Mientras el fuego arrasaba con el salón de clases, las súplicas de las 56 niñas encerradas comenzaron a silenciarse. En el momento en que un silencio inquietante remplazó sus gritos de pánico la mayoría estaba inconsciente o había fallecido.
Las policías que vigilaban la puerta, quienes se rehusaron a abrirla pese a los gritos, esperaron nueve minutos antes de entrar. Y usaron agua para enfriar la perilla hirviente de la puerta. Adentro, decenas de niñas que estaban bajo el cuidado del Estado guatemalteco yacían sobre el piso ennegrecido. Murieron 41 de ellas.
Fue una de las tragedias más mortíferas en Guatemala desde el fin de la guerra civil hace décadas, y sucedió dentro de un centro de acogida para jóvenes en riesgo, a quienes el gobierno había ubicado en esas instalaciones supuestamente para resguardar su propia seguridad.
Ahora, casi dos años después, ya han comenzado todos los juicios contra los funcionarios públicos acusados de no haber impedido las muertes. Sin embargo, una revisión de más de dos docenas de archivos de los casos de las víctimas y los sobrevivientes —junto con entrevistas con los familiares, los empleados del centro de acogida y los funcionarios públicos— revela un patrón de denuncias de abuso físico, psicológico y sexual en el centro que se remonta a varios años atrás.
Según señalaron los funcionarios, entre 2012 y 2015, seis niños murieron en esa casa dirigida por el gobierno, la mayoría debido a complicaciones prevenibles relacionadas con la salud. Las autoridades también investigan veinticinco casos de abuso que fueron denunciados durante el año anterior al incendio.
Además, mucho antes de la tragedia, varias niñas les habían dicho a sus familiares que las obligaban a tener sexo con extraños mayores, de acuerdo con entrevistas con los miembros de tres familias distintas.
“Cuando fui a verla un mes antes del incendio, me rogó que la sacara de ahí; dijo que la estaban lastimando”, comentó Estelita de Jesús Chutan Urrias, hermana de una de las chicas que murió en la tragedia. “Me dijo que sacaban a algunas de las chicas a medianoche, las bañaban, las vestían y las obligaban a dormir con desconocidos”.
Las muertes son un reflejo del cruel paso a la adultez de muchas jóvenes en Guatemala, una transformación que a menudo está marcada por la pobreza, la violencia y la desesperación. El país tiene una de las tasas más altas de embarazo infantil y los feminicidios están entre los peores en el mundo.
“Ser niña en Guatemala es un riesgo y así ha sido durante generaciones”, dijo Marwin Bautista, subsecretario de Bienestar Social, quien supervisa los centros de acogida. “Esta fue una falla de la institución. Para ser honesto, no fue casualidad. Fue el terrible resultado de años de negligencia y problemas”.
La tragedia comenzó con un intento de escape. Casi cien de los niños recluidos en el centro estatal de acogida, conocido como el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, habían decidido escapar en grupo. Sin embargo, los policías los rodearon y los encerraron en el centro: los niños en un auditorio grande y las niñas en un pequeño salón de clases donde solo cabían pocas personas.
Después de horas de encarcelamiento —durante las que no permitieron que las niñas usaran el baño— alguien prendió un cerillo con la esperanza de que un incendio obligara a la policía a dejarlas salir. En cambio, la mayoría de las niñas murieron mientras más de una decena de policías discutía si su supervisora, que estaba a 3 metros de ahí, debía abrir la puerta con las llaves que tenía en el cinturón.
En ese momento, el fuego envolvió los colchones baratos de poliestireno que les habían dado a las adolescentes para dormir, los cuales les quemaron la piel y silenciaron sus gritos debido al humo tóxico. Las chicas, que no habían cometido ningún delito ni representaban una amenaza a la sociedad, fueron víctimas incluso antes del incendio. Como sobrevivientes de abuso sexual, violencia o abandono —a menudo a manos de sus propios familiares— el gobierno les había asignado un lugar en el instituto por su propia seguridad. En teoría, el mundo exterior era lo más peligroso para ellas.
“Son niñas que han sufrido abusos y a veces habían sido violadas por miembros de su propia familia”, dijo Norma Cruz, directora de Sobrevivientes, una fundación que representa a las familias de casi dos decenas de víctimas. “Las niñas fueron llevadas ahí para protegerlas”.
El escape
El Hogar Seguro Virgen de la Asunción fue creado para niños que no tenían adónde ir. Inaugurado en 2010, albergaba a niños y niñas desde la infancia hasta los 17 años en un centro a puertas cerradas en los límites de Ciudad de Guatemala.
Desde hace mucho tiempo, los escapes habían sido un tema en el centro de acogida. Tan solo entre septiembre y noviembre de 2016 escaparon más de noventa niños, según fiscales que han acusado a más de una decena de funcionarios en relación con el incendio.
Desde 2013, los periodistas locales habían hecho reportajes sobre los abusos que sucedían dentro del hogar: comida podrida, sábanas sucias que provocaban enfermedades en la piel y encargados con conductas violentas. En febrero de 2017, otro grupo de niños comenzó a planear su escape.
Comenzó el 14 de febrero, cuando permitían que los niños convivieran. Muchísimos niños y niñas se pusieron de acuerdo para escapar, pero la noticia de la huida comenzó a filtrarse. El 7 de marzo, alrededor de la hora del almuerzo, dos niñas fingieron una pelea en la cafetería y los encargados fueron a detener la riña. Los demás escaparon.
