La igualdad de género no será real hasta dentro de un siglo, según afirma el Foro Económico Mundial. El movimiento feminista avanza de forma imbatible, pero es necesario pisar el acelerador para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030.
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El 24 de mayo de 1949 se publicó El segundo sexo de Simone de Beauvoir. En ese entonces habían pasado apenas cuatro años desde que las mujeres votaron por primera vez en Francia y el libro tuvo poca repercusión en el marco de la post guerra. Aun así, El segundo sexo vendió 22 mil copias en su primera semana y el Vaticano prohibió su difusión por su contenido sexual.
A 70 años de su publicación, el libro sigue considerándose “La Biblia” del feminismo. El texto está constituido en dos partes: la primera estudia la biología, los mitos, la historia, el psicoanálisis y cómo la mujer ha sido construida como un ser secundario frente al hombre. La segunda es sobre la experiencia de vida. Analiza con mucho cuidado desde la infancia hasta la vejez el ciclo de vida de las mujeres.
“No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana; es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica de femenino”, escribió Simone de Beauvoir en la segunda parte de El segundo sexo.
Tres feministas de distintas generaciones hablaron con Gatopardo para hacer un repaso sobre la vigencia de El Segundo Sexo como referencia moderna entre las distintas corrientes feministas.
Karine Tinat (43 años) es Directora del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México (Colmex) e investigadora de corte antropológico y sociológico. Es especialista en la vida y obra de Simone de Beauvoir y da clases de introducción a los feminismos en la Maestría en estudios de género del Colmex.
Lucía Ciccia (31 años) es doctora en Estudios de Género por la Universidad de Buenos Aires y licenciada en Biotecnología. Es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM con el proyecto “La incorporación de la perspectiva de género en la producción de conocimiento biomédico. Neurociencias y desórdenes mentales”.
Marta Lamas (72 años) es antropóloga e investigadora titular del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG). Es autora de ocho libros y más de 100 ensayos académicos. También es fundadora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.
Karine Tinat: Porque plantea con mucha precisión, en qué medida la mujer es un ser construido socialmente. La mujer no es definida por su biología, la historia, los mitos y las sociedades desde los tiempos más remotos la han construido. Seguimos hablando del libro porque sigue vigente en muchas sociedades, en muchos contextos culturales y sociales, donde la mujer es un ser inferior frente al hombre. La mujer es considerada pasiva aunque ya no lo sea.
Lucía Ciccia: En el famoso extracto “mujer no se nace, sino que se hace”, Simone plantea lo que hoy conocemos como la construcción social del género. Se suele pensar que concepto de género se introduce desde el discurso biomédico por el norteamericano John Money en 1955, pero Simone lo plantea desde antes. El libro es retomado por diferentes corrientes del feminismo, tanto por el feminismo de la igualdad -que es un feminismo liberal-, como por el feminismo radical. Ambos usan el libro para problematizar la categoría “mujer”. El libro es tan relevante en tanto no es destino ser mujer, sino que es una construcción política y social.
Marta Lamas: En la experiencia vivida es donde muchas mujeres coinciden. Conozco a muchas alumnas que cuando leen eso, dicen “caray, me estoy identificando con las vivencias de una mujer que publicó esto en 1940 y que sería como mi bisabuela”. Sin embargo, la manera en la que ella habla de lo que identifica este lugar subordinado de ser mujer, ellas reconocen que todavía, al menos en nuestra cultura judeocristiana occidental, hay coincidencias. Además, lo que la cultura va diciendo qué es lo propio de las mujeres y de los hombres es el mandato de la feminidad, que no se ha transformado tanto. Se ha modernizado, pero sigue presente.
Karine Tinat: Beauvoir plantea desde la introducción de El Segundo Sexo esta pareja dicotómica “hombre y mujer”, en la que el hombre es lo esencial y la mujer es lo inesencial; el hombre es lo activo, la mujer es lo inactivo; el hombre es el sujeto y la mujer es el objeto. Yo creo que la pareja dicotómica sujeto-objeto nos ayuda todavía a entender muchas situaciones sociales. No digo que las mujeres estamos siempre en el lugar del objeto ni los hombres siempre en el lugar del sujeto, la realidad no es blanca y negra, pero hay muchos momentos en que las mujeres se objetivan o siguen siendo consideradas como objeto. A veces incluso están en una posición donde son a la vez sujeto y objeto.
Lucía Ciccia: No creo que haya conceptos obsoletos, pues siempre habrá corrientes feministas que los encontrarán vigentes. Mutan, cobran diferentes formas, pero hoy están vigentes todos los feminismos. Para mí es obsoleto plantear que existe un sexo que antecede al género. En el momento en el que nombramos a las personas por etiquetas que se construyen sobre la base de cierto patrón de normas, hábitos y conductas, eso significa moldear nuestra flexibilidad biológica funcionalmente a esas conductas. Para mí es obsoleto plantear eso porque no hay biología que me pueda hacer explorar por afuera de nuestra experiencia social.
Karine Tinat: Después de unas estancias en Estados Unidos en 1947 y 1949, Beauvoir empezó a cocinar El Segundo Sexo, entonces hace un paralelo de análisis “hombre superior, mujer inferior” y “raza blanca superior, raza negra inferior” con base a sus observaciones. Esto es muy sugerente porque nos coloca en el enfoque interseccional que tenemos en los estudios de género. No es solamente capturar el género en sí como prisma de análisis, es capturar o entender las lógicas del género cruzadas con las lógicas de la clase social o con las lógicas étnicas y de raza. La visión de Simone de Beauvoir ya incluía esto, no con el término de interseccionalidad, pero resulta interesante aún hoy en día.
Lucía Ciccia: Lo primero que te cuestionas con el libro son estas relaciones de opresión, de poder o de jerarquía que existe entre lo que llamamos las conductas masculinas y femeninas. Lo primero que te mueve a pensar el libro es ¿qué define mi conducta en tanto femenina? ¿Hay una biología que define eso? ¿Por qué? Si se planteara que hay una biología que define esa conducta, entonces también hay una biología que define la conducta masculina que implica que los asociemos con agresividad, con violencia o con el deseo sexual irrefrenable.
Marta Lamas: Yo creo que la idea rectora de El Segundo Sexo sigue vigente: los seres humanos no nacemos hombres y mujeres. Nos vamos convirtiendo en hombres y en mujeres, dependiendo de las circunstancias, de cómo nos crían y de procesos sociales y psíquicos. Beauvoir escribió que no importa cómo naces y no importa la biología, lo que importa es ese proceso con el cual tú te vas a convertir en una persona con una identidad determinada.
