Un equipo multidisciplinario de investigadores mexicanos está analizando millones de datos buscando establecer una relación entre la violencia escrita en redes sociales y los delitos violentos contra las mujeres reportados en México. La investigación, a cargo del equipo integrado por Alejandro Molina Villegas, Oscar S. Siordia, Gandhi Hernández y Rosa Martha Peralta del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo) y por Perla Fragoso del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), estudia el fenómeno social de la misoginia a través de métodos de Geointeligencia Computacional.

Según el Diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2017), de 12 feminicidios al día en América Latina 7 ocurren en México. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que en los últimos diez años (2007- 2017) fueron asesinadas 22 mil 482 mujeres en las 32 entidades del país; es decir, en promedio, cada cuatro horas ocurrió la muerte violenta de una niña o mujer en México.

El feminicidio es la máxima expresión de un continuo de violencias contra las mujeres y las niñas. En México está tipificado como un delito y en el Código Penal Federal se le define como la privación de la vida a una mujer por razones de género. Las razones de género describen las desigualdades históricas entre hombres y mujeres que han generado la discriminación de estas últimas y que se traducen en relaciones de abuso, de control, de dominación y de subordinación de las mujeres. Lo anterior se funda en una concepción misógina de la mujer; es decir, una visión de la mujer como un ser de valía inferior a la del hombre. La misoginia describe a las conductas y discursos de denigración, discriminación, desprecio, cosificación sexual y violencia contra las mujeres, las niñas y lo femenino; que se basan en dicha concepción de inferioridad. Como otros discursos de odio, la misoginia muchas veces se expresa, de manera velada y tolerada, en chistes, parodias y expresiones que circulan de boca en boca, en programas de radio y televisión y en redes sociales.

Su naturalización en estos medios, y en el día a día, favorece su reproducción. Aunque estas expresiones de misoginia pueden considerarse “menores” y sin efectos, favorecen la permanencia de una cultura de desigualdad por razones de género, en la que las mujeres son discriminadas, violentadas e incluso asesinadas de manera impune. De ahí la importancia de preguntarnos por el impacto de los discursos misóginos en nuestra sociedad.

El proyecto titulado “Misoginia en pocas palabras: Identificación y análisis de violencia escrita contra las mujeres en textos cortos de twitter” servirá para descubrir, por ejemplo, si existen diferencias significativas en la frecuencia de mensajes misóginos para las distintas entidades geográficas del país; es decir, en qué regiones de México se emiten más tweets con contenido misógino y, eventualmente, se contrastará con estadísticas de violencia y feminicidios para generar indicadores, recomendaciones y mapas de riesgo.

El carácter multidisciplinario y el uso de metodologías de frontera de Procesamiento de Lenguaje Natural, realzan el potencial de esta investigación. El año pasado, el equipo de investigadores consiguió el tercer lugar en el certamen de detección automática de textos agresivos MEX-AT3 compitiendo con un algoritmo de aprendizaje de máquina capaz de reconocer patrones recurrentes en el discurso de odio. Si bien la violencia escrita en México ha sido estudiada por historiadores, sociólogos, antropólogos y politólogos a través de medios de comunicación impresos y masivos, como la prensa y la televisión; la presencia de los discursos de odio en las redes sociales ha sido escasamente abordada y debido a esto, la investigación sobre violencia escrita en las redes sociales se perfila como necesaria y novedosa en México.

A corto plazo, los investigadores buscan sensibilizar a la gente con respecto a este tema pero también están interesados en poder hacer sinergia con organizaciones que exploten las herramientas avanzadas de monitoreo resultantes de la investigación.

El equipo de Geointeligencia Computacional generará un sofisticado modelo de clasificación textual capaz de reconocer, con bastante precisión, cuando un comentario es misógino basándose en muestras explícitas de este fenómeno. A esto se le conoce como aprendizaje supervisado y es un tipo de algoritmo de Machine Learning que emplea un conjunto de datos conocidos (datos de entrenamiento) para realizar predicciones. El conjunto de datos de entrenamiento consiste en una colección de vectores de números reales que codifican, de manera abstracta, el contenido textual de los mensajes misóginos (y no misóginos) y lo asocia con su categoría. A partir de eso, el algoritmo de aprendizaje supervisado crea un modelo que pueda realizar predicciones acerca de las categorías, para un nuevo conjunto de datos.

