El sitio web de esta clínica que realiza abortos aparece al principio en la búsqueda de Google como “ultrasonido gratuito”, su contenido y diseño de colores emula los del nuevo servicio de apoyo por parte del gobierno para los embarazos no planeados.
“¿Buscas asesoría sobre el aborto?”. “¿Cuántas semanas tengo?”. Las burbujas color naranja brillante ligadas a las imágenes impresas de expertos médicos sonrientes pretenden informar a las mujeres acerca de las opciones de aborto que se legalizaron en Irlanda el 1 de enero.
No obstante, la versión física de la clínica de Dublín es menos atractiva. Su verdadero propósito es impedir abortos: al frente, como las advertencias gráficas de las cajetillas de cigarros, cuelga un enorme cartel de una chica de 15 años que murió después de que se le practicara un aborto en Londres. Dentro del inmueble se encuentra un aparato de ultrasonido en una pequeña y estrecha sala que parece un consultorio médico clandestino.
En mayo, Irlanda votó firmemente en contra de una de las prohibiciones al aborto más restrictivas del mundo y aprobó una nueva ley que garantiza el aborto sin restricciones hasta la semana doce de embarazo y más avanzado en casos de un riesgo importante para la vida y la salud de la mujer, o cuando existen anomalías fatales en el feto.
El histórico resultado fue recibido como una victoria extraordinaria para los derechos de las mujeres y marca un cambio pronunciado hacia el liberalismo social —en el que en años recientes se incluyen la aprobación del matrimonio igualitario y la elección de un primer ministro homosexual— en una sociedad que había sido controlada durante mucho tiempo por la Iglesia católica romana.
No obstante, como ahora lo están descubriendo las irlandesas, la sola aprobación de una ley no puede erradicar creencias tan arraigadas. Las mujeres que pretenden abortar descubren que todavía deben luchar contra una oposición profundamente enraizada. Esto dificulta la labor del gobierno que precisa ofrecer servicios para realizar abortos seguros y eficientes.
Un envalentonado movimiento en contra del aborto ha comenzado a emplear tácticas al estilo estadounidense, como establecer clínicas falsas para abortar y organizar protestas afuera de las clínicas auténticas. Sin embargo, no solo los activistas en contra del aborto limitan las opciones de las mujeres.
Preocupados por la estigmatización que se asocia con el aborto, los médicos se han tardado en darse de alta para proporcionar este servicio, y los hospitales se han retrasado en instalar los equipos necesarios. Las mujeres que desean abortar afirman que todo el proceso todavía es muy secreto, y algunas comentan que no se sienten cómodas hablando de ello con su médico familiar.
“Pasé tres días en el teléfono antes de encontrar un médico dispuesto a hacerlo y una clínica que tuviera los medicamentos”, mencionó una mujer que sí logró que le practicaran un aborto este mes. Con el fin de que su familia no se enterara, solo nos proporcionó su segundo nombre, Arlene. “Me sentí sola y muy asustada. Me sentía como yo me imaginaba que era antes del referendo, como que estás haciendo algo a escondidas e ilegal”.
El mes pasado, había considerado ir a Gran Bretaña a practicarse ese procedimiento, como lo hicieron generaciones de irlandesas antes que ella, pero decidió esperar a obtener el servicio gratuito en su país. Sin embargo, conforme pasaban los días, cada vez le preocupaba más que la estigmatización y las profundas divisiones relacionadas con el asunto complicaran la instauración de este servicio.
La parte más difícil del proceso para ella fue tener que viajar a otro pueblo para ver a su médico y esperar tres días como parte de un periodo obligatorio de “arrepentimiento” que no tiene sustento médico, pero que se integró a la ley con el fin de apaciguar a los políticos que están en contra del aborto.
“Podía haber regresado a casa para pasar ahí esos días, ya que solo estaba a cuarenta minutos de distancia en automóvil, pero no quería estar cerca de nadie que conociera”, comentó. “Me preocupaba que, si alguien se enteraba, trataría de hacerme cambiar de opinión, y me imagino que para eso son esos tres días”.
Una de las quejas principales sobre la nueva legislación es que se requiere que los médicos que acepten practicar los abortos se registren para ofrecer ese servicio, en vez de que los médicos que no están de acuerdo pidan salir del registro.
Hasta el momento, en un país que tiene más de cuatro mil médicos generales, se han registrado más de doscientos para realizar el procedimiento —los suficientes para satisfacer la demanda actual, señalan los ejecutivos de servicios para la salud— pero el sistema ha dejado que las mujeres tengan que adivinar si sus médicos locales están a favor o en contra de este servicio.
“Hemos regresado a la época de los susurros”, comentó Erin Darcy, activista en pro del derecho al aborto, en una entrevista en su casa cerca de la ciudad portuaria de Galway, en la costa occidental de Irlanda. En aquellos tiempos, afirmó, era tabú incluso mencionar la palabra aborto.
Sentada al otro lado de la mesa de la cocina, su amiga Gina recordó haber ido hace trece años a una clínica de planificación familiar en Galway y haber dicho: “Estoy embarazada y tengo que dejar de estarlo”.
Gina terminó por ir a los Países Bajos en secreto para que le realizaran el procedimiento. No le contó a nadie ni siquiera cuando regresó y desarrolló una infección como consecuencia del aborto que le provocó una hemorragia mientras estaba en el trabajo; tuvo que pasar cuatro días en el hospital.
“Ahora estamos en una situación en la que tenemos que acercarnos a nuestros médicos de una manera amable y sonriente, tratar de averiguar a qué bando pertenecen y si podemos hablar al respecto”, comentó con una risa sarcástica. “¿Me atenderán si saben que soy pro aborto, o voy a tener que buscar a un nuevo médico general porque ahora ya no puedo confiar en que me brinde ayuda?”.
Las irlandesas no están totalmente solas. El gobierno ha instalado una línea de apoyo anónima para ayudarles a transitar por el nuevo sistema. Pero incluso ese servicio tuvo un comienzo confuso cuando algunas activistas que se hacían pasar por mujeres que querían abortar y buscaban médicos saturaron las líneas, con el objetivo de identificar a los doctores dispuestos a apoyar en estos procedimientos y cercar sus clínicas.
“En general, los servicios de salud para las mujeres en Irlanda han recibido poco financiamiento durante muchos años”, señaló Peter Boylan, asesor del Departamento de Salud de Irlanda. “Este es un nuevo servicio que está llegando por encima de un servicio ya existente, el cual se ha expandido, así que eso está planteando desafíos”.
En semanas recientes, los activistas antiaborto han protagonizado una serie de “protestas silenciosas” afuera de los centros médicos.
Maria Mahoney, una activista antiaborto y maestra de Literatura Clásica, participa en una protesta afuera del Centro Médico Galvia West en Galway varias veces a la semana con la esperanza de convencer a algunas de las mujeres de llevar su embarazo a término.
“Tenemos la esperanza de que las mujeres entablen una conversación con nosotros como lo hacen en otros países”, comentó. “Algunas veces solo están buscando a alguien que les diga que no lo hagan y que les muestre un mejor camino”.
Las operaciones de vigilancia se han propagado tanto que los grupos proaborto han empezado a solicitar “zonas de exclusión” alrededor de los centros donde se practican abortos.
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