Karine Tinat: No se nace mujer, se hace. No se nace hombre, se hace. No se nace trans, se hace. Cualquier sujeto que decide ser del género mujer, hombre o incluso queer, es una construcción social. No hay nada que sea de manera innata desde mi punto de vista. Las (personas) trans también se hacen y se hacen a veces reproduciendo dicotomías hombre-mujer, lo que quiero decir es que a veces las mujeres trans nacen hombre y se hacen mujeres trans, exagerando el estereotipo de lo femenino. De esa manera se apropian de todas estas construcciones sociales en torno a la feminidad considerarse trans.
Lucía Ciccia: Cuando Simone de Beauvoir habla de “mujer no nace, sino se hace” se refiere sobre todo a la feminidad. ¿Qué es la feminidad? ¿Una mujer sentada cruzada de piernas? Ella problematiza lo que entendemos como femenino, que es claramente una construcción social. Entendemos por sexo la constitución biológica y el género como el constructo social sobre la base biológica, pero lo que me parece que tenemos que cuestionar es esa base biológica en sí. Si el género es una construcción social, vamos a problematizar que el sexo también lo es. No hay una biología pura. (…) Todas esas exclusiones tienen que ver con reivindicar un esencialismo que pareciera respaldar la idea de un sexo biológico y que, a su vez, describe cierto tipo de carácter, de conducta y de características. Eso es reproducir un sistema patriarcal.
Marta Lamas: Simone no cree que haya una esencia. Las personas que piensan que, por tener una determinada biología tienes una esencia, si están usando a Simone, la están usando muy mal. Eso es llevar agua a su molino, pero no tiene nada que con lo que dijo ella. Los y las esencialistas son las personas que creen que nacemos con una esencia determinada por tener ciertos cromosomas, que son incapaces de ver que hay una realidad social y psíquica que se va conformando en la identidad de las personas que puede dar un resultado distinto al de la normatividad social.
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El arquitecto Rodrigo Rieiro Díaz nos trae desde el Colectivo ARKRIT un artículo que indaga sobre los valores de vida comunitaria abordados en Stacken, un proyecto de cohousing construido en Suecia en el año 1979. Este se convirtió en el primer modelo de vivienda con principios de autogestión, trabajo comunitario y feminismo del país, cuestionando las relaciones sociales establecidas y presentando la vida en colectivo como un intento por superar el modelo de convivencia familiar estándar.
Stacken es un edificio de apartamentos en Bergsjön, una ciudad dormitorio en las afueras de Gotemburgo, Suecia. Su nombre hace referencia al montículo de tierra que forman las colonias de hormigas al momento de construir sus nidos. En 1979, Stacken se convirtió en el primer proyecto de cohousing (kollektivhus) de su tipo en el país. Sin embargo, el concepto kollektivhus había surgido en Suecia ya en los años 30 con residencias como el edificio de viviendas en John Ericssonsgatan, Estocolmo, del arquitecto Sven Markelius y la socióloga y política socialdemócrata Alva Myrdal. Se trataba de una tipología de vivienda proyectada para reducir las tareas domésticas de las mujeres de clase alta, una respuesta del funcionalismo tanto a la incorporación de muchas de estas mujeres al mercado laboral, como a la subida del coste del servicio doméstico. Pertenecía a la tradición racionalista de la vivienda colectiva complementada con equipamientos comunes y personal contratado junto a las viviendas con cocina central en el norte y centro de Europa, los hoteles de apartamentos estadounidenses o experimentos de vivienda colectiva como el Narkomfin en la Unión Soviética.
El concepto kollektivhus fue resignificado unas décadas más tarde. En la estela del movimiento social y político de finales de los años 60 una parte de los jóvenes, también en las ciudades suecas, comenzó a vivir en comunas (kollektiv). El cuestionamiento de las relaciones sociales establecidas y la vida en colectivo como intento de superar el modelo de convivencia de la familia nuclear estándar encontraron respuesta también en forma de co-viviendas y, en Suecia se mantuvo el término kollektivhus para referirse a éstas. De hecho, la primera de facto fue el resultado de la usurpación a la propiedad y autogestión colectiva de los espacios comunes por los inquilinos del hotel familiar Hässelby, en Estocolmo. Las coviviendas suecas que surgieron a partir de entonces (coviviendas de trabajo autogestionado) son edificios de viviendas estándar o algo más pequeñas de lo normal complementadas por instalaciones compartidas administradas por los residentes. La cocina común es a menudo el núcleo de la covivienda. Un par de turnos en cualquiera de los diferentes equipos de trabajo cada 3 o 4 semanas son también bastante comunes. Al menos al principio solían ser viviendas de alquiler en propiedad de las empresas de vivienda de titularidad pública (allmännyttan). [1]
Tanto en la historia de las coviviendas suecas como en la de Stacken en particular, es de crucial importancia el concepto de «nivel intermedio» desarrollado por el Grupo de Investigación feminista para la Nueva Vida Diaria, así como las propuestas de vivienda del grupo también feminista BiG (Bo i Gemenskap, Vivir en Comunidad). El proceso de creación de este «nivel intermedio» supone una transferencia de actividades cotidianas desde los ámbitos privado, público y doméstico y su puesta en común por un colectivo de 50-100 personas [2]. Este concepto, influenciado por el proyecto popularizado por Dolores Hayden de replantear la relaciones entre lo privado y lo público, fue desarrollándose en paralelo a Stacken y fue uno de sus detonantes.
En el surgimiento de este entonces novedoso modelo de vivienda jugaron un importante papel otros factores. En 1965 el estado sueco emprendió un ambicioso proyecto: el Programa del Millón de Viviendas, la construcción de un millón de residencias en 10 años a través de la planificación estatal, el urbanismo moderno, la estandarización de la vivienda y una progresiva implementación de la prefabricación. El 25% de las viviendas suecas se construyeron durante este programa. Casi todos los suburbios marginales de Suecia. Cuando el proyecto se estaba completando, cambios en el poder adquisitivo de los suecos, así como en la percepción popular de lo que era un alojamiento deseable, hicieron en muchas ocasiones problemática la ocupación de los recién construidos edificios. El desmantelamiento de los astilleros de Gotemburgo y la consiguiente crisis económica en la ciudad acentuó el problema en Bergsjön.