Figura del mapa:

Mapa coroplético de México indicando, en color más intenso, una mayor incidencia de tuits clasificados como misóginos. En la parte inferior, se muestran cifras oficiales de los estados con mayor número de denuncias por feminicidio en el periodo de septiembre 2017 a octubre 2018. Fuente: centrosconacyt.mx

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El transporte público en Ciudad de México, además de presentar problemáticas en cuanto a su eficiencia y suficiencia, también muestra dificultades para garantizar un ejercicio igualitario hacia  sus usuarios. Las mujeres son uno de los grupos vulnerables que enfrentan cotidianamente barreras para acceder efectivamente a su derecho a una movilidad segura, digna y accesible.

Las mujeres son en comparación con los hombres, más acosadas y violentadas sexual, física y verbalmente, las que tardan más tiempo en llegar a sus destinos y las que gastan más dinero en sus traslados, de acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México.

Ser víctima de acoso o violencia en alguna unidad del transporte público genera efectos psicológicos importantes, mismos que las mujeres buscarán prevenir con modificaciones en sus rutinas, aunque éstas impliquen tardar más tiempo en llegar a un destino o pagar un medio de transporte que cueste el doble.

De acuerdo con cifras de la Semovi, los tiempos máximos de traslado de los hombres ascienden hasta 2 horas y 29 minutos por viaje; mientras que en 10 regiones de la Ciudad de México se registran mujeres que tardan más de 2 horas con 30 minutos.

Las mujeres han incrementado de manera importante el uso de taxis (libres o de aplicación) priorizando su seguridad. De 100 viajes que hacen las mujeres 18 utilizan este tipo de transporte, que es significativamente más caro que el metro, los camiones o las combis. De 100 viajes que hacen los hombres sólo 10 ocupan taxis.

Las brechas que se generan de estos gastos extras de tiempo y dinero en los que incurren las mujeres se convierten en barreras más pronunciadas para el ejercicio efectivo del derecho a la movilidad segura, digna y accesible en comparación con las que enfrentan los hombres.

¿Por qué las mujeres evitan el transporte público?

El 96% de las mujeres han sido víctimas por lo menos una vez de algún acto de violencia en el transporte público, desde agresiones verbales, contacto físico forzado o persecución. El acoso sexual se ejerce desproporcionadamente contra las mujeres y en 9 de cada 10 casos los agresores son hombres.

Uno de los datos más importantes a resaltar es que los agresores tienden a ejercer este tipo de violencia cuando las mujeres están solas; el 72% de las víctimas expresa que es acosada o agredida cuando está sola y sólo 4% ha sido víctima cuando está acompañada, de acuerdo con una encuesta realizada por la ONU Mujeres y el gobierno capitalino.

De cada 100 mujeres, 77 aseguran que tienen miedo a ser agredidas sexualmente mientras utilizan alguna unidad de transporte público en la Ciudad de México. Y no importa si son jóvenes o no, cerca del 70% de las mujeres de todos los rangos de edad se siente muy insegura usando el transporte público.

La percepción de inseguridad y la sensación de miedo que reflejan las mujeres puede entenderse observando la prevalencia de las situaciones que enfrentan cotidianamente en los microbuses, camiones, taxis o metro. Las usuarias del transporte público son víctimas de actos que van desde una mirada con morbo hasta una violación.

En el transporte público un hombre eyaculó enfrente de 3 de cada 100 mujeres y a otras 3 de cada 100 las obligaron a tener relaciones sexuales.

Las miradas con morbo son la forma más común de violencia, al menos 82 de cada 100 mujeres han sido víctima alguna vez en su vida. El 81% ha sido agredida con frases ofensivas o de carácter sexual, a 66% se le han recargado con el cuerpo con intenciones sexuales; a 57% le han dicho palabras despectivas acerca de las mujeres; a 50% le tocaron el cuerpo sin consentimiento; a 37% le dieron una nalgada; a 26% un hombre le mostró los genitales; a 24% le susurraron cosas al oído y se tocaron o masturbaron frente a ellas.

A 22 de cada 100 mujeres las persiguieron en unidades del transporte público con intenciones de ataque sexual, a 21 de cada 100 le hicieron propuestas sexuales indeseadas, a 9 de cada 100 le tomaron fotos a su cuerpo sin su consentimiento.

Las repercusiones sobre la libertad

Además de los efectos sociales y económicos que surgen de la violencia sexual en el transporte público las mujeres también traducen su percepción de inseguridad en un recorte a sus libertades individuales.

De acuerdo con la encuesta realizada por ONU Mujeres y el gobierno capitalino, las mujeres declaran que han cambiado sus hábitos para protegerse de los actos de violencia. El 17% de las mujeres evita estar sola en el transporte, el 15% procura no salir de noche o antes de que amanezca y el 9% prefiere utilizar ropa muy holgada o estar cubierta mientras utiliza el transporte público.

