sin embargo, una mayor inclusión de mujeres en el mercado laboral, no significa que la brecha salarial de género se esté cerrando, por el contrario, como se mencionó antes, es un problema que persiste.

Las diferencias salariales a las que se enfrentan las mujeres han sido estudiadas por diversas organizaciones, desde diferentes perspectivas, y es considerada incluso, como una violación a los derechos humanos de las mujeres basada en discriminación de género.

Es importante mencionar que la brecha salarial es un problema que también impacta a las personas que tienen alguna discapacidad; al igual que a los grupos pertenecientes a alguna etnia.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el ingreso promedio trimestral de las personas con alguna discapacidad fue de 16 mil 592 pesos; en tanto que entre las personas que tienen una deficiencia visual, el ingreso fue de 17 mil 272 pesos.

De igual manera, entre los trabajadores que presentan una dificultad para aprender, recordar o concentrarse, fue de 13 mil 118 pesos y quienes tienen dificultades para comunicarse percibieron 11 mil 144 pesos.

Por otra parte, las personas consideradas indígenas, percibieron un ingreso promedio trimestral monetario de 18 mil 428 pesos; es decir, 24.5% por debajo del promedio nacional.

En el caso de las personas que hablan alguna lengua indígena, el ingreso trimestral promedio fue de 13 mil 708 pesos; lo que evidencia que la brecha salarial si está relacionada con la discriminación por condición de raza, género, idioma, religión, origen social, discapacidad, edad, orientación sexual, entre otras.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) disminuyó en 4 centímetros la estatura mínima que se pide a las mujeres que quieran ingresar al Ejército para laborar en sus unidades, dependencias e instalaciones.

En un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación se modificó el inciso C de la fracción IX del artículo 17 del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, para fijar en 1.56 metros la estatura mínima que se requiere para formar parte del personal femenino que realiza labores operativas en estas fuerzas armadas.

La última reforma a este artículo, publicada el 24 de marzo de 2014, fijaba este requisito en 1.60 metros, sin embargo, el reglamento original, expedido en 2005, pedía a las reclutas una estatura mínima de 1.55 metros.

El decreto publicado este lunes está firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por el titular de Sedena, Luis Cresencio Sandoval González, y entrará en vigor a partir del martes 26 de septiembre.

El mensaje de texto que Cynthia Menchaca recibió este verano era del tipo que veía cada vez más y más: una mujer que vivía en Texas decía que había dejado una relación violenta solo para descubrir que estaba embarazada y que quería desesperadamente un aborto. La mujer se había enterado de que Menchaca podía enviarle pastillas abortivas desde México, donde el procedimiento ha sido despenalizado en varios estados.

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No obstante, la creciente demanda estadounidense de servicios de aborto no se limita a la entrega de medicamentos, según defensoras como Menchaca, que vive en el estado de Coahuila, en el noreste de México.

Clínicas en Tijuana y Ciudad de México, así como activistas en la ciudad de Hermosillo, al noroeste, dicen haber visto a mujeres cruzar la frontera desde Texas, Luisiana y Arizona en busca de acceso al aborto.

“Antes, las mujeres de Sonora acudían a Estados Unidos para acceder a abortos en las clínicas”, dijo Andrea Sánchez, una activista por el derecho al aborto, refiriéndose al estado mexicano que limita con Arizona. “Ahora las mujeres de Estados Unidos vienen a México”.

Más de un año después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roe contra Wade, los activistas mexicanos por el derecho al aborto han visto un aumento de mujeres estadounidenses que cruzan la frontera para solicitar abortos, un movimiento que es señal de las políticas cambiantes de dos naciones que alguna vez mantuvieron posiciones muy diferentes sobre el procedimiento.

El aborto estuvo penalizado en México y gran parte de América Latina durante décadas con pocas excepciones, mientras que en Estados Unidos, el fallo Roe contra Wade de 1973 estableció un derecho constitucional al aborto.

Hoy, la Corte Suprema de México ha despenalizado el aborto en todo el país, haciéndolo legalmente accesible en instituciones federales y eliminando las sanciones federales para el procedimiento. Doce de los 32 estados del país también han despenalizado el aborto, y las activistas dicen que hay un ímpetu renovado para presionar a los funcionarios locales en los estados restantes.