Al caldo de cultivo formado por el movimiento feminista y contracultural de los años 70 y las autoridades de vivienda deseosas de encontrar inquilinos para bloques de viviendas vacíos se sumó Lars Ågren, arquitecto del desarrollo residencial al que pertenece Stacken y profesor de la facultad de arquitectura de la Universidad Chalmers de Gotemburgo, que promovió su transformación en un nuevo tipo experimental de vivienda a través de gestiones con las diferentes autoridades. En noviembre de 1979 se empezaron los talleres con alumnos y potenciales residentes y en el verano de 1980 se mudaron los primeros inquilinos a la torre, incluido Ågren. La planta baja y la quinta se pusieron en común para su uso colectivo, los inquilinos derribaron y erigieron muros, y así, mal que bien, ha sido hasta la fecha. El experimento sigue en marcha, 39 años después.
La carga subversiva de los años setenta (desaprobación de la familia, demanda de creatividad, oposición a la creciente mercantilización de diferentes aspectos de la vida o rechazo del trabajo como actividad separada) albergaba un gran potencial en contra de la forma en que la sociedad estaba y sigue estando estructurada. Estos ambiciosos objetivos, que en Stacken pasaron por la realización de una especie de nivel intermedio entre las esferas formal e informal de la vida, están muy lejos de haberse alcanzado a gran escala, tampoco por medio de modelos alternativos de vivienda. Muy al contrario, la mayoría de las coviviendas en los países nórdicos permanecen como enclaves segregados de privilegio. Sin embargo, la evolución de este experimento en particular conllevó unas consecuencias más complejas y ambiguas.
En Stacken se alcanzó cierto éxito en el objetivo de desplazar a ese «nivel intermedio» parte de la vida privada, principalmente las tareas domésticas y el cuidado de los niños. De hecho, la casa a lo largo de los años ha atraído principalmente a adultos con niños a su cargo, no teniendo tanto éxito más allá de este período de la vida. El motivo de este fracaso podría ser el hecho de no haber conseguido hacerse cargo de servicios ofertados por el sector público sueco, como el cuidado de ancianos o enfermos.
En un giro inesperado, el proyecto se hizo cargo de las tareas de planificación y administración de la edificación en sustitución de un sector de la vivienda pública por otra parte en retirada. Stacken es desde 2000 propiedad de una asociación cooperativa de inquilinos formada por sus residentes. La gestión y la conformación de estas viviendas pasó, por tanto, a ser responsabilidad de sus habitantes, basándose en el trabajo comunitario y las decisiones colectivas. Mientras muchas coviviendas se convirtieron en comunidades exclusivas para los más acomodados, el Stacken autogestionado se resistió a la creciente mercantilización del sector, reorganizándose en torno al trabajo comunitario, y quizás menos alrededor de la vida social de los vecinos. El papel de su ubicación en el segregado barrio de Bergsjön también es relevante en este sentido. Si bien una ubicación más glamurosa probablemente hubiera puesto en peligro la inclusividad del proyecto, cierta distancia cultural (cuando no económica) con el vecindario es patente.
Stacken compartió con muchas otras coviviendas nórdicas un creciente interés por la construcción ecológica. Recientemente, los inquilinos pusieron en común la producción de la mayor parte de la energía eléctrica que consumen, un nivel intermedio imprevisto conquistado por el proyecto. La nueva fachada de paneles solares hace de Stacken una infraestructura de producción eléctrica que debería cubrir el 96% de la demanda de sus habitantes.
No siempre ha mostrado la edificación una capacidad tan grande de para acomodar nuevas necesidades. La persistencia de la mayoría de los preexistentes apartamentos estándar y una gran parte de la sintaxis espacial del edificio original hablan tanto del potencial como de las restricciones para el proyecto emancipador de la reutilización de lo que en los años setenta se habría llamado arquitectura autoritaria. Curiosamente, y a pesar de haber sido ser modificado y adaptado de muchas maneras, el apartamento más común hoy en Stacken sigue siendo el original de tres habitaciones, vivienda estándar del Programa del Millón de Viviendas (normaltrea), que fue el epítome de la arquitectura autoritaria y las viviendas anónimas para una familia normalizada de dos adultos y dos niños que rechazaron aquellos que se implicaron en proyectos como Stacken en la década de los setenta. Su uso parece además bastante convencional ya que, a pesar de superar la media sueca, la proporción de habitantes por vivienda de Stacken iguala la del barrio de Bergsjön en el que se ubica.
Hace casi cuarenta años, Stacken se convirtió en el prototipo de un nuevo modelo de vivienda en Suecia, la covivienda de trabajo autogestionado. Este modelo se ha replicado tres veces en Gotemburgo y hoy existen alrededor de cuarenta coviviendas en el país, que albergan a alrededor de un 0,05% de la población sueca. Más allá de la gran importancia que este proyecto ha tenido a lo largo de los años para muchas vidas, y la valiosa contribución a la práctica y difusión de sus principios básicos de autogestión, feminismo y democracia directa, el impacto de Stacken en la sociedad en general se ha mantenido marginal hasta la fecha, incluso a escala local. Sin embargo, la importancia de la mera existencia de una alternativa para la capacidad del colectivo de imaginar alternativas al orden imperante no debe subestimarse.
En todo caso, la cuestión permanece abierta. Los espacios comunes de Stacken permanecen como el principal desafío para sus residentes en el futuro próximo. En ellos se halla todavía el potencial para recuperar el ambicioso objetivo original de una vida común más rica para la mayoría, que fue parcialmente abandonado en las décadas anteriores. Depende del colectivo emprender esa tarea.
El próximo 20 de octubre se presenta en la Radikal Bokmässa 2019 de Gotemburgo el libro «Stacken. Una utopía ambigua», editado por Croatoan Industries, del que este texto es un extracto. Puede también solicitarse en croatoan@riseup.net
Una utopía ambigua es el subtitulo de la reconocida novela de ciencia ficción Los desposeídos (1974) de Ursula K. Le Guin. Fredric Jameson señaló en Arqueologías del Futuro el importante papel de este libro en el redescubrimiento del subgénero utópico por parte de la ciencia ficción a partir de los años 70. Sería esta novela la más relevante de una serie de utopías complejas y ambivalentes donde no se describen las sociedades ideales y aisladas del utopismo clásico, sino tan solo sociedades más aceptables que aquellas de las que se parte. Se deja atrás el mundo ideal de la modernidad, un paraíso minimalista de unidad absoluta, medida, control y transparencia, para dar lugar a una metautopía formada por una multiplicidad de espacios de esperanza donde la eliminación de la clausura con respecto al exterior, la superación del mito del progreso, una dimensión autocrítica y una cierta deriva experimental apuntan al nuevo utopismo posterior a los años 70. Todas esas cualidades que la crítica literaria detecta en este subgénero literario se encuentran también en los experimentos de vivienda que he denominado en otros escritos transviviendas [3], del que Stacken es un excelente ejemplo.