Ser víctima de acoso en el transporte público no sólo implica tener miedo y coraje. También implica llegar más tarde a la escuela o al trabajo, pagar un Uber al triple de precio del que se pagaría usando el metro, renunciar a la autonomía y pedir a un amigo que me acompañe, no asistir a eventos cuando no haya luz e incluso usar ropa con la que no me siento cómoda.

No poder acceder de la misma manera que los hombres a la movilidad es otra forma de desigualdad.

ana.garcia@eleconomista.mx

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Las marchas feministas que tuvieron lugar en días pasados en la Ciudad de México despertaron opiniones encontradas entre los capitalinos: algunos apoyaban a las marchantes y otros cuestionaban sus métodos. Entre el segundo grupo, estaban algunas mujeres que en redes sociales demostraban su inconformidad expresando «Ellas no me representan».

Sin embargo, las feministas dieron una respuesta sorora a las mujeres que aludían a ese comentario: «Las feministas que ahora no te representan, serán las mujeres que buscarán justicia por ti si desapareces», según se leía en un cartel.

Pero ¿qué es la sororidad? 

La palabra sororidad fue recientemente incluida en el diccionario por la Real Academia Española, que la define como «Agrupación que se forma por la amistad y reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo ideal y trabajan por alcanzar un mismo objetivo».

Sin embargo, el término tiene un impacto más grande y revolucionario dentro de la lucha feminista. Fue la académica mexicana Marcela Lagarde quien lo acuñó por primera vez en Latinoamérica, habiéndolo escuchado ya en Francia, cuna del feminismo, como sororité y en países anglosajones como sisterhood.

Para Lagarde, la sororidad es la respuesta política para luchar contra el régimen patriarcal al que ella llama el pacto masculino, que rige en un mundo en que los hombres sesgan el derecho de las mujeres de implicarse en las decisiones del rumbo que seguirá éste, haciéndolas a un lado y tratando de mantenerlas siempre separadas y alienadas.

Nuria Varela se suma a la definición de Lagarde haciendo notar que una de las armas poderosas del patriarcado es mantener a las mujeres compitiendo entre sí, por eso, la sororidad, en sus palabras, es «un acto de rebeldía contra el patriarcado».

«Mujer, á(r)mate» «La sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y a la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al empoderamiento vital de cada mujer», señala Lagarde.

«En la falsa creencia en la natural solidaridad femenina, ha sido evidente que las relaciones entre mujeres son complejas y están atravesadas por dificultades derivadas de poderes distintos, jerarquías y supremacismo, competencia y rivalidad», dice también  Lagarde.

Estos, explica la académica, son mecanismos políticos que provienen de la fragmentación social y de normas de género para mantener la supremacía masculina sobre las mujeres creando distancia entre ellas.

Desde pequeñas, los medios de comunicación, los familiares, amigos y en general, la sociedad, enseñan a las mujeres a competir entre otras.

Estereotipos en la publicidad de «la mujer perfecta», o las telenovelas en donde una mujer enloquece y trata de destruir a otra sólo porque no logró ser el interés romántico del protagonista de la historia, o los amigos consolando a una adolescente que acaba de descubrir que su exnovio tiene una nueva relación diciendo «no importa, estás más bonita tú» son claros ejemplos de la normalización de esta práctica, una lucha inútil y sin reciprocidad para alcanzar la aprobación masculina.

La sororidad busca romper con esa división y la lucha sin rumbo, y ha estado presente por mucho tiempo, cuando madres e hijas se defienden mutuamente de la violencia, o tus hermanas o amigas te avisan que tu novio te está engañando, o tratan de hacerte renunciar a una relación violenta.

Pero además, puede hacerse todavía más grande, cuando mujeres que no son necesariamente amigas, se apoyan entre sí, se escuchan y están dispuestas a sacrificar su propia seguridad e integridad por exigir justicia y seguridad para otras mujeres a las que ni siquiera conocen.

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La película “Nuestras madres” del belga guatemalteco César Díaz, un filme en español sobre los desaparecidos en Guatemala como consecuencia del conflicto armado, representará a Bélgica en la carrera por el Óscar a la Mejor Película Internacional en la próxima edición de estos premios.

Un jurado de profesionales flamencos y francófonos del cine escogió esta película, el primer largometraje de ficción de César Díaz, por la “universalidad” de su argumento y la temática social “que presenta con modestia y precisión”, informó en un comunicado la agencia para la promoción en el extranjero de la industria audiovisual de Valonia y Bruselas.