En comparación, más de 20 estados estadounidenses actualmente prohíben o restringen el procedimiento después de las 18 semanas de embarazo o antes, y 14 estados prohíben completamente el procedimiento en casi todas las circunstancias.

Las activistas mexicanas, anticipando que la Corte Suprema podría revocar a Roe cuando aún estaba sopesando el caso, comenzaron a organizarse y establecieron un sistema clandestino, enviando miles de pastillas al norte y ayudando a las mujeres a viajar hacia el sur a través de la frontera. Dicen que las restricciones que por tanto tiempo existieron en América Latina las prepararon para manejar la actual afluencia de demanda.

“Obviamente, nosotras hace años ni pensábamos en un trabajo con Estados Unidos”, dijo Verónica Cruz, quien hace 20 años ayudó a fundar la organización por los derechos reproductivos Las Libres.

Añadió: “Pero frente a la emergencia, a las restricciones y teniendo nosotras un modelo, los recursos, como son las pastillas, y con nuestro territorio que va avanzando, pues era eso: había que construir esa solidaridad internacional”.

Verónica Cruz, quien ayudó a fundar una organización de derechos reproductivos en México, dijo que ha ayudado a aproximadamente 20.000 mujeres estadounidenses en 23 estados a conseguir píldoras abortivas.Credit…Marian Carrasquero para The New York Times

Inicialmente, Cruz planeó ayudar a transportar a mujeres de Estados Unidos a México, pero descubrió que era una carga económica muy grande tanto para su organización como para quienes buscaban abortos. En cambio, se ha concentrado en enviar mifepristona y misoprostol, el régimen de dos medicamentos para interrumpir un embarazo, al otro lado de la frontera para las mujeres estadounidenses, particularmente a aquellas que viven en estados que prohíben el procedimiento o prohíben a los proveedores recetar las píldoras.

En estudios estadounidenses, la combinación de estas píldoras provoca un aborto completo en más del 99 por ciento de las pacientes, y es tan segura como el procedimiento de aborto tradicional administrado por un médico en una clínica. Cada vez más evidencia procedente del extranjero sugiere que las píldoras abortivas son seguras, incluso entre mujeres que no tienen un médico que las aconseje.

Desde la revocación de Roe, Cruz dijo que ha ayudado a aproximadamente 20.000 mujeres en 23 estados a obtener las píldoras abortivas. Dijo que continuará ayudando a estas mujeres, incluso cuando ciertos estados tomen medidas para penalizar a quienes colaboren con los abortos.

Cruz dijo que creía que el régimen de dos medicamentos ha mejorado el acceso al aborto tanto en México como en Estados Unidos y, como resultado, ha proporcionado un medio para combatir la mortalidad materna.

Las activistas involucradas en el envío de las píldoras a Estados Unidos se negaron a especificar sus métodos de envío y entrega, aunque la mayoría dijo que está coordinando con activistas al otro lado de la frontera. Una organizadora en México, que solicitó el anonimato por temor a represalias, dijo que oculta el medicamento en accesorios electrónicos, ropa, peluches de animales o suplementos dietéticos cuando lo envía a estados que lo restringen.

Si bien la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por su sigla en inglés) dijo que los fármacos abortivos se pueden entregar por correo, varios estados prohibieron este método de envío o exigen que los proveedores los entreguen en persona.

Carol Tobias, presidenta del Comité Nacional por el Derecho a la Vida, uno de los grupos antiaborto más grandes de Estados Unidos, dijo que no le sorprendía que las mujeres viajaran a México para abortar. Históricamente, los estadounidenses han cruzado la frontera para realizar diversos procedimientos, dijo.

Pero pidió una vigilancia más estricta en Estados Unidos para evitar que las personas entreguen píldoras abortivas por correo con facilidad. “Creo que es muy triste que a las mujeres les digan que la píldora abortiva es una forma fácil y segura de salir de una situación difícil”, dijo Tobias. “Es mucho más complicado que eso”.

No existen datos confiables sobre el aborto en México a nivel nacional, según expertos en salud pública. Las activistas por el derecho al aborto dicen que están enviando medicamentos principalmente al norte para ayudar a las estadounidenses, más que brindar acceso en el propio México.