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La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) declaró la segunda Alerta de Violencia de Género (AVG) para el Estado de México, por la desaparición de mujeres.
La Alerta fue declarada para los municipios de Toluca (capital del estado), Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco.
La declaración de esta AVG fue solicitada por las asociaciones civiles IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) en junio de 2018, “debido a la suma gravedad y alto grado de vulnerabilidad de las mujeres en el Estado de México, derivado de la persistencia y reiteración de los casos de desaparición de mujeres”.
Con la declaración de la AVG, Conavim determinó que el gobierno del Estado de México deberá contemplar presupuesto para hacer frente a la situación de desaparición de mujeres.
En materia de prevención, la entidad deberá georeferenciar los casos de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas en los municipios señalados en la declaratoria, mantener actualizado el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como emitir y ejecutar el Programa Estatal de Búsqueda.
También deberá crear una estrategia de tránsito seguro para mujeres en el estado y revisar, analizar y reclasificar las averiguaciones previas y carpetas de investigación que no fueron iniciadas por desaparición en los últimos cinco años, particularmente en los casos en que se clasificó como ‘desaparición voluntaria’ y contemplar líneas de investigación vinculadas a otros delitos como tráfico de personas, trata de personas, secuestro u otros.
De acuerdo con el Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Desaparición de Mujeres, entre enero de 2012 y agosto de 2018 se denunció la desaparición de 5 mil 108 niñas, adolescentes y mujeres en los siete municipios donde se declaró la AVG.
En el mismo periodo de tiempo, 3 mil 982 fueron localizadas y mil 073 continuaron pendientes por localizar.
La mayoría de las mujeres, según el informe, tenían entre 15 y 17 años al momento de su desaparición (647), seguidas de las que tenían entre 21 y 29 años (369) y las que tenían entre 10 y 14 años (337).
Con este informe, el Grupo de Trabajo determinó que la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres es un problema que pudo ser constatado en los siete municipios, e identificó tres rubros de atención inmediata en el Estado de México: la prevención en la incidencia, la la debida diligencia en la investigación y la atención a víctimas considerando la reparación del daño.
También se corroboró que existe personal insuficiente para atender el número de reportes de personas no localizadas o desaparecidas y para su búsqueda, así como deficiencia en los estándares de desempeño de los servidores públicos que atienden a las víctimas directas e indirectas.
El grupo de trabajo recomendó al estado diseñar una política pública con perspectiva de género y derechos humanos que atienda de manera integral la desaparición de mujeres.
La primera AVG declarada para el Estado de México fue por violencia feminicida.
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A lo largo de los 64 años que el Senado ha otorgado la medalla Belisario Domíngez, sólo seis mujeres han sido distinguidas con el galardón.
Tras la publicación de algunos de los postulados a recibir la presea, de los 459 que se han sumado, 330 son hombres, 126 mujeres y tres asociaciones civiles. Por eso EL UNIVERSAL hace un recuento de las ganadoras de esta medalla.
Rosaura Zapata Cano
En 1954, un año después de que el expresidente Adolfo Ruiz Cortines instaurara la entrega de la medalla, la educadora y pedagoga, Rosaura Zapata Cano fue la primera en ser reconocida con dicha insignia por su contribución a la educación en México.
En 1904, la profesora originaria de La Paz, creó los Jardines de Niños, los cuales supervisó después de su viaje por Europa para visitar las escuelas inauguradas por sus homólogos Enrique Pestalozzi y Federico Froebel.
Tras su regreso a México en 1906, se encargó de crear más escuelas, elaboró programas, apuntes, ideó juegos educativos y seleccionó textos escolares.
También organizó cursos de capacitación por toda la República y gracias a su intervención se creó el Instituto de Información Educativa Preescolar para unificar la formación de las educadoras. Zapata, autora de cuentos y rimas infantiles, murió en la ciudad de México el 23 de julio de 1963.
María Hernández Zarco
En 1963, la distinción fue para María Hernández Zarco, periodista e impresora durante la época de la Revolución, quien además apoyó al ejército constitucionalista.
Durante su labor como cajista en la imprenta de Adolfo Montes de Oca, Hernández Zarco fue la única que aceptó imprimir el discurso del senador Belisario Domínguez en el que condenaba el régimen de Victoriano Huerta.
A pesar del asesinato del político mexicano en 1913, la revolucionaria reimprimió el discurso en un folleto llamado ‘Palabras de un muerto’, por lo que fue perseguida y permaneció oculta en Veracruz, lugar donde nació. También trabajó en los Talleres Gráficos de la Nación y en la Secretaria de Educación Pública hasta su jubilación en 1947.
Durante la entrega del distintivo, que coincidió con el cincuentenario de la muerte del senador chiapaneco, María expresó su orgullo por su participación en el gremio de las artes gráficas y su actuación en revolución política y social mexicana.
La también reconocida como Veterana de la Revolución, murió en 1967.
María Cámara Vales
Profesora de educación elemental nacida en Mérida, Yucatán, recibió la condecoración en 1969.
Al igual que su antecesora, sus actuaciones se desarrollaron durante la Revolución Mexicana, periodo en el que arriesgó su vida para asegurar la de su esposo, José María Pino Suárez, pues abordó una embarcación en la que realizó labores de carga y descarga para filtrarse entre los integrantes del grupo militar que iba en busca de Pino Suárez.
Durante la ceremonia de reconocimiento, la entonces senadora María Lavalle Urbina ofreció un discurso en el que destacó los esfuerzos, hazañas y sacrificios de Cámara Vales, quien agradeció en nombre de su esposo y de las miles de “Adelitas” que compartieron sus penas.
María Lavalle Urbina
La Belisario Domínguez fue después entregada en 1985 a María Lavalle Urbina.
Fue profesora de primaria, así como la primera mujer en titularse como abogada en sue stado natal, en ser magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales, y también en presidir el Senado de la República en 1965 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La procedente de Campeche representó a México en 30 reuniones internacionales y en asambleas de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. Dentro de sus reconocimientos destacan: «La Mujer del Año», en 1963; premio de la ONU por servicios eminentes a la causa de los derechos humanos en 1973; medalla de honor al mérito jurídico de la Asociación Nacional de Abogados en 1979; y Medalla Justo Sierra del Gobierno de Campeche en 1981.