La primera del guatemalteco

La ópera prima del director recoge la historia de un joven antropólogo que trabaja en la identificación de desaparecidos y al que el testimonio de una mujer le dará pistas sobre el paradero de su propio padre.

El argumento evoca la historia personal del propio Díaz, cuyo padre desapareció en 1982 durante el conflicto armado interno de Guatemala que dejó más de 200,000 víctimas y 45,000 desaparecidos, y habla también de los familiares que les sobrevivieron.

La película ya logró el premio Cámara de Oro a la mejor ópera prima de la 72 edición del Festival de Cannes y el premio de la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos (SACD) de la Semana de la Crítica, sección paralela de ese mismo festival.

Su película compitió en la Semana de la Crítica, sección paralela del certamen cinematográfico francés, y habla de las víctimas y desaparecidos que dejó el conflicto interno de su país y de los familiares que sobrevivieron.

La película, que profundiza en la dramática búsqueda de los desaparecidos del conflicto armado y las secuelas del terror afianzado por las fuerzas represivas del Estado, obtuvo dentro de la Semana de la crítica el premio de la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos (SACD); además del premio “Rail d’or” del sindicato de ferrocarrileros.

Los nueve títulos preseleccionados por Hollywood entre los enviados por todos los países no se conocerán previsiblemente hasta principios de 2020.

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En el marco de un debate en un juicio oral en Bahía Blanca, una defensora oficial sufrió agresiones por su condición de mujer ante la total pasividad de los integrantes del Tribunal (todos varones). Al hacer pública su situación, la defensora puso en evidencia las dificultades que tienen las mujeres para desenvolverse en el campo de una «familia judicial” machista. Puertas adentro de este poder, la justicia de género todavía está lejos de alcanzarse. La poca participación de las mujeres en el ámbito judicial es apenas punta de iceberg. Las mujeres tienen techos bastante visibles para llegar a los lugares de decisión y también, como en otros ámbitos, la base de la que parten siempre es peor. La violencia laboral también las afecta más a ellas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabeza del Poder Judicial, es un símbolo de lo que falta por cambiar para lograr que la justicia tenga perspectiva de género. El gobierno tuvo la oportunidad de avanzar hacia la paridad en su composición, pero decidió retroceder y hoy hay una sola mujer jueza.

La poca participación de las mujeres en el ámbito judicial es solo una de las desigualdades más visibles, pero el abanico de problemáticas de género se despliega apenas empieza a abrirse.

En los últimos diecisiete años, el porcentaje de mujeres fiscales se mantuvo por debajo del 30 por ciento, según la última investigación del mes de febrero, de la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a cargo de Romina Pzellinsky, titulada “El impacto del género en el proceso de selección de fiscales”.

Esta investigación indaga acerca de cuál fue el impacto del género en el proceso de selección de los cargos de mayor jerarquía en el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) en un período de diecisiete años, entre 2000 y 2016. Para su elaboración se analizaron los cinco Reglamentos de Concursos que fueron sancionados durante ese lapso. “En primer lugar, como principal hallazgo se advierte que la brecha de género sigue siendo significativa, con presencia de una doble segregación que se perpetúa tanto en sentido vertical como horizontal. En segundo lugar, los datos ponen de relieve que en el período analizado, el porcentaje de aspirantes mujeres inscriptas a los concursos no ha variado sustancialmente, con una participación promedio del 26%”, dice el informe; destaca además que a pesar de haber cambiado el proceso de selección de fiscales y que ahora se requiera de un concurso público, la inclusión de mujeres no se amplió.

Al 31 de diciembre del año 2000, el MPF tenía 269 fiscales, de los cuales 72 eran mujeres (27%) y 197 varones (73%). Para el 31 de diciembre de 2016, registraba un total de 295 fiscales; de los cuales, 84 eran mujeres (28%) y 211 (72%) varones.

Techo de cristal

Además, el llamado techo de cristal que impide el ascenso de las mujeres se hace bastante evidente en esta investigación, ya que la brecha de género se profundiza en los puestos de mayor jerarquía (con 20% de participación femenina) frente a los de menor (con 33%).

También muestra una clara división sexual del trabajo: en las especialidades no penales, los resultados se acercan a la paridad entre varones y mujeres, mientras que en el fuero penal se registra un contundente predominio masculino y una alta sub-representación femenina. La excepción dentro del fuero penal la constituyen las fiscalías de menores. En este caso, las mujeres designadas por concurso duplican a sus pares varones. “Se trata de un tipo de segregación que alude a la sobre-representación femenina en determinadas ramas o áreas de actividad asociadas principalmente a roles considerados primordialmente femeninos –como el cuidado de niños y niñas– y que tienen como correlato una sobre-representación masculina en otras ramas asociadas a la fortaleza y al ejercicio del poder, que el imaginario social suele atribuir a los varones”, analizan las expertas.