Eran casi cien en total. Escalaron los muros del edificio que daba al exterior y saltaron a una barranca; algunos se lesionaron por la caída. Luego se dispersaron en un arroyo y tomaron distintas direcciones. A las 14:30, las autoridades los habían atrapado y llevado de regreso a la casa, donde los dejaron afuera en el frío mientras los funcionarios decidían qué hacer.
Según el protocolo, las autoridades debían esperar a que llegara una jueza y decidiera cómo proceder, señalaron los funcionarios. Sin embargo, la jueza jamás apareció, a pesar de haber recibido varias llamadas en las que se solicitaba su presencia. Su juicio comenzó esta semana.
Alrededor de la medianoche, los funcionarios decidieron encerrar a los niños hasta que llegara la funcionaria. Las chicas, 56 de ellas, fueron encerradas en una habitación de menos de 46 metros cuadrados y les dieron veintitrés colchones de poliestireno que debían compartir. Una chica se había fracturado la pelvis en el intento de escape. Otra estaba embarazada, aunque ni ella ni los administradores lo sabían en ese momento.
Quince mujeres policías fueron puestas a cargo, les dieron las llaves del salón de clases cerrado y les dijeron que no dejaran salir a nadie, señalaron los funcionarios. A las seis de la mañana, aún mojadas y con frío, las niñas comenzaron a quejarse. Debían ir al baño. Sin poder hacer otra cosa, levantaron dos colchones para crear una letrina improvisada.
Pasaron las horas. Después, una chica que estaba harta de la situación, encendió un cerillo esperando que eso obligara a que la policía abriera la puerta. La funcionaria a cargo después les dijo a los fiscales que había arriesgado su vida para salvar a las niñas. Sin embargo, los registros telefónicos que obtuvieron los investigadores muestran que estaba ocupada marcando números desde su celular, y los testigos dicen que delegó la emergencia en sus subordinadas.
“’Ya escaparon una vez hoy’”, dijo, según los testimonios de cinco testigos. “’Que se escapen otra vez, a ver si son tan rudas’”.
Mundos de dolor
Los chicos y las chicas en el centro estaban acostumbrados a la crueldad de las calles, y a muchos esa situación los persiguió hasta el centro de acogida. También se acusó a los empleados de abusar de los niños física y sexualmente, de permitir hacinamiento extremo y de mantener condiciones insalubres.
La división de derechos humanos de la oficina del fiscal general está investigando veinticinco denuncias de abuso levantadas entre 2016 y 2017, de acuerdo con Claudia Maselli, la directora de la oficina. No obstante, para los fiscales, esas investigaciones no son tan prioritarias como el incendio, la culminación mortal de muchos de esos problemas.
Casi todas las niñas habían enfrentado una situación de pobreza extrema y generalizada, lo que provocó que hasta los elementos más básicos de su vida fueran un calvario. Muchas habían escapado de su casa por varias razones, entre ellas el abuso físico y sexual por parte de sus familiares.
Incluso cuando era niña, Indira siempre fue presa de abusos; su padre, que ahora está en prisión, abusaba sexualmente de ella, y su madre la descuidaba mucho, según los abogados que representan a las familias. Cuando tenía 16 años, después de varios intentos de escapar de casa, un juez determinó que estaría más segura en un centro de acogida. En cambio, murió allí por inhalación de humo y terminó postrada al lado de chicas que compartían historias como la suya.
El fuego también cobró la vida de dos hermanas de 12 y 14 años. Como las demás, habían nacido en la indigencia y compartían una casa precaria de una sola habitación con sus padres y dos hermanos más.
Eran compañeras constantes, una callada; la otra extrovertida y juguetona. No obstante, la escuela fue una batalla cuesta arriba para ambas, su casa no era mejor y las dos comenzaron a escapar. La violencia era parte de su vida cotidiana, sobre todo cuando sus familias las encontraron, dijeron los abogados.
A continuación hubo una larga serie de intervenciones judiciales y un juez terminó por mandarlas a un centro de acogida, donde murieron juntas. Quince niñas lograron sobrevivir al incendio, pero muchas ahora viven con profundas cicatrices físicas y emocionales, además de las que ya tenían.
Una joven tiene quemaduras en el 95 por ciento de su cuerpo. El fuego le quitó los párpados, los labios y la nariz. Ya casi no sale para evitar las miradas y las burlas de otros niños.
Para algunas, aún hay esperanza, sobre todo en contraste con lo que han soportado. Una chica de 14 años estaba embarazada cuando el fuego arrasó con el salón de clases, aunque no lo sabía en ese momento. Sobrevivió al incendio y su hijo nació meses después. Los fiscales que supervisan el caso se han convertido en la familia no oficial del niño. Algunos incluso asistieron al nacimiento en octubre pasado y se pusieron trajes hospitalarios para entrar a la sala de parto.
“La llevamos a una clínica privada para manejar las complicaciones y la sometieron a una operación de emergencia”, dijo Édgar Gómez, el fiscal que maneja el caso. “Todos adoptamos a esta bebé”.
Actualmente, la joven madre, ahora de 16 años, está de regreso bajo la custodia del Estado, junto con su hija recién nacida.
Toda la información e imágenes son de NYTIMES.
Link original: https://www.nytimes.com/es/2019/02/14/hogar-seguro-guatemala/
Toda la información e imágenes son de Reporte índigo.