Griselda Álvarez
En 1996, la medalla fue entregada a Griselda Álvarez, también senadora y primera mujer en gobernar el estado de Colima de 1979 a 1985.
La ensayista, narradora y poeta por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), también fue editorialista de Excélsior, ‘Novedades’ y ‘Siempre!’, así como directora del Museo Nacional de Arte, filial del Instituto Mexicano de Cultura y fundadora y presidenta del patronato de la Fundación Fortaleza Centro de Atención a la Mujer.
Recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz en 1968, la presea Torre de Plata 1998, otorgada por el Club de Periodistas de México, y cuenta con una destacada trayectoria en los ámbitos literario, educativo, social y político.
Julia Carabias
En 2017, Julia Carabias fue la última mujer en ser galardonada por el Senado, esto por su distinguida contribución al medio ambiente.
La reciente integrante de El Colegio Nacional, estudió Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde desempeñó el cargo de coordinadora del Programa de Investigación y Desarrollo Rural de Aprovechamiento Integral de Recursos Naturales (PAIR).
Posteriormente fue secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en el sexenio del priista Ernesto Zedillo.
Es autora de numerosos artículos científicos; su trabajo de investigación se ha enfocado en diversos temas ambientales, en particular la regeneración de selvas tropicales, la restauración de ecosistemas, el manejo de recursos naturales, la ecología y el cambio climático.
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Poco sabemos de la presencia femenina en este parteaguas de la historia mexicana y, aunque hubo muchas heroínas anónimas, la historia rescata al menos a dos líderes; Ana Ignacia Rodríguez Márquez “La Nacha” fue una de ellas.
SemMéxico/Nueva Mujer. 02 de octubre 2019.- Un día como hoy, hace 51 años, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco aconteció uno de los episodios más sensibles y lamentables del siglo XX en la historia de México: la represión (y matanza) de involucrados en el Movimiento Estudiantil.
La matanza del 2 de octubre de 1968 comprende un panorama bastante amplio, desde la perspectiva que se quiera entender, sea social, en torno a la educación, a la prensa, la libertad de expresión, la libertad sexual, libertad democrática, la conciencia política civil, las leyes, los derechos humanos o la revolución femenina; pero todas parten de una declaración que, a base de sangre y de cobrar cientos de vidas, el gobierno impuso: represión.
Al respecto, hay algo de lo que sabemos poco, y es sobre la participación de las mujeres en el movimiento estudiantil. En comparación con la cantidad de hombres involucrados, la presencia femenina fue reducida. En los 60 una mujer universitaria era un caso rarísimo; de que existían no cabe duda, pero eran muy pocas: dos, tres o cuatro por facultad académica, y de ellas se adhirieron a la causa las que tenían un trasfondo político de izquierda.
Si bien, que haya mujeres estudiantes de universidad era un signo a favor de la revolución femenina, aun así eran tratadas con hostilidad por parte de maestros y compañeros. Pero además de estas estudiantes, hubo otro sector femenino involucrado: las madres de los activistas.
Pero ¿qué papel desempeñaron las mujeres? Propiamente no hubo líderes femeninas como tales, aunque Elena Poniatowska reconoce a dos: “Tita” y “Nacha”. La labore que desempeñaron en principio fue la de preparar el café e ir a los mercados donde la gente les proporcionaba alimentos en apoyo a la causa para los miembros de las asambleas.
Sin embargo, fueron ellas quienes tuvieron contacto con la comunidad y quienes a través de pintas, discursos breves en espacios públicos, de entregar propaganda y panfletos del movimiento, así como obteniendo donaciones en efectivo bajo la forma de “boteo” y otras actividades brigadistas, aportaron las bases para la participación femenina en futuras movilizaciones civiles.
Una de estas mujeres fue Ana Ignacia Rodríguez Márquez, conocida como “Nacha”. Ella era estudiante de Derecho y su primera detención fue cuando el ejército irrumpió en las instalaciones de la UNAM, violando la autonomía de la universidad. Estuvo presa por 72 horas en Lecumberri, pero tras su liberación, no desistió de mantenerse activa en el movimiento.
Vivió en carne propia los acontecimientos del 2 de octubre en Tlatelolco; le tomó minutos creer lo que veía, era algo insólito, ella y sus compañeros creían que las balas que disparaban los francotiradores no eran reales, que el gobierno matara estudiantes era una posibilidad impensable para ellos; cuando cayeron en la cuenta corrieron por su vida.
La “Nacha” fue detenida por segunda vez en la casa donde se refugiaba, una vez más fue liberada y se fue a su hogar familiar en provincia. Volvió los primeros días de enero del 69, y poco después fue secuestrada junto con un compañero, por la policía secreta, iniciando así un período amargo, acusada de delitos como homicidio, robo, lesiones, ataques a las vías generales de comunicación, sedición e incitación a la rebelión, acusaciones que firmó admitiéndose responsable al tiempo que era torturada psicológicamente por un extranjero, que ella afirma era miembro de la CIA.
Dos años duró presa, tiempo que a ella le sirvieron para reforzar sus ideales y mantenerse informada del movimiento desde la cárcel.
A la fecha, “La Nacha” Rodríguez no ha desistido, forma parte del Comité68, un grupo que exige justicia y castigo a los responsables de la matanza, además de perpetuar el testimonio de lo que vivieron en Tlatelolco. Ana Ignacia reconoce que si bien la represión del 2 de octubre define el fracaso del movimiento, es indudable que existe un antes y un después determinante en la historia del país.
El 68 marcó el inicio para los cambios democráticos y sociales que le sucedieron, como la alternancia y la fundación de partidos políticos de oposición a los dominantes existentes, la generación de ONGs y la defensa de los derechos humanos, modificaciones en las leyes respecto a los delitos y presos políticos, la conciencia política y social de la población, libertad de expresión, libertad de prensa, el derecho a la huelga, la revolución sexual, hasta algo tan básico como la libertad de vestirse sin ser señalado como delincuente.
Sobre las mujeres en el movimiento, concluye:
Y siempre digo que nosotros no valemos nada frente a las verdaderas heroínas del movimiento estudiantil: esas mujeres anónimas, esas mujeres cuyos nombres no salen, que no son reconocidas. Pero algunas dieron su vida y muchas, no sé si por temor o por sus hijos, no aparecen ante las cámaras ni hacen presencia pública. Si hubo algún cambio, si hemos avanzado en las libertades democráticas, se debe a ellas.