Suelo pegajoso y cañerías rotas

Según señala el informe y cantidad de bibliografía sobre el tema, para las mujeres el punto de partida siempre es más dificultoso. La edad promedio al momento de presentarse a concurso es superior a la de los varones, como también se destaca que resultan proporcionalmente más las mujeres que no tienen hijas/os al momento de las inscripciones con respecto a los varones en igual condición.

Además, las mujeres que llegan al tramo final de la parte meritocrática de la competencia obtienen un nivel de calificaciones levemente superior al de sus colegas varones. “Más allá de las múltiples variaciones introducidas a lo largo del período, el conjunto de cuerpos normativos refleja una pretensión de neutralidad frente al género de sus postulantes que se traduce en la ausencia de criterios relevantes que podrían impactar positivamente sobre una representación de género más equilibrada”, plantea el informe.

La sub representación femenina se replica también en la conformación de los tribunales evaluadores. La investigación destaca que el único período que contó con jurados mujeres en todos los concursos fue entre 2013 y 2016 (en el que llegaron al 38 por ciento), cuando estuvo al frente del organismo la primera mujer, Alejandra Gils Carbó.

En la misma línea, Julieta Colantuano, del área de Género del sindicato SITRAJU, en el MPF, remarca que hay muchos estereotipos y prejuicios en juego. “Las mujeres somos el 61 % del personal administrativo en la justicia nacional y federal, el 32 % del personal de servicio. Somos un total de 57 % en la justicia nacional y federal, pese a eso nos desarrollamos en un medio que reproduce prácticas patriarcales, hacia dentro de su estructura y hacia fuera, con la producción de dictámenes y sentencias. Influye aquí el fenómeno de ‘piso pegajoso’, ya que las mujeres partimos siendo una mayoría, pero se va disminuyendo en las categorías más altas. Además, continúan recayendo en forma preponderante las ‘tareas de cuidado’ en las mujeres, ocasionando limitaciones a la hora de continuar los estudios y habilitar aún más posibilidades de ascensos en la carrera judicial”, explica (ver aparte)

La percepción de la discriminación

Ya en 2013, el Observatorio de Género en la Justicia de la CABA, a cargo de Diana Maffía, llevó adelante la encuesta “Percepciones de operadoras y operadores acerca de la desigualdad de género en la justicia de la CABA”,  con el apoyo de la Oficina de Estadística del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires. 1239 operadores y operadoras de la justicia respondieron la encuesta. En primer lugar, se indagó si las personas encuestadas se habían sentido alguna vez discriminadas o habían sabido de algún tipo de discriminación a otros/as dentro del ámbito laboral, y los motivos de la discriminación.

Quienes reconocieron algún tipo de discriminación seleccionaron por lo menos dos motivos. La respuesta más frecuente fue la “discriminación política”, mencionada en un 67% de los casos.

En segundo término, el 57,4% de las personas encuestadas reconoció situaciones de “discriminación por género”, seguidas de las relacionadas con el “origen social” en un 33,5% de los casos, con “discapacidad” en un 29,9% de los casos, con la “edad” (22,8%) y con la “orientación sexual” (20,1%). “Cuando se introduce la variable género, las respuestas presentan interesantes diferencias –analizan las investigadoras–.   Si bien se mantienen las tendencias generales ya mencionadas, se puede ver que los varones tienen una mayor percepción de la discriminación en todas las categorías con excepción de la “discriminación de género”.

El castigo de ser madres

Cuando se considera la percepción de los distintos tipos de maltrato laboral en relación con el género de la persona encuestada, se observa que las mujeres manifiestan una mayor experiencia o conocimiento respecto de todas las situaciones planteadas, a excepción de las “críticas injustas o exageradas”, mencionadas por un 74,6% de los varones y por un 71,4% de las mujeres. En particular, la proporción de mujeres que menciona haber tenido dificultades para integrarse al trabajo tras una licencia por maternidad, o conocer este tipo de situaciones, prácticamente duplica la de varones que menciona este tipo de maltrato (23,2% y 12,9%, respectivamente).

