Ciudad de México ha tenido un largo proceso para determinar si se le declara o no la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). En septiembre de 2017 diversas organizaciones de la sociedad civil la solicitaron. A partir de entonces corrió el procedimiento legal para aceptar o negar la medida. Se conformó un Grupo de Trabajo que analizó la situación en la capital y emitió una serie de recomendaciones.
El gobierno local tenía seis meses para cumplirlas y hasta el 2 de octubre de 2018 para entregar un informe sobre sus esfuerzos para atenderlas. A partir de eso, se evaluaría si se declaraba o no la alerta. Pero las autoridades pidieron prórroga hasta el 16 de noviembre. Otro informe les ha ganado.
Las autoras son activistas, abogadas y organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el Comité Alerta CDMX. Entre sus integrantes se encuentran: la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Justicia Pro Persona y la Colectiva Feminista El Aquelarre, entre otras.
El objetivo del Comité, señalaron las activistas durante la presentación del informe, es no permitir que el gobierno capitalino finja que cumplió con las recomendaciones del Grupo de Trabajo y que entonces la alerta no se decrete. O que ésta se declare y luego las autoridades finjan que la están cumpliendo.
“Por experiencia en otros estados sabemos que las medidas se cumplen de manera superficial o que se emprenden acciones insuficientes en la AVGM, por eso se creó este Comité para pedir que se declare la alerta en CDMX y que no sea una mera simulación como en otras entidades. Queremos ver resultados reales y contundentes”, afirmó Areli Orozco, integrante de la Colectiva Feminista El Aquelarre.
Para hacer el análisis de las acciones del gobierno, las activistas y académicas interpusieron más de 350 solicitudes de acceso a la información. El informe del Comité Alerta CDMX está dividido en secciones por temas y cada sección tiene a su vez tres apartados.
Zue Valenzuela, de la Red TDT, detalló que en el primer apartado de cada sección se explican cuáles fueron las recomendaciones del Grupo de Trabajo en un tema específico. En el segundo se analiza qué tanto las ha cumplido el gobierno. Y en la tercero, el propio Comité da sus recomendaciones.
Hubo cinco grupos prioritarios de obligaciones en las conclusiones del Grupo de Trabajo: las de acceso a la información, las de capacidades institucionales, las que se refieren a procuración e impartición de justicia, las de los protocolos de actuación relacionados con la no localización de mujeres y los de armonización del marco normativo local en derechos humanos.
Respecto de las capacidades de las instituciones que se encargan de la procuración e impartición de justicia, el Grupo de Trabajo encontró deficiencias en la aplicación de protocolos, incluidos los enfocados en salvaguardar la integridad de las víctimas directas e indirectas de los delitos, y también halló errores en las investigaciones por la falta de herramientas metodológicas en el trabajo de la fiscalía.
Desde que se presentaron las recomendaciones, las instancias encargadas de investigar y sancionar los delitos de feminicidios no muestran un cambio sustantivo, asegura el Comité. La Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México (PGJCDMX) no cuenta todavía con un protocolo destinado a atender a las víctimas indirectas. Además, agrega el documento, no se impartieron cursos para mejorar las capacidades de investigación de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría.
El Comité también documentó que la PGJCDMX no cuenta con un mecanismo adecuado, eficaz y pertinente para evaluar el desempeño cualitativo y cuantitativo del personal que atiende áreas de investigación de delitos contra las mujeres. Este mecanismo solo realiza funciones administrativas: como recibir un informe diario de las actividades del personal, reuniones periódicas con ellos para tratar temas relacionados con las carpetas de investigación, y si se tiene noticia de una anomalía o irregularidad en cuanto a la atención de las víctimas se da vista a los órganos de control interno.
Además, pese a la recomendación del Grupo de Trabajo sobre garantizar las condiciones para que el personal de la Red Interinstitucional de Información de Violencia contra las Mujeres cuente con el perfil idóneo, y sobre que la PGJCDMX analice y ajuste todo lo que sea necesario en la Dirección de Estadística y Política Criminal, ésta informó al Comité Alerta CDMX que no cuenta con un área específica sobre violencia de género, por lo menos no hasta mediados de agosto.
La PGJCDMX también indicó que no tiene procedimientos para la selección del personal que participa en los procesos de registro estadísticos con respecto a sucesos que constituyan actos de violencia de género contra las mujeres, porque tal como informó la Dirección General de Recursos Humanos al Comité Alerta CDMX, “no existe información que ubique a personal con el cargo específico que describe”.
En lo que se refiere a las capacidades institucionales para atender la violencia feminicida, el Grupo de Trabajo también subrayó la necesidad de que las alcaldías elaboren e implementen un Plan de Acción Integral de Atención y Prevención de la Violencia de Género.
El Comité comprobó que, al menos hasta finales de agosto, seis alcaldías/fiscalías: Cuajimalpa, Xochimilco, Milpa Alta, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tláhuac, no tienen y tampoco están en proceso de desarrollar ese plan. En tanto que el resto cuenta con acciones en favor de los derechos humanos de las mujeres pero no con algo integral que atienda la violencia hacia ellas.
Las integrantes del Comité temen que haya más retrasos en la declaratoria de AVGM para la CDMX ahora que las autoridades pidieron prórroga para presentar su informe y ante el próximo cambio de gobierno.
Zúe Valenzuela de la Red TDT, pidió al Grupo de Trabajo para la AVGM en la CDMX considerar los hallazgos y recomendaciones del Comité de la sociedad civil y dijo que se está en un momento importante por el cambio en el gobierno. “Queremos decir que los plazos siguen corriendo. Esto no se puede detener por la transición. Las víctimas no pueden esperar. Se debe dar respuesta ya a las recomendaciones”.
Katherine Mendoza, abogada de la organización Justicia Pro Persona, señaló que ante los resultados presentados en el informe del Comité, no se podrán dar por cumplidas las recomendaciones del Grupo de Trabajo, “así que debe declararse la AVGM”. Selene González, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, recalcó que declarar la AVG es un paso pero “hay falta de perspectiva de género en todas las instituciones, no va a bastar con un curso, tiene que haber una reforma en todas las instancias que incluya cambio de personal”.