Aunque el 2 de Octubre, fue el inicio para la ejecución de libertades que ahora nos parecen comunes, queda un camino por recorrer para lograr una plenitud como tal. El movimiento estudiantil nos enseñó que debemos luchar por nuestros derechos, a favor de la justicia, de la libertad y la igualdad, mientras “represión” sea una palabra que no se haya borrado y persista en el contexto actual de México.
Toda la información e imágenes son de SEMMÉXICO/Por Paulina Zamora.
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Fathime Tibu, de 26 años de edad, es la entrenadora más joven del MTG United, la liga de fútbol de Moving the Goalposts (MTG), una organización de deporte para del desarrollo con sede en Kilifi, Kenya. Recientemente ha hablado con ONU Mujeres sobre su experiencia, sus aspiraciones y cómo el deporte es una importante herramienta para el empoderamiento de las niñas.
Solamente tenía 12 años cuando llegué a Moving the Goalposts. Tenía una amiga que solía jugar fútbol, y fue ella quien me dijo, Tibu, apuntémonos a MTG. Yo quería ser como ella. Cuando veo una foto de aquella época, me pregunto si esa soy realmente yo. ¡No podía chutar la pelota ni a cinco metros!
Al principio, cuando empecé a jugar fútbol, la gente me preguntaba que cómo iba a jugar fútbol si era una niña. Me decían que iba en contra de nuestra religión, porque tenía que ponerme pantalones cortos.
Solía ir a la madrasa los sábados, el mismo día en el que tenía que ir a jugar fútbol. Fue muy difícil combinar ambas cosas. A veces no iba a la madrasa para ir a jugar fútbol. Cuando volvía a la madrasa me pegaban con una vara, pero me daba igual. Decidí que iría a la madrasa en fines de semana alternos.
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Con un compendio de leyes, debates, capacitaciones y una Constitución que contempla la igualdad, logran niveles de equidad en la participación política de la mujer que el mundo les envidia.
La expresidenta de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), María Fernanda Espinosa, calcula que el tiempo que va a llevar lograr equidad en la participación política de la mujer sería de unos 107 años. Pero en medio de ese panorama, destacó a Bolivia como un ejemplo en su última visita en agosto, cuando todavía ejercía el cargo. Y es que según ONU Mujeres, desde la última elección general, es el segundo país (después de Ruanda) con los índices más altos de paridad en el ámbito legislativo. ¿Cómo fue (y es) el camino de Bolivia hacia la paridad democrática?
Como muchas de las cuestiones de la actualidad del país andino, se empiezan a explicar si uno echa un vistazo a la Constitución promulgada en 2009 después de una intensa e histórica Asamblea Constituyente. En este tema también se encuentran pistas allí.
Pero para entender el fenómeno, hay que retroceder unos años. «Antes de la Asamblea, en Bolivia había habitantes que no participaban en la vida pública. No significa que no fueran parte de la política pero no estaban en espacios de decisión del Estado. En la salida del neoliberalismo es como si hubiera habido la emergencia de un nuevo rostro en la vida pública. Y entre esos rostros han aparecido también las mujeres«, relató a RT Lucila Julia Choque, del Observatorio de Paridad Democrática dependiente del Órgano Plurinacional Electoral.
En su relato, la funcionaria repasó la historia de las privatizaciones (en los ’90), la guerra del agua (2000) y la guerra del gas (2003). Y es que para ella fue entonces cuando los sectores postergados (indígenas, sectores informales urbanos y mujeres) tomaron protagonismo al momento de defender sus recursos naturales.
Aparecieron Las Bartolinas (mujeres campesinas) y también las cocaleras. «Yo estaba entonces en la Universidad pública y me pareció interesante porque señoras que hasta entonces tal vez solo vivían en sus casas y nunca habían salido a la vida pública, aparecieron con palos, escobas, con chicotes, con lo que sea y decían ‘¡vamos a defender nuestro gas!‘»
Ya unos años después, poco antes de que asumiera Evo Morales como presidente, «los movimientos pasaron de pedir cuestiones coyunturales a exigir reformas estructurales«. Para Choque, esas fueron las bases ineludibles de lo que luego sería el Estado Plurinacional. Y es justamente en ese mismo instante, en esa misma carta magna, que aparece el enfoque de género. En la citada Constitución aparece —por ejemplo— el lenguaje inclusivo («los» y «las» para cada mención).
«La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres«, dice en su artículo 11. También, en el 147 establece: «En la elección de asambleístas se garantizará la igual participación de hombres y mujeres«.
De todos modos, fue un poco más adelante que se precisaron estas cuestiones. En el artículo 8 de la Ley 018 (del órgano electoral plurinacional) del año siguiente ya se menciona específicamente la ‘paridad y alternancia‘ obligatoria en la elección de todas las autoridades y en las candidaturas.
También en el artículo 11 de la Ley 26 (de régimen electoral) dice que la democracia intercultural boliviana garantiza la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre sexos, y que por eso todas las listas «respetarán la paridad y alternancia de género entre mujeres y hombres«.
En las elecciones generales bolivianas de 2014 se estrenó la exigencia por ley de la paridad y alternancia (hasta entonces regía la ley de cuotas).
«Ha sido un reto«, recordó a este medio Sandra Zegarra, del Observatorio de Paridad Democrática. «Se diseñó un sistema para que rechace las candidaturas que no cumplieran con el criterio. Les decía ‘Algo está mal en tu lista’», contó. De ese modo se logró cumplir con la exigencia de la ley en la presentación de listas pero luego llegó la etapa de rutina de verificar la documentación de los candidatos y candidatas.
«El desafío es que sustituyan correctamente las candidaturas después de las inhabilitaciones. En el 2014 no todos los partidos alcanzaron a suplirlas», relató. Aún así, los resultados fueron positivos:
Se ve en la conformación de ambas cámaras nacionales pero también en indicadores departamentales, municipales, etcétera.
Cuando en enero de este año Adriana Salvatierra asumió como presidenta del Senado, la legisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS) destacó el rol de las mujeres en la política boliviana.
Así como tuvimos a Lidia Gueiler como una de las primeras mujeres presidentas en #AméricaLatina, ahora tenemos un récord con nuestro #ProcesoDeCambio, Adriana Salvatierra es la presidenta del Senado más joven de la historia de #Bolivia. Estamos orgullosos de la nueva autoridad. pic.twitter.com/G5Xn5v1FLX
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 18, 2019
«De 1825 a 1952 pasaron 152 años para que las mujeres puedan votar (…) Luego se constitucionaliza, por primera vez, los principios de paridad y equidad y esto es lo que hoy nos permite tener una Asamblea Legislativa que tuvo el record del 51 % de participación de mujeres, con lo que somos el segundo país en la región con representación femenina parlamentaria«, destacó Salvatierra.