En el MPF, por ejemplo, Colantuano relata que “la trabajadora que goza de licencia por maternidad y decide continuar de licencia bajo la modalidad de excedencia (sin goce de sueldo), el tiempo de la excedencia no contabiliza en la antigüedad. De esta manera, las mujeres, al ser madres, encontramos una merma en nuestros ingresos ya que un monto de nuestro sueldo se actualiza a los 2 años por la antigüedad y permanencia en el cargo. Además, al gozar de la excedencia, la Obra Social del Poder Judicial no da cobertura, por ende la trabajadora o trabajador y su grupo familiar se queda sin obra social”. Por otro lado, agrega que en muchos casos “al regresar de la licencia por maternidad, las mujeres encuentran que hubo una reasignación de tareas en las oficinas, implicando para ellas una desmejora en la valoración de sus aptitudes laborales. Esto también lo consideramos como una práctica silenciosa donde se ejerce violencia de género”.

Si hay desigualdad, hay violencia

Alrededor de 8 de cada 10 encuestados/as por el Observatorio de Género afirmó haber experimentado o conocido situaciones de acoso relacionadas con “burlas, bromas o apodos”, el 67,9% “comentarios indeseados acerca de la apariencia”, un 53,3% recibió o supo de “comentarios indeseados acerca de la vida o preferencia sexual” y un 43,2% “saludos incómodos”. Finalmente se agrupan aquellas menciones menos frecuentes, señaladas por entre un 17,7% y un 23,6% de los/as respondentes: “atenciones o invitaciones no deseadas”; “presión o amenazas de afectar la situación laboral si no se aceptan invitaciones fuera del trabajo”; ”contacto físico no deseado” y “persecuciones fuera del horario laboral”.

Protocolos

En este contexto, y en el marco de la avanzada feminista de los últimos años y el reclamo social de instrumentos que regulen la atención de situaciones de violencia, aparecen también en la justicia protocolos de actuación ante situaciones de discriminación o violencia por razones de género. Y también reclamos e iniciativas de capacitación que toman impulso a partir de la sanción de la Ley Micaela el 19 de diciembre de 2018, que establece la obligatoriedad de formación en violencia de género para el personal de los tres poderes del estado.

Que el Poder Judicial, que se comporta todavía con prerrogativas de un poder especial, escuche lo que está pasando en la sociedad y proponga trabajar hacia adentro las propias violencias de las cuales ningún ámbito está exento es un gesto reclamado por sus trabajadores/as. Se espera además que de una institucionalidad mayor a procesos internos que de lo contrario quedan librados a la discrecionalidad de los actores con poder.

En esa línea, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, aprobó el 19 de junio un Protocolo de actuación para la prevención y la intervención en casos de discriminación por motivos de género, para todo el personal que integra el Ministerio Público de la Defensa (MPD). Hace algunas semanas, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, aprobó su parte, el Programa de capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres. Integración de los enfoques de género en la actuación del MPFN y su política criminal — ‘Ley Micaela’”–, cuya realización será de carácter obligatorio para todas las personas que cumplan funciones en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, cualquiera sea su cargo.

El SITRAJU del MPF había hecho pública una propuesta de protocolo de violencia en el ámbito laboral el 17 de julio. En diálogo con Página/12, Julieta Colantuano explica a qué responden esta y otras iniciativas que llevan adelante para modificar la desigualdad de género en el ámbito de la justicia.

-¿Qué pasa con las denuncias de violencia de género en el empleo judicial? ¿De cuántas tienen conocimiento? ¿Cómo se resuelven?

–En el Ministerio Público Fiscal tomamos conocimiento del estado de las denuncias a partir de un pedido de acceso a la información pública que realizamos desde nuestro gremio en marzo pasado. La respuesta nos sorprendió y alarmó. De 44 denuncias, sólo en 19 se abrieron sumarios y únicamente en 7 casos hubo sanción, que fueron 3 llamados de atención, 2 apercibimientos y 2 suspensiones. A partir de esta respuesta es que elaboramos gran parte de nuestra agenda de trabajo, por lo cual nos encontramos reclamando dos cuestiones que consideramos esenciales, la modificación reglamentaria, por la cual se incorpore la figura de “violencia de género” como causal de sanción y la conformación de una mesa de trabajo que de nacimiento a un Protocolo de Actuación para casos de violencia de género. Nosotros realizamos una propuesta concreta, pero queremos sentarnos a conversar al respecto. Al momento, los datos lo demuestran, las resoluciones son escasas. Sabemos que se tiende a preferir la resolución del conflicto en el ámbito laboral a la denuncia en fuero penal y/o civil y la primera medida que generalmente se toma es trasladar a la persona denunciante, con todo lo que conlleva esta situación (pérdida de carrera judicial, pérdida de grupo de trabajo, estigmatización de su persona en el grupo que deja y en el grupo que ingresa, y más).