A box containing mifepristone and misoprostol, medications often sent north to America.
Las activistas por el derecho al aborto en México dicen que la mayor parte de su asistencia consiste en el envío de medicamentos, como mifepristona y misoprostol, a Estados Unidos.Credit…Marian Carrasquero para The New York Times

Luisa García, directora de las clínicas de Profem en Tijuana y Ciudad de México, dijo que normalmente solo veía a una paciente al mes que cruzaba la frontera hacia México, donde las clínicas ofrecen servicios de aborto a un precio más bajo que en Estados Unidos. Pero este año recibió al menos 80 llamadas de números estadounidenses solicitando una cita.

La situación era difícil de creer para García, dijo, pues Estados Unidos solía tener libertad y apertura respecto al aborto. Pero ahora, comentó, con los fallos de la corte las mujeres deben encontrar una forma de reubicar sus derechos sexuales y reproductivos.

García dijo que las estadounidenses ocasionalmente llegan solas a su clínica, nerviosas y hablando muy poco español. Algunas le han contado a su personal que viajaron a México en secreto, sin decírselo a sus familiares, que desaprueban el procedimiento.

Nicole Huberfeld, profesora de derecho sanitario en la Universidad de Boston, dijo que la decisión de cruzar la frontera para abortar muestra cuán desesperadas están muchas mujeres estadounidenses por hacerlo.

“Cuando vemos que más personas cruzan la frontera para recibir atención, eso demuestra que algo anda mal en Estados Unidos”, dijo Huberfield.

Las organizadoras mexicanas dicen que incluso en medio de recientes fallos sobre el derecho al aborto en México, el procedimiento todavía no está completamente disponible en todo el país. El fallo de la Corte Suprema de México no anuló las sanciones penales a nivel local, y las instituciones privadas o estatales aún pueden prohibirlo.

Los grupos antiaborto en México se opusieron rotundamente a la decisión del tribunal superior este mes.

Marcial Padilla, director de ConParticipación, con sede en México, dijo a la agencia católica de noticias ACI Prensa que la decisión de la Corte Suprema de México presionaría a los senadores para que “quiten la protección del derecho a la vida”.

Dijo que las recientes decisiones judiciales en México han trasmitido “que un hijo o una hija no merecen la misma protección de la ley antes de nacer que después de nacer”.

Algunas estadounidenses que buscaban servicios de aborto en México se sorprendieron al encontrar que al sur de la frontera todavía hay restricciones.

Vanessa Jiménez Ruvalcaba, una activista mexicana que abre su casa en el estado de Nuevo León, cerca de la frontera, para mujeres que buscan abortar, recibió una llamada en julio de un padre que viajó con su hija hasta allí desde Nebraska, donde está prohibido el aborto después de 12 semanas.

Pero Nuevo León solo permite el tratamiento en caso de incesto, violación o cuando la vida de la madre esté en peligro. Jiménez dijo que al padre y a la hija los rechazaron en una clínica antes de derivarlos a su organización, la Red Necesito Abortar.

Jiménez y sus compañeras activistas ayudaron a la joven a acceder finalmente a pastillas abortivas.

Incluso frente a las prohibiciones de aborto, los grupos mexicanos formaron un modelo conocido como “acompañamiento”, en el que distribuyen pastillas mientras brindan asesoramiento médico y apoyo psicológico a las mujeres.

Sánchez y su colega, Carolina Castillo, dijeron que han estado implementando el modelo en Sonora durante años. Ahora están respondiendo preguntas en las redes sociales de mujeres estadounidenses que temen enfrentar sanciones penales por buscar medicamentos para abortar en Estados Unidos. Dicen que las mujeres se sienten aliviadas de escuchar a organizadoras que han pasado años enfrentándose a tales restricciones.

“En México y Latinoamérica hemos estado viviendo durante muchos años en un contexto de penalización social y legal del aborto”, dijo Sánchez. “Por lo cual las mujeres hemos tenido que organizarnos”.

Emiliano Rodríguez Megacolaboró con investigación desde Ciudad de México.

Zolan Kanno-Youngs es corresponsal en la Casa Blanca y cubre una variedad de temas nacionales e internacionales de la Casa Blanca de Biden, incluida la seguridad nacional y el extremismo. Se unió al Times en 2019 como corresponsal de seguridad nacional. Más de Zolan Kanno-Youngs