Pero hay algo más en lo que Bolivia es pionera: en su legislación específica contra la violencia política. Y es que a pesar de los avances, identifican desigualdades de género estructurales que se traducen en obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos políticos. Por eso, por ejemplo, cuando se recibe la renuncia de alguna mujer que ocupaba un cargo público, se abre una investigación específica para chequear que no sea producto de violencia política.
La ley se aprobó en 2012. Es la 243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, una herramienta para ‘prevenir, atender y sancionar los actos de acoso y violencia política, protegiendo a todas las mujeres candidatas, autoridades electas, designadas o que estén en el ejercicio de la función político-pública’.
En menos de 20 días en Bolivia habrá elecciones generales y nuevamente la exigencia de paridad y alternancia se pone en juego. En principio, las nueve organizaciones políticas habían presentado 2.668 candidaturas. De ellas, 1.327 eran mujeres (49,7 %) y 1.341 hombres (50,3 %).
Tras el proceso de sustitución de candidaturas, quedaron un total de 961 mujeres y 962 varones. Según la Coordinadora de la Mujer, «quiere decir que, en términos generales, existe paridad en las listas de candidaturas rumbo a los comicios del 20 de octubre«. Pero —aclaran— «a nivel de organizaciones políticas, 8 de las 9 en carrera electoral incumplen al menos un criterio de paridad y alternancia (…) solo el partido de Gobierno cumple todas las condiciones para todos los cargos electivos».
Toda la información e imágenes son de ACTUALIDAD.RT / Julia Muriel Dominzain
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La periodista colombiana Claudia Julieta Duque denunció que la fotógrafa mexicana Alejandra Rajal fue deportada del país suramericano cuando intentaba ingresar con el fin de hacer un trabajo para The International Women’s Media Foundation (IWMF).
“Alejandra Rajal fue deportada a medianoche por Migración Colombia. Les pareció sospechoso que viniera como turista a reportar para IWMF (prensa no necesita visa), al Festival Gabo y a Cúcuta”, afirmó Duque en su cuenta de Twitter.
La periodista y activista de derechos humanos detalló que Rajal, que forma parte de la iniciativa Women Photograph, llegó al país para trabajar como parte del programa Adelante, pese a lo cual Migración no escuchó “ningún argumento de la organización sobre los motivos de su viaje a Colombia”.
La iniciativa Adelante de la IWMF busca “fortalecer el desarrollo profesional” y seguridad de 270 periodistas que trabajan en América Latina y para esto ofrece becas, viajes y capacitaciones gracias a la contribución de la Fundación Howard Buffett.
Duque consideró “extraño” que Rajal fuera “detenida antes de llegar a la fila de Migración”, que duró más de ocho horas sin poderse comunicar con la organización y que la entidad colombiana ignorara las cartas de respaldo de su viaje.
Por su parte, la mexicana señaló en esa misma red social que se encuentra “con salud y de regreso” en su país, aunque subrayó que el equipaje sigue en Colombia.
https://twitter.com/alerajal/status/1179402187518152709?s=20
Ante estas afirmaciones, Migración Colombia aclaró a Efe que la fotógrafa no fue deportada sino inadmitida, lo cual es “una decisión discrecional y soberana propia de cada país”.
Según la entidad, Rajal mintió al oficial de migración cuando hizo la entrevista de ingreso al país, pues en un primer momento dijo que llegaba a Colombia para hacer turismo y luego afirmó que lo hacía por trabajo.
De igual forma, indicó que su destino era Medellín (noroeste), pero después detalló que pretendía viajar a Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela.
“Todo eso son causales de inadmisión”, subrayó Migración, que agregó que Rajal solo “tenía 150 dólares para estar tres semanas en Colombia” y no contaba con reserva hotelera ni con una carta de invitación.
“No es que nos parezca sospechoso que entre a hacer turismo. Sin embargo, hay reglas establecidas para quienes ingresan al territorio nacional”, agregó Migración.
De igual forma, sobre la supuesta detención a Rajal, Migración afirmó que “no se tuvo retenida” sino que se mantuvo en una “sala transitoria” mientras salía un vuelo de regreso a México, tal como lo establecen los protocolos.
“No es cierto que la periodista estuviera incomunicada, prueba de ello es que llamó a la coordinadora o a la gerente de producción y le comentó lo que estaba sucediendo”, concluyó Migración.
Toda la información e imágenes son de UDGTV
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Violencia institucional; omisión en la investigación y negligencia en diligencias ministeriales; revictimización, filtración de datos, son prácticas – violatorias de derechos– que persisten en dependencias de seguridad y de procuración de justicia de la Ciudad de México, denunció la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).
“En su búsqueda de justicia, las víctimas se enfrentan ante escenarios adversos con las instituciones de administración de justicia, que se caracterizan por desgaste físico y emocional a las víctimas, por los excesivos trámites burocráticos que deben de realizar”, pronunció el organismo en una de cuatro recomendaciones emitidas el pasado 26 de septiembre.
Las recomendaciones fueron presentadas junto con el “Informe sobre las violencias de género en la procuración de justicia en la Ciudad de México”, un estudio que identificó 25 formas y patrones con los que se violaron derechos de las víctimas, por acciones u actos de autoridades de procuración de justicia.
LAS FILTRACIONES
La CDHCM acreditó que funcionarios de la Procuraduría General de Justicia; Tribunal Superior de Justicia, y Secretaría de Seguridad Ciudadana, todos de la Ciudad de México, violaron los derechos de al menos 57 víctimas de feminicidio –directas e indirectas– por falta de investigación, violencia institucional, revictimización y filtración de información en al menos 20 casos ocurridos en la Ciudad de México.
Lo anterior se asentó en la recomendación 09/2019 emitida tras la investigación por 20 quejas interpuestas entre el año 2016 a 2019.
Estas quejas fueron por casos de feminicidios que ocurrieron entre el periodo de 2013 al 2018. Algunos actos, diligencias ministeriales y acciones de queja abarcan desde el arranque de la investigación (2013) hasta el año 2019. Es decir, que las violaciones se cometieron entre la administración de Miguel Ángel Mancera y el inicio del sexenio de Claudia Sheinmbum.