–¿Qué es lo que falta para lograr mayor y mejor participación y trabajo para mujeres y disidencias en ese ámbito?

–La ausencia de regulación explícita que asegure la diversidad de género es una deuda pendiente. Así también, avanzar en las reformas necesarias en el sistema de selección de concursos. Además, el convencimiento que el tránsito de las mujeres y diversidades en el mundo judicial podrá mejorar en la medida que se comience a dar cumplimiento a la llamada “Ley Micaela”. En el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación hay posibles avances al respecto, tenemos propuestas para hacer. Como primer señalamiento, consideramos que deben realizarse convenios de formación con instituciones por fuera del ámbito del Ministerio. No pueden únicamente ser formadores quienes también deben ser capacitados. ¿Qué es lo principal que nos falta cambiar en el ámbito del poder judicial y de los Ministerios Públicos? La ausencia de una mesa de discusión salarial y condiciones laborales es una deuda pendiente. Quienes trabajamos en la justicia nacional y federal carecemos de convenio colectivo de trabajo. Esta ausencia es una ausencia total de derechos, los y las trabajadores no tenemos una instancia formal para sentarnos a dialogar. Estamos luchando por eso y lo seguiremos haciendo.

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Yásnaya Aguilar cuenta que no supo que era indígena hasta que llegó a vivir a la ciudad. Hasta entonces nunca se lo había planteado porque desconocía el mundo en que ellos, su pueblo, Ayutla Mixe, en Oaxaca, en el sur de México, era considerado como tal. “Siento que hay una relación compleja con la palabra indígena”, cuenta Aguilar, lingüista, ensayista y uno de los secretos mejor guardados de las letras mexicanas. “Tiene mucha carga, aunque es verdad que la palabra indio tiene más. Indígena es la versión políticamente correcta de indio. La incomodidad tiene que ver con el hecho de ser categorizado como indígena por los Estados nacionales”.

Es ese extrañamiento de ser nombrada por el otro, de existir en cuanto a un otro hasta entonces prácticamente desconocido, lo que empezó a despertar en ella una sensación molesta. De fraude. “Como lingüista me puse a ver si había equivalencias a la palabra ‘indígena’ en las lenguas de México. Y me di cuenta de que en la mayoría no existe. En mixe, por ejemplo, akäts significa no mixe, que puedes ser tú, un japonés o un canadiense”. Es decir, que no hay concepto que nombre al hombre blanco. Está el mixe, están los demás.

Y otra incomodidad. Mujer, indígena y feminista, la autora sostiene que “hay una relación compleja entre las mujeres indígenas y el feminismo. La relación con las organizaciones”, dice, “repite a veces patrones colonialistas”. Aguilar no se declara feminista sin antes plantear varios cruces históricos. “El feminismo tendría que plantearse la reflexión colonial, que muchas veces no sucede. En el momento en que se establece el colonialismo, las mujeres, blancas e indígenas, son racializadas. Es decir, si bien antes del contacto las mujeres eran mujeres, con la colonización se convierten en mujeres blancas [y las indígenas]. Y si bien las blancas mantienen una relación de opresión con el hombre blanco, también hay un pacto racial. Eso debe estar claro”.

Aguilar se ha erigido en portavoz de su pueblo en un conflicto que dura ya más de dos años. En junio de 2017, un grupo armado secuestró el manantial que surtía de agua a Ayutla. Desde entonces la traen en camiones cisterna. Varios medios en México han apuntado los intereses económicos de grupos como este, ligados al cultivo de amapola. Pero de momento no hay solución. Lo último, en agosto, fue que este grupo dinamitó el sistema hidráulico que transportaba el agua a Ayutla.

Hay varias cosas molestas en el secuestro de un manantial. La falta de agua es la más evidente, pero la condescendencia y el racismo de los políticos, dice Aguilar, es peor. No hacen nada, cuenta, porque de puertas hacia afuera el conflicto se vende como un problema entre salvajes. Tal cual. Los pueblos indígenas funcionan de reclamo turístico, pero cuando se meten en política para solucionar sus problemas las cosas cambian. “Pocas veces se nos ve como agentes políticos. Somos usados como una reserva folklórica que justifica cultural y espiritualmente al Estado mexicano”, critica la autora. “Los pueblos indígenas no somos la raíz de México, somos su negación constante. Esto de ser las raíces de México es despolitizarnos, usarnos para justificar algo en lo que nunca participamos, es decir, crear el Estado. Por eso somos una negación”.

El año pasado escribió dos ensayos muy celebrados. Bastaba ver estos días a decenas de jóvenes, hombres y mujeres, vitoreándola en las conferencias en que ha participado en el Hay Festival de Querétaro. Uno de los ensayos forma parte de un libro, Tsunami, que recoge las voces de varias narradoras alrededor de la nueva ola feminista, de lo que significa ser mujer en el siglo XXI. El de Aguilar se titula La sangre, la lengua y el apellido. Ahí escribe: “Todas las mujeres indígenas pertenecemos a naciones sin Estado, es el rasgo que nos agrupa bajo la categoría indígena, pero cada Estado determina el modo en que ejerce esta categoría y actualiza la opresión”.

La pregunta es evidente, ¿cómo oprimen los Estados? Aguilar, 37 años y una voz velocísima, contesta que de muchas formas. Relata que en Canadá por ejemplo, las indígenas buscan pareja de acuerdo a la sangre. Cuanto más pura sea, más puros serán los hijos y mayores beneficios obtienen del Estado. En México, la indigeneidad se mide por la lengua, la capacidad personal de hablar náhuatl, mixe, zapoteco, maya…

“México oprime a partir del mestizaje. Y el mestizaje implica desindigenización de este país”, argumenta. “Se narra como una política racial, lo que es insostenible: ya ahora todas las personas en el mundo somos mestizos. Y si mestizos no es una categoría racial debe ser otra cosa: un proyecto político del Estado mexicano. La lengua es el criterio que más ha usado el Estado para clasificar quién es indígena y quién no. Si tu ves los cálculos, te das cuenta de que en 1820, alrededor del 70% de la población mexicana hablaba una lengua indígena. O sea, esta era la situación después de 300 años de colonialismo español. Con esto no quiero relativizar los estragos del colonialismo, pero el Estado mexicano redujo esa cifra hasta el 6% en poco más de 200 años”.

Para la autora, los Estados nacionales actuales están construidos bajo la idea de “homogeneidad lingüística”. Sobre todo después de la Revolución Mexicana, “hubo esfuerzos coordinados para castellanizar forzosamente. Ha sido la política más exitosa del país”. ¿Qué pasó, esa población desapareció? “No, fue adscrita, sobre todo por la escuela, a la ideología nacionalista del mestizaje. Decimos que tú no eres mestiza, eres desindigenizada por el Estado. La opresión opera en este mecanismo. Para el Estado, el éxito es que todos nos identifiquemos como mestizos”.

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Madres, hijas, hermanas y amigas víctimas de violencia realizaron este domingo una Marcha del Silencio por las Mujeres Asesinadas, que partió del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino.

Las mujeres, la mayoría vestidas de blanco, comenzaron a caminar pasadas las 13:30 horas, como protesta ante los crecientes feminicidios en prácticamente todo el país, donde las víctimas cada vez más son niñas y adolescentes.

Cientos de mujeres y colectivas feministas participan en la manifestación “Marcha del Silencio, ¡Ni una menos! ¡Ni una más! de la Victoria Alada al Zócalo de la #CDMX pic.twitter.com/7JhZLG9ks7

— Somos el Medio (@Somoselmedio) September 8, 2019

Con paraguas, gorras, pancartas y letreros, los manifestantes, algunos de ellos hombres, exigieron a los gobiernos federal, estatal y de la Ciudad de México mecanismos más eficaces para frenar los feminicidios y mejorar la llamada “Alerta de Género” que se aplica en diversos estados.

Familiares de víctimas de feminicidio en la #MarchaDelSilencio pic.twitter.com/BUSy0gg4lb

— GLOW❤️‍🔥 (@lvloon) September 8, 2019

Las mujeres llevaron solo pancartas y las fotografías de las mujeres víctimas de violencia y en su convocatoria pidieron hacerlo en silencio y evitar hacer pintas.

Las manifestantes gritaron seis exigencias durante la marcha en donde pidieron detener los feminicidios y detener la violencia: ¡Ni una menos, ni una menos, todas vivas nos queremos! y ¡Porque vivas, vivas estamos, vivas nos queremos!.

Madres de víctimas de feminicidios y diversos colectivos de mujeres hacen un llamado a sumarnos el próximo domingo a la "Marcha Del Silencio" por todas las mujeres violentadas.

Hagamos de nuestro silencio el grito más fuerte #SomosTodAs #ExigirJusticiaNoEsprovocación 👇 pic.twitter.com/JmFMvWjmgZ

— CDHVitoria (@CDHVitoria) September 3, 2019

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