Las víctimas de violencia de género no solo sufren las afectaciones derivadas de la violencia familiar, sino que también padecen la violencia y deficiencias de la impunidad, “eso las deja ante escenarios de vulnerabilidad, inseguridad, desamparo e indefensión”, de acuerdo al documento.
Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la CDHCX, detalló que en cuatro de cada 10 casos, se acreditó la absoluta omisión de investigar con diligencia, y, el resto de ellos, fue negligente.
Además, el 30 por ciento de los casos de feminicidio se presentó filtración de información, aseguró la defensora en la presentación del estudio.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México –en la Recomendación 09– manifestó estar profundamente preocupada porque “a pesar que el reproche social frente a la violencia de género es mayor, los delitos relacionados con violencia contra las mujeres no han disminuido, por el contrario, han incrementado”.
La falta de recursos humanos o materiales no sería la causa de estas deficiencias, según deja entrever el informe: “la Ciudad de México cuenta con recursos para la investigación”, pues tiene la tasa más alta de policías ministeriales 34.2 por cada cien mil habitantes; además, cuenta con una tasa de 13.1 Ministerios Públicos por cada cien mil habitantes, frente a un promedio nacional de 8.4, se lee en el documento.
Las víctimas sufren enfrentan a un camino lleno de dolor y obstáculos al buscar justicias por la omisión e indolencia de las autoridades. Foto: Cuartoscuro.
LAS VIOLACIONES
Omisión para investigar con la debida diligencia; no ordenar medidas de protección en casos más urgentes; carencia de perspectiva de género en la calificación de los delitos; peritajes realizados de manera negligente o incorrecta; falta de aplicación de los protocolos de feminicidio; y la ausencia en la asesoría jurídica, son algunas de las fallas descritas en la recomendación.
En la Ciudad de México, durante los primeros seis meses del año, se reportaron al menos 107 asesinatos de mujeres, de los cuales, solo 18 casos son investigados como feminicidios, de acuerdo a cifras presentadas por el SESNP.
En tanto que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México reporta en su portal de datos abiertos sólo 57 mujeres asesinadas, de las cuales, 7 fueron clasificadas como feminicidios, 35 homicidios dolosos por arma de fuego, 7 homicidios con arma blanca, 4 homicidios a golpes.
Las autoridades capitalinas –planteó el Organismo– invisibilizan la problemática de feminicidios y violencia estructural, al clasificar las muertes violentas de mujeres como homicidios y no feminicidios, lo que incurre en un proceso de victimización secundaria.
Explicó que, dentro de este proceso de victimización secundaria, se culpabiliza a las víctimas y se encuentran justificaciones para los victimarios tratando de pasar esta problemática por una situación excepcional, y no ven las circunstancias que rodearon esas muertes.
El pasado 17 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad de México creó la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio; sin embargo, aún se no muestra un compromiso real para visibilizar la información de las víctimas del delito de violencia de género.
La Comisión puso énfasis en que, a pesar de la gravedad del feminicidio, aún no se cuenta con una política criminal que considere las razones de género, ni un plan de persecución penal tome en cuenta el contexto de las víctimas, y, con ello, dejar de tratar los casos como un problema pasional.
Al respecto, el organismo urgió a la construcción de políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el acceso a justicia.
Al menos diez mujeres son asesinadas en todo el país al día en este 2019. A nivel nacional, tan solo en el primer semestre del año se han registrado al menos 1 mil 812 casos, de los cuales, 448 son investigados como feminicidios y 1 mil 364 como homicidio doloso. Foto: Sugeyry Gándara, SinEmbargo.
La escasa o casi nula atención de los asesores jurídicos, o que las víctimas no cuentan con ellos, es otro de los puntos que se recalcan en el informe.
El Centro de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), – la detención encargada de atender casos de violencia de género– no brindó atención psicológica a ninguna víctima en ocho de los 20 casos analizados, “únicamente llevó a cabo entrevistas para la dictaminación pericial”.
Esta dependencia sólo realizó dictámenes psicológicos que establecieron las afectaciones de las víctimas y sugirieron el tipo de tratamiento que debían tener; pero esas valoraciones carecían de una evaluación de riesgo, lo cual, es fundamental en casos de violencia de género porque “habría permitido habilitar las medidas de protección a las víctimas”, reveló CDHCM.
“El derecho de los familiares de las víctimas a la verdad implica un acceso adecuado a la información sobre investigaciones en curso, la eventual sanción de los responsables”, apuntó. Ese derecho se vulnera cuando las víctimas, no tiene información necesaria, a falta de un asesor jurídico o un asesor negligente.
A nivel nacional, cada asesor jurídico atendió a 147 víctimas, en concreto de la ciudad de México, no se brindó información.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
La CDHCM también ubicó un patrón relacionado a la violencia institucional que, “subyace en la actuación omisa y negligente de las autoridades ministeriales de la PGJE”, en diversos casos desde que las víctimas interponen las denuncias.
Aunado a lo anterior, la revictimización o victimización secundaria, la desacreditación y minimización del dicho de la víctima, la negativa de investigar y la impunidad en la que permanecen muchos de los casos, “constituye violencia institucional por parte de la PGJ, lo que vulneró el derecho de las víctimas al debido proceso, en relación con su derecho de acceso a la justicia”, aclaró la Recomendación.
La Comisión también acreditó que, en al menos cinco de los 20 casos denunciados, personal de la Procuraduría, el Tribunal Superior de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública incurrieron en actos de filtración de información y con ello, “vulneraron el derecho a la intimidad y a la vida privada”.
Lo anterior por “no proteger a las víctimas de las injerencias arbitrarias a su vida privada, ataques a su vida privada por parte de la autoridad, por la difusión de imágenes, siendo omisos en salvaguardar la información que se encontraba bajo su custodia”.
Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la CDHCM apuntó que en 30 por ciento de los casos de feminicidio existe filtración de información. Foto: Cuartoscuro.
RECOMENDACIONES
La Comisión reiteró que es preocupante que no haya previsiones, ni un marco normativo claro para la actuación de las y los servidores públicos encargados de la seguridad ciudadana y la procuración de justicia.
“Hay prácticas institucionales que oscilan entre la omisión y la negligencia pasando por la invisibilización de la violencia contextual de las víctimas”.
En el Informe también se urgió a las autoridades a que fortalezcan la atención inicial, asistencia jurídica, atención psicológica, medidas de protección, los protocolos, procedimientos, y la actuación tanto de servidores públicos, peritos, policías y agentes del Ministerio Público